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La capacidad del Estado para socorrer a empresas e individuos se está agotando. Los puntos fuertes para ganarse el "ok" de los mercados y el FMI
A cuatro meses del inicio de la cuarentena, la capacidad del Estado intervenir y socorrer a empresas e individuos se agota. Los últimos números fiscales de la Argentina dan cuenta de ello: en junio, el déficit de las cuentas públicas superó los $253.000 millones y ya se aproxima a 3,3% del PIB. Las estimaciones indican que se duplicará en lo que resta del año.
Sin margen fiscal, con una emisión monetaria que también se aproxima a un límite y con una "bola de Leliq" que no para de crecer, el Gobierno se acerca al momento donde deberá tomar decisiones para anclar las expectativas. Es decir, para despejar del horizonte la certeza de que se aproxima otro estallido, que -como otras veces- incluirá una mega devaluación y un shock inflacionario.
El Gobierno reconoce esos límites. Y aunque Alberto Fernández reniegue en público de la existencia de un "plan económico", en la Casa Rosada admiten que, más temprano que tarde, habrá que tomar medidas que aseguren la estabilidad.
En la última semana hubo distintos economistas que representan las ideas de la "City" -desde Carlos Melconian hasta José Luis Machinea- que advirtieron sobre un ajuste de mercado (devaluación), dadas las inconsistencias que se vienen acumulando en el plan fiscal y monetario, en medio de la pandemia.
Será cuestión de "timing", y no llevará el mote de "plan económico", pero en las próximas semanas habrá señales en distintos sentidos para enderezar las expectativas.
Desde la Casa Rosada no dan detalles. Pero apuntan a que el Presidente está esperando al cierre de las negociaciones con los acreedores por la deuda. Algo que debería definirse entre principios y -como máximo- finales de agosto.
Hasta ahora, lo único que dejan trascender desde el Ejecutivo es que Alberto F. le encargó medidas "post pandemia" a su equipo de ministros. El propio jefe de Estado ya dijo que hay al menos 60 listas para ponerse en marcha.
En ese set hay algunas que servirán para impulsar el consumo en rubros que han quedado demolidos por la pandemia, como el de electrodomésticos y en indumentaria, y por eso ya está preparado un Ahora 12 y Ahora 18 "recargado". También se presentará un plan para la obra pública con inversiones del sector privado, y el relanzamiento del ProcreAr.
Acercamiento al FMI y la "solución Leliq"
Sin embargo, lo más sensible para el mundo de las finanzas no será parte de esos anuncios. En principio, se prevé un trabajo más fino y de bajo perfil, y tiene que ver con un acercamiento al FMI para el inicio de la renegociación de los vencimientos con el organismo.
"Habrá que dar una señal categórica de que, al revés de lo que dicen los economistas ortodoxos, acá no se va a profundizar la crisis sino todo lo contrario: que empieza a transitarse la salida, de la manera más vigorosa posible", comenta a iProfesional un economista cercano a la administración.
El comienzo de las negociaciones con el Fondo Monetario -sostienen en el elenco oficial- ayudaría a estabilizar las expectativas. La idea de que el Gobierno se pondrá a trabajar en un camino hacia el ordenamiento fiscal, que evite los desbordes a los que hoy se teme, podría funcionar como una vacuna contra quienes hoy especulan con una segura caída.
Junto con el comienzo de esas negociaciones con el organismo que conduce Kristalina Georgieva habría otras medidas en el mismo camino: un intento por recuperar la confianza.
Una de las apuestas principales refiere al Presupuesto 2021, al que el Gobierno pretende darle carácter excepcional, una especie de inicio de la gestión, después de la renegociación de la deuda y el traumático paso del Covid-19. "Tiene que venir con pautas creíbles y que den la sensación a todos de que se trata de metas sostenibles y sensatas", dice a iProfesional el mismo economista que trabaja en línea con la Casa Rosada.
Otro capítulo que se viene tiene que ver con "la solución Leliq", sobre la que aún no hay una decisión tomada y varias alternativas en debate.
Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre con la promesa de sacarse de encima el stock de Leliq. Pero el plan, que empezó a desarrollarse en las primeras semanas de la administración, se revirtió con la explosión de la pandemia.
El stock de Leliq ya se encuentra en $1,7 billón. En un solo mes se expandió $50.000 millones. Y ya dejó atrás el récord de un año atrás cuando, en plena campaña rumbo a las PASO, Fernández prometía pagarles a los jubilados utilizando ese pasivo.
La notable expansión de dinero "pandémico" echó por tierra con cualquier plan de moderación monetaria. Nada que pueda objetarse: se trata de dinero que se utiliza para asistir a los caídos por la crisis sanitaria.
El problema, de ahora en más, es que se requerirá de un plan renovado y consistente para seguir adelante. ¿Qué hará el Gobierno con las Leliq? Nadie se atreve a filtrar una posibilidad, aunque en algunos bancos se preparan para -llegado el momento- una dura negociación con el BCRA. En la City temen que la salida pase por un canje de Leliq por algún bono de largo plazo.
El tope al gasto público
Por último, el "no plan" incluiría una secuencia para ordenar el gasto público. Se sabe: de acuerdo a los últimos registros oficiales, el 45% de la suba del gasto estatal se relaciona con la excepcionalidad de la pandemia. Hubo un salto notable por la puesta en marcha de la ayuda oficial (IFE, ATP, Tarjeta Alimentaria y erogaciones directas a la Salud). Y un incremento, también importante, en los subsidios por el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos.
Seguramente, pasado lo peor de la pandemia, gran parte de esos recursos se irán desarticulando. Fue la idea con el programa ATP (pago de salarios complementarios a cargo del Estado), pero ese achicamiento se postergó a pedido de los gobernadores.
En los despachos oficiales también saben que esa contracción a valores más normales del gasto estatal llegará de la mano de la recuperación de la actividad, algo que se espera de aquí en más. La gran duda pasa por saber si esa mejora será rápida y logrará marcar la salida de una crisis económica que ya lleva tres años.
La cuestión, seguramente, se tratará directamente con el FMI. En algún despacho oficial ya existe un borrador sobre la estrategia fiscal: por cada peso que logre sumar la recaudación impositiva, el gasto debería representar 70 centavos. De forma de ir alineando el rojo fiscal.
En el Gobierno están seguros de que las autoridades del Fondo darán tiempo. Fuentes oficiales comentaron a iProfesional que Gustavo Béliz -candidato a presidir el BID y con fluidos contactos en Washington- tiene la misión de transmitir las ideas de la Casa Rosada a los organismos internacionales.
Un papel al que acompañaría Sergio Massa. Al presidente de la cámara de Diputados le adjudican un rol clave en las negociaciones con los acreedores, que estuvieron a punto de caerse definitivamente a fines de mayo.
"El FMI va a comprender que, después de semejante crisis sanitaria, y con un 2021 electoral, la Argentina necesitará de tiempo para despejar las incógnitas. Por eso, lo más probable es que se vaya a un acuerdo de no más de un año de plazo. Para volver a juntarse en 2022", plantea una fuente oficial.
Como sea, lo que parece seguro es que la administración de "Los Fernández" requerirá de algo que hasta ahora no fue la cualidad más destacada: una gestión eficiente para cerrar varias variables al mismo tiempo.
¿Lo lograrán? Con un dólar "paralelo" que otra vez amaga con llegar a $140, una brecha cambiaria que se amplía, y una situación social muy complicada, la Casa Rosada espera el cierre de las negociaciones con los acreedores para cambiar la agenda. Y dar la mayor cantidad de certezas posibles de que el camino hacia la salida está asfaltado.
Claudio Zlotnik
