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Con la declaración de servicios públicos esenciales se esperan tarifas "justas y razonables", que garanticen el acceso a toda la población, sin olvidar la calidad.
Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) aseguró que la declaración de la telefonía fija y móvil, internet y la Televisión por cable como un servicio público esencial busca garantizar tarifas “justas y razonables”, de modo de garantizar el acceso de los servicios a toda la población, sin olvidar la calidad.
El estudio al que accedió Ámbito destacó la congelación de los precios de esos servicios hasta enero del 2021 y anticipó que ahora el Gobierno está en condiciones de promover tarifas sociales para las familias argentinas de menos recursos.
“Entre los puntos que implica la regulación, se buscarán instrumentar Planes Universales (una especie de tarifa social básica) que deberán tener todas las compañías del sector en forma obligatoria para los sectores de menores ingresos, para así aumentar el acceso a estos servicios”, afirmaron.
“Esta regulación de servicios, comandados por monopolios y oligopolios, es muy importante, dado que a partir de ahora los aumentos de precios en estos servicios tendrán que ser consensuados con el Estado, como ocurre por ejemplo en el caso de las prepagas”, agregó.
Para la Undav, el objetivo del Gobierno nacional es recuperar la capacidad regulatoria del Estado. “La Ley Argentina Digital tenía instrumentos para regular, planificar e intervenir en el mercado de las telecomunicaciones. Sin embargo, parte de ésta fue derogada por decreto apenas iniciado el gobierno de Mauricio Macri, por lo cual se privó de establecer que las telcos y tics son servicios esenciales en competencia y que el Estado debe tener la facultad de autorizar aumentos”, remarcaron desde el Módulo de Políticas Económicas, del Observatorio de Políticas Públicas de la Casa de Altos Estudios.
Ante las críticas de opositores, la Universidad recordó que en 2016 las Naciones Unidas consideró al servicio de Internet como un derecho básico de todos los seres humanos e instó a todos los países a tomar acciones para reducir la brecha digital y garantizar el acceso para todos los ciudadanos. Por este motivo, Francia, Holanda, Canadá, Finlandia, Estonia, México y Costa Rica ya lo consideran como esencial y estratégico.
“La declaración de la actual gestión tiene como fin regular sectores esenciales que se encuentran concentrados, por lo que el Estado debe intervenir para que no se perpetúen los abusos por dumping y poca competencia”, aseguraron los académicos.
La Undav aseguró que la medida busca “regular sectores esenciales que se encuentran concentrados, por lo que el Estado debe intervenir para que no se perpetúen los abusos por falta de competencia”, con el objetivo de “garantizar precios y tarifas justos y razonables”.
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