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La mala costumbre argentina de sumar impuestos en las crisis

Situaciones excepcionales se enfrentan con medidas excepcionales. El coronavirus actualizó la vigencia de este axioma, pero más allá de constituir una verdad evidente, lo que está en discusión en estos momentos es si se le puede dar alcance universal.

La respuesta es no, claramente, porque un fin válido no justifica el uso de cualquier medio para obtenerlo. Los gobiernos establecieron la aplicación de esta regla de acuerdo a un orden de prioridades, en cuyo vértice está la salud pública.
En casi todos los países en los que se presentó la pandemia, se adoptó el aislamiento social como principal medida de combate al virus, lo que puso al Estado en la necesidad de absorber la mayor parte posible de los costos económicos derivados de esta decisión. Y en muchos se planteó la necesidad de obtener recursos extraordinarios para enfrentar esos gastos.
El caso argentino es uno de los más difíciles de comparar, porque después de dos años de caída del PBI y un virtual default de la deuda en dólares, su capacidad de financiar esta asistencia estaba limitada a las transferencias de pesos al Tesoro que podía realizar el Banco Central. Pero en el debate político que se dio desde que la crisis sanitaria agravó la situación económica, el oficialismo le dio impulso en el Congreso a la creación de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Su objetivo formal es paliar la falta de recursos, pero su planteo no escapa a lo ideológico, bajo el apelativo de que pedirle un esfuerzo a los que más tienen es un ítem que no necesita justificación adicional.
La Argentina no es Alemania, que financió la reunificación con una sobretasa de Ganancias, ni Rusia, que se planteó gravar los pagos de dividendos a cuentas en el exterior y las tenencias de bonos por encima de un determinado piso. Es un país con presión tributaria récord, en el que de los 166 impuestos vigentes la mitad son cobrados por municipios. Y con casos singulares como los que rigen sobre los autos, ya que sus propietarios pagan casi 50% de su precio en impuestos al comprarlo, pagan impuesto por tenerlo (Bienes Personales) y pagan un pseudo impuesto por usarlo (patente automotor).
La Argentina gravó la renta financiera y cobra un tributo sobre el ahorro en dólares (el impuesto PAÍS de 30%). Y elevó la tasa del impuesto al patrimonio que deben pagar quienes tienen bienes en el exterior (2,25%, con un beneficio para quien los repatríe).
La Argentina necesita más ahorro y más financiamiento, pero no más impuestos. Se puede discutir un aporte extraordinario porque el coronavirus es una situación extraordinaria. Pero naturalizar que frente a cada necesidad se active un gravamen es distorsionar la solución. Creatividad para encontrar una fórmula que sea voluntaria no debería faltar.

Hernán de Goñi
Director periodístico