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La actual pandemia de COVID-19 ya ha dado lugar a una respuesta de política fiscal sin precedentes de cerca de USD 11 billones en todo el mundo. Pero los casos confirmados y las muertes siguen aumentando con rapidez, y la respuesta en materia de salud pública tendrá que seguir siendo la prioridad número uno de las autoridades económicas, al tiempo que deben mantener en vigor políticas fiscales flexibles y de apoyo y prepararse para un cambio económico transformador.
Ante la pronunciada caída del producto mundial, ha sido necesaria una respuesta fiscal masiva para aumentar la capacidad sanitaria, reemplazar los ingresos perdidos por los hogares y evitar quiebras a gran escala. Pero la respuesta de política económica también ha contribuido a que la deuda pública mundial haya alcanzado su nivel más alto jamás registrado, hasta más del 100% del PIB mundial, por encima de los picos alcanzados tras la Segunda Guerra Mundial.
De acuerdo con la base de datos del Monitor Fiscal de las medidas fiscales de los países en respuesta a la pandemia de COVID-19, que abarca una muestra representativa de más de 50 países, el apoyo fiscal total a escala mundial hasta el momento se ha dividido prácticamente a partes iguales en apoyo ordinario —medidas con un efecto directo sobre el ingreso y el gasto, tales como el aplazamiento del pago de impuestos y las transferencias monetarias— y en apoyo extraordinario, que incluye préstamos del sector público, aportaciones de capital y garantías públicas.
La necesidad de medidas fiscales no termina aquí, ya que todavía no estamos fuera de peligro. Aun cuando muchos países están saliendo tímidamente del Gran Confinamiento, en ausencia de una solución a la crisis sanitaria sigue existiendo una gran incertidumbre en torno a la trayectoria de la recuperación.
La principal prioridad sigue siendo la salud pública. Las políticas que atenúan los riesgos sanitarios contribuyen de manera importante a restaurar la confianza y la seguridad, lo que ayuda, por tanto, a la actividad económica y al empleo y reduce la presión sobre las finanzas públicas. Además, de cara al futuro los procedimientos de contención temprana y focalizada supondrán un costo fiscal y económico mucho más limitado, en comparación con el confinamiento general. Es fundamental disponer de datos sobre resultados socioeconómicos y sanitarios que sean precisos, oportunos y completos para poder monitorear los brotes y reaccionar con rapidez ante los mismos, así como para ofrecer a las personas la seguridad de que se podrán gestionar las futuras olas de contagios.
En segundo lugar, la política fiscal tendrá que seguir siendo flexible y proporcionando apoyo hasta que se garantice una salida segura y permanente a la crisis. Aunque la trayectoria de la deuda pública podría moverse aún más al alza en un escenario adverso, adelantarse a realizar una consolidación fiscal antes de lo que se justifique presenta un riesgo incluso mayor de frustrar la recuperación, con mayores costos fiscales en el futuro. Las autoridades económicas deben preparar planes de contingencia que puedan adaptarse con flexibilidad para gestionar los riesgos fiscales, económicos y sanitarios de brotes recurrentes. Para evitar retrasos en el suministro de apoyo focalizado, podría ser necesaria una nueva generación de estabilizadores automáticos.
En tercer lugar, la crisis será transformadora. Es probable que muchos empleos destruidos por la crisis no se recuperen. Será necesario facilitar la transferencia de recursos desde sectores que podrían reducirse de forma permanente, como los viajes aéreos, hacia sectores que se están ampliando, como los servicios digitales. El apoyo debe desplazarse desde el mantenimiento de los empleos hacia el apoyo a las personas que reciben nueva capacitación o cambian de sector. Será necesario distinguir las empresas con falta de liquidez pero solventes de las empresas insolventes. Los gobiernos pueden adoptar nuevas medidas, como el uso de bonos convertibles y las aportaciones de capital (o incluso nacionalizar de forma temporal) a empresas estratégicas y sistémicas. Muchos países también tendrán que adoptar medidas con rapidez y determinación para mejorar los mecanismos legales de resolución del sobreendeudamiento y evitar daños económicos a largo plazo.
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