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Las últimas declaraciones del Presidente argentino sobre la situación venezolana lo mostraron lejos del consenso internacional sobre lo que significan comicios transparentes y un mandato legítimo
Ya no hay dudas. Hasta ayer, Alberto Fernández había intentado un zigzagueo constante sobre la dramática situación que atraviesa Venezuela. Como en tantos otros temas, su intención de dejar contentos a unos y otros le hacía ir variando su discurso de acuerdo al interlocutor. Pero de aquí en más, al menos en este tema, le será imposible. Porque dejó en claro que no sólo considera a Nicolás Maduro un presidente legítimo surgido de elecciones democráticas, sino que evalúa que ha abierto las puertas para que las elecciones legislativas de diciembre sean plurales y transparentes. Con esas simples definiciones, se paró en la vereda opuesta a la de la mayoría de los países de la región y las democracias más avanzadas del mundo.
Todo ocurrió en una ráfaga de 24 horas en las que, como otras veces, Fernández amagó para un lado y se escabulló por el otro. El miércoles, al hablar ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, el embajador argentino intentó un tibio reclamo por la situación en Venezuela. Sin mencionar ni una vez las torturas, vejaciones y asesinatos de opositores documentados por Michelle Bachelet para la propia ONU ni los 410 presos políticos que al día de hoy permanecen en las cárceles venezolanas según las cifras del respetado Foro Penal Venezolano, Federico Villegas apenas manifestó su “preocupación por la situación [no utilizó la palabra “violación”] de los derechos humanos, así como por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela”. Lejos de endilgarle la responsabilidad principal a Nicolás Maduro, a quien ni siquiera nombró, subrayó en cambio que “la crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia del COVID-19″. Y confió, una vez más, en “una salida pacífica, política y negociada” que será “liderada por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles”. No estaba claro si la referencia era a la necesidad de nuevos comicios presidenciales, como viene reclamando la mayor parte de la comunidad internacional desde la pantomima de 2018 en la que Maduro se hizo reelegir, o a las elecciones legislativas que el régimen programó para diciembre de este año. Por las dudas, antes de concluir su alocución, Villegas reiteró que “no son el aislamiento, las sanciones ni la estigmatización el camino apropiado para salir de esta crisis”.
Aunque lavado, el mensaje del representante argentino en la ONU -con un tono similar al que Fernández había expresado en el pasado- fue suficiente para encender las alarmas en Caracas y en los sectores más ultras del Frente de Todos, que mantienen a Maduro como emblema de una revolución democrática, progresista e inclusiva a pesar de todas las evidencias en contrario y los cinco millones de venezolanos que han huido de su país en el éxodo más grande de la historia Sudamericana.
Al día siguiente, Alberto Fernández fue interrogado con enjundia por Víctor Hugo Morales y Cynthia García, indignados con el discurso en Ginebra. Y el Presidente hizo un esfuerzo denodado por tranquilizarlos y explicarles que el gris de la posición argentina estaba mucho más cerca del negro que del blanco. Lo hizo con dos declaraciones que, a esta altura, resultaron asombrosas.
Primero, dijo: “Nunca desconocimos la legitimidad, en términos electorales, del gobierno de Venezuela”.
Es insólito que todavía se pueda sostener con algún grado de buena fe que la elección del 20 de mayo de 2018 haya sido democrática. Parece que es necesario recordarlo otra vez, pero a esa parodia electoral se llegó con los principales dirigentes opositores (Henrique Capriles, Leopoldo López, Antonio Ledezma o Freddy Guevara, entre muchos otros) presos, proscriptos o exiliados; con los principales partidos opositores (como Voluntad Popular, Primero Justicia y la alianza Mesa de Unidad Democrática que había triunfado en las legislativas de 2015) impedidos de participar por una serie de reglas burocráticas de imposible cumplimiento que se les exigieron a último momento; con la ausencia de los observadores internacionales de mayor prestigio, como los de la Unión Europea, el Centro Carter o la OEA, que habían fiscalizado y hasta elogiado anteriores elecciones en el país y sin tiempo para que se registraran para votar los millones de venezolanos en el exilio.
Para que aquel espectáculo simulase ser una contienda electoral, Maduro facilitó la inscripción de dos boletas pseudo-opositoras: la del ex militar y gobernador chavista Henri Falcón y la del pastor evangélico Javier Bertucci, dos personajes sin arraigo ni representatividad en la política venezolana. Como era previsible, Maduro se adjudicó la victoria con algo más de 6 millones de votos (según los datos oficiales) sobre los más de 20 millones de venezolanos habilitados para votar, la más baja tasa de participación de la historia venezolana en una elección presidencial.
Para ser más claro, lo que ocurrió en Venezuela fue como si en 2015 Daniel Scioli se hubiera presentado a elecciones con Mauricio Macri preso, Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Nicolás Del Caño proscriptos y Cambiemos, el Frente de Izquierda y la alianza Progresistas impedidos de presentar boletas. O que el año pasado, Macri hubiese ido en busca de su reelección con Alberto Fernández y Cristina Kirchner bajo arresto domiciliario, la lista del Frente de Todos sin reconocimiento de la Justicia electoral y Roberto Lavagna inhabilitado. El día de elección, nos hubiéramos encontrado en el cuarto oscuro con tres boletas: las de Macri, Juan José Goméz Centurión y José Luis Espert. Y hoy tendríamos a Macri reelecto, clamando orondo su legitimidad por haber enfrentado en elecciones democráticas a dos candidatos opositores.
Así de absurdo es lo que ocurrió en Venezuela. Ni más, ni menos.
A eso Alberto Fernández le llama una elección democrática y una presidencia legítima, al contrario de lo que sostienen no sólo Donald Trump y los halcones del Pentágono, sino casi todos los mandatarios del continente americano, la Unión Europea, Japón y Australia, entre más de 60 gobiernos y decenas de organismos internacionales.
Pero no se quedó en eso el Presidente argentino porque rompió el silencio que mantenía hace semanas sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Y de nuevo, lo hizo de la manera más insólita y a la inversa del más amplio consenso internacional.
Fue cuando le preguntaron a qué elecciones ser había referido el embajador argentino en la ONU con su pedido de que fueran “inclusivas, transparentes y creíbles”. Fernández aclaró que era “a las que vienen, al proceso electoral que está en marcha”, avalando la convocatoria de Maduro para renovar el Parlamento en diciembre y no a los comicios presidenciales en serio que vienen reclamando la mayoría de las democracias del mundo. Y fue más allá porque dijo percibir buenas señales ya que “el gobierno de Maduro en Venezuela ha abierto correctamente la posibilidad de integrar un Consejo Electoral nuevo con participación de la oposición para darle más transparencia al comicio” y que “ese es el camino democrático que deben encontrar los venezolanos”.
Impactante.
Habría que saber quién le hizo llegar esa información al Presidente porque lo que acaba de ocurrir en Venezuela es exactamente lo contrario.
Lejos de cualquier apertura democrática, a principios de junio, la Corte Suprema chavista le arrancó al Parlamento la atribución constitucional de designar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que estaba trabajando. Según la normativa, debían elegirse cinco personalidades de prestigio de la sociedad civil sin filiación política, que debían pasar por un primer filtro de un Comité de Postulaciones parlamentario y luego ser aprobados por dos tercios de la Asamblea. Pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó por su cuenta a 3 funcionarios chavistas y, de nuevo, dos falsos opositores, para dar una apariencia de pluralidad y legitimar desde su minoría las decisiones del régimen.
Para peor, en las semanas siguientes, los jueces del TSJ avanzaron aún más, interviniendo los tres principales partidos opositores, Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, y designando en ellos una nueva conducción cercana al chavismo.
Todos estos movimientos fueron respaldados por la llamada “Mesa de Diálogo Nacional”, que es más bien una mesita de luz donde sólo están representadas agrupaciones que suman 5 de las 165 bancas de la Asamblea Nacional.
Maduro va copiando el artilugio que en el que se ha doctorado Daniel Ortega en Nicaragua para ir proscribiendo del sistema político a los líderes opositores de mayor peso y remplazándolos por ignotos opo-oficialistas que, a la distancia, dan un marco de institucionalidad.
Obviamente, los principales dirigentes de la oposición ya avisaron que no se prestarán al circo electoral que planea el heredero menos lúcido de Hugo Chávez para quedarse de una vez por todas con el control del Poder Legislativo, el único que aún se le resiste. De nuevo, la Unión Europea y la OEA (con una amplia mayoría de 21 votos y la abstención argentina) rápidamente pusieron el grito en el cielo y advirtieron que de este modo no habrá ninguna elección democrática este año en Venezuela. Alberto Fernández se había mantenido en silencio. Hasta este jueves, cuando directamente elogió a Maduro por haber “abierto canales para una mayor participación de la oposición y más transparencia en el comicio”. Ningún mandatario del planeta se había animado a tanto.
De nuevo. Imaginemos que antes de las elecciones parlamentarias del año próximo, la Justicia remueve a las cúpulas opositoras actuales y designa a Daniel Lipoveztky al mando del PRO, a Leopoldo Moreau al frente de la UCR y a Victoria Donda como coordinadora del Frente de Izquierda. Son ellos los que tendrán la lapicera para cerrar las listas de candidatos. Mientras tanto, el nuevo Consejo Electoral modifica por su cuenta el reglamento de los comicios y aumenta el número de bancas que tendrá la nueva Asamblea de 167 a 277.
Esto acaba de suceder en Venezuela y fue definido por el presidente argentino como una muestra de “apertura democrática”.
Daría gracia sino escondiera el drama de un país que se desbarranca con más del 80% de su población en la pobreza, la tasa de homicidios más alta del mundo, censura, persecución, torturas de miles en las cárceles y el éxodo de millones.
“Coincido con el presidente Fernández en que somos los venezolanos los que tenemos que resolver esta crisis y encontrarle una salida democrática sin injerencia extranjera”, le dijo a Infobae el diputado Angel Medina Devis, que presidía el comité que se iba encargar de preseleccionar a las autoridades electorales. “Pero durante los años de Videla, fueron muy importantes las voces que se alzaron en el mundo para denunciar lo que pasaba en Argentina. De nada ayudan los que miran para otro lado o, peor, le dan su aval a la dictadura. Lamentablemente, es lo que él esta haciendo y así es mucho más difícil recuperar la democracia”.
Leonardo Mindez
lmindez@infobae.com
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