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Tras el ultimátum al gobierno de los principales grupos de acreedores para cerrar la negociación con la Argentina, se dieron a conocer tres noticias que abogan un proceso de peligro sobre la economía nacional. El primer elemento es el deterioro de los términos de intercambio que deja al país con una disposición de divisas muy reducido.
El saldo de la balanza comercial de junio que apenas roza los 1.500 millones de dólares es una muestra de esa asfixia de divisas. Más aún si se toma en cuenta, el intercambio comercial del primer semestre se puede colegir que el derrumbe de las exportaciones es un elemento determinante y que surge desde que se aumentaron las retenciones y en el caso de las importaciones se muestra desde que el país se encuentra en recesión, salvo algunos pequeños períodos.
Si bien el saldo comercial supera levemente los 8.000 millones de dólares en la primera mitad del año, las importaciones y las exportaciones son las menores de los últimos ocho años, para el lapso considerado. Esto revela y ratifica que las políticas aplicadas en los últimos ocho años son gravemente erróneas y que han generado una brutal caída de la actividad. En otras palabras, el país tiene capacidad ociosa manifiesta y la actual situación es fruto de políticas equivocadas.
El segundo elemento está más relacionado con la situación fiscal que está mostrando que el deterioro de las cuentas del Tesoro está apoyado en una política de despilfarro y en menor medida al dispendio innecesario de la “cuareterna”. El gobierno acaba de presentar al Congreso una autorización de mayores gastos que llevaría el rojo fiscal a unos 40.000 millones de dólares para todo 2020.
Esto implica que, sin contar con el déficit de las provincias y del Banco Central, la Tesorería tendrá un desequilibrio financiero equivalente a 11,5% del PBI. Si a ello se le suma 1,5% de rojo provincial y otro 2% del BCRA se puede concluir que el déficit consolidado del sector público alcanzaría a fin de año al 15% del PBI. Significa que la Argentina tiene que conseguir 52.000 millones de dólares para poder cerrar sus cuentas. Si no consigue obtener ese financiamiento, el tipo de cambio se va a encargar de poner el valor del dólar en su sitio. A esto hay que sumarle que aún el país no tiene cerrada la renegociación de la deuda pública que asciende al 100% de su PBI.
El tercer elemento va en el mismo sentido porque la Argentina no pagó sus últimos vencimientos de dos bonos lo que mereció la calificación de “default”. La calificadora Standard & Poor’s le bajó la nota a dos títulos que la Argentina no pagó ayer señalando que “en medio de las negociaciones en curso, el gobierno no pagó alrededor de U$S 220 millones en intereses adeudados de dos bonos en moneda extranjera bajo ley extranjera, cuyas fechas originales de pago eran el 26 de julio, pero pagaderos el 27 de julio. En consecuencia, bajamos nuestras calificaciones de emisión de estos bonos a ‘D’ de ‘CC’ “.
La agencia crediticia remarcó también que “las calificaciones de dichos bonos permanecerán en ‘D’ hasta la conclusión de las renegociaciones de deuda en curso. La fecha límite actual para aceptar los términos revisados es 4 de agosto y fecha de cierre 4 de septiembre. Otros bonos argentinos que calificamos en incluyen a los que alcanza el decreto gubernamental 346/2020 de fecha 6 de abril de 2020, que pospone el pago de todo el principal e intereses denominados en dólares bajo la ley argentina hasta el 30 de diciembre de 2020, o cuando el gobierno lo considere factible”.
Sonaron las alarmas.
Miguel Ángel Rouco
