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"Se acabó la plata, ahora es solo para los que no trabajan". Así leyeron en la Unión Industrial Argentina (UIA) el freno de mano puesto por el Gobierno. El primer mensaje fue el recorte a los subsidios para el pago de sueldos en el sector privado. Y, luego, se sumó la negativa por TV del Presidente a otorgar una ayuda para cubrir el medio aguinaldo de junio.
Sin esas herramientas, los empresarios iniciaron de inmediato contactos con el Ministerio de Trabajo, encabezado por Claudio Moroni, y el de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas.
Lo que piden es un decreto o una resolución que les permita diferir el sueldo anual complementario (SAC). "La UIA está hablando con Moroni por el aguinaldo, pero también CAME (Cámara de la Mediana Empresa) y CAC (Cámara de Comercio), es un reclamo generalizado", aseguraron a iProfesional desde la cúpula de la central fabril. Sus miembros se reunirán el martes con Kulfas.
Según una encuesta del Centro de Estudios de la UIA difundido el jueves, la mitad de las empresas tendrá dificultades para afrontar el pago del medio aguinaldo en junio sobre 748 casos.
En ese marco, los empresarios buscan un aval oficial para escalonar hasta en tres pagos el SAC. Su intención es replicar el esquema previsto en el artículo 91 de la Ley Pyme, según el cual "los convenios colectivos de trabajo referidos a la pequeña empresa podrán disponer el fraccionamiento de los períodos de pago del sueldo anual complementario siempre que no excedan de tres períodos en el año". La norma aprobada en 1995 durante la gestión de Carlos Menem habilitó la flexibilización del pago establecido por la Ley de Contrato de Trabajo en junio y diciembre, pero solo para las pymes en los escasos convenios que lo contemplan.
En caso de no poder apelar a ese mecanismo, las cámaras apuntan a sellar acuerdos similares a los de las suspensiones previstas en el artículo 223 bis que desataron una lluvia de rebajas salariales.
Casi en soledad, el convenio de gastronómicos es uno de los pocos que prevé un esquema de liquidación cuatrimestral (abril, agosto y noviembre) y la obligación del empleador de anunciarlo dentro del primer trimestre del año. De esa manera, las empresas del rubro que no lo hayan comunicado a su personal en ese plazo deberán liquidarlo de acuerdo con la legislación laboral.Primeros casos de fraccionamiento
Por estas horas, la Federación de Empresas de Hoteles y Gastronomía (FEHGRA) mantiene negociaciones con el líder del sindicato gastronómico, Luis Barrionuevo, y de igual modo, la CAC con el gremio de comercio encabezado por Armando Cavalieri.
El mercantil iba a definir su postura el miércoles pasado en la primera reunión por zoom de la Federación de Empleados de Comercio (FAECYS), pero finalmente aplazó la decisión para esta semana. A fines de junio, vence además el acuerdo de reducción salarial del 25% para el personal suspendido. Ese tema también estará en la agenda.
Los ministros Moroni, de Trabajo, y Kulfas, de Producción, bajo presión empresaria para un alivio con el aguinaldo
El fraccionamiento en hasta cinco cuotas del aguinaldo de junio a los estatales les devolvió esperanza a los empresarios de obtener una señal similar. La medida alcanza a más de 200.000 empleados con sueldos superiores a los $80.000 brutos ($60.000 de bolsillo). El decreto se encuentra aún en la secretaría de Legal y Técnica a la espera de que lo firme el Presidente.
En cuanto al sector privado, el ministro de Trabajo anunció en las últimas horas, sin embargo, que "no va a sacar ninguna norma". Cerca de Moroni niegan incluso que haya conversaciones con empresarios. "Quieren instalarlo en los medios", aseguran.
Freno de Guzmán y tormenta laboral
La CGT ya había rechazado el escalonamiento del SAC. Y en las últimas horas se sumó, el titular del sindicato estatal UCPN, Andrés Rodríguez, cuyos afiliados estarán entre los principales afectados por el decreto. El sindicalista representa a los empleados de mayor antigüedad, jerarquía y, por ende, ingresos superiores.
Lo mismo ocurre con el personal de Aerolíneas Argentinas, AFIP y el Banco Central. Pero por ahora los gremios evitaron anunciar medidas de fuerza. En el ámbito sindical temen el inicio de "tormenta laboral" con el cierre declarado por LATAM, el conflicto en Vicentin y el recorte del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Tal como había adelantado iProfesional, el gabinete económico puso en marcha el miércoles los ATP 3, una variante "low cost" restringida para las empresas sin actividad y con menos fondos para cubrir los salarios. Los ATP 2 otorgados en mayo servían para pagar la mitad del sueldo hasta un tope de $33.750.
Luego de exponer el jueves durante ocho horas en el Congreso, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y su vice jefa Cecilia Todesca tienen pendiente cruzar los datos con el ministro de Desarrollo Productivo y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. "Todas las empresas hasta 800 empleados recibirán alguna respuesta del Estado", ratificaron desde el Gobierno.
El Ejecutivo se convenció de "readecuar" las medidas económicas en vistas del fuerte deterioro fiscal y en medio de las dificultades del ministro de Economía, Martín Guzmán, para cerrar la negociación de la deuda.
Ante las dificultades para el canje de la deuda y el deterioro fiscal, Guzmán forzó el recorte de la asistencia a empresas
Según sus propios pares, él fue el encargado de pinchar el globo de los subsidios, un plan de emergencia que se sostenía a partir de la recaudación y la emisión del Banco Central. Sin esa fuente de recursos y vencimientos en camino, los empresarios apuestan ahora a un acercamiento con los sindicatos.
Moroni sugirió avanzar por ese camino a los representantes de las más de 100 cámaras pymes con los que conversó el jueves por zoom sobre los cambios en los ATP.
"Tenemos claro que en algún momento tenemos que enseñar la salida en ese sentido y creemos que el trabajo con las cámaras empresarias y los sindicatos es fundamental", les dijo. Pero todavía persisten las diferencias.
En la UIA aseguran que la CGT "no quiere hablar del aguinaldo" por temor a recibir ataques de los sectores duros y la izquierda. Así las cosas, las grandes empresas tendrían menos problemas para abonarlo íntegro, mientras las cámaras pyme afirman que lo harán en cuotas.
Uno de los interrogantes es cómo liquidarán el SAC del personal suspendido. Si lo hicieran sobre el período trabajado -como calculan algunos estudios contables- podría implicar una quita de hasta el 50% y echar más nafta al fuego de la conflictividad.
iprofesional
