La recuperación económica planeada por el Gobierno de coalición pasa por aprobar cuanto antes una subida considerable de impuestos que encaje en el proyecto de presupuestos, que será presentado a través de la comisión de reconstrucción en el Congreso. El Pleno de la Cámara Baja aprobó el pasado jueves el primer trámite parlamentario de la 'Tasa Google' y el próximo miércoles será el turno de la llamada 'Tasa Tobin' o impuesto a las transacciones financieras, para gravar la compra de acciones como de deuda y derivados financieros de las empresas españolas. Con estos nuevos impuestos, el Ejecutivo quiere aumentar la previsión de ingresos en su proyecto presupuestario para 2021, que deberá pasar por el Congreso antes de finales de septiembre.
El Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras figura en el orden del día del Pleno de este miércoles en el Congreso y que el Gobierno espera sacar adelante con el apoyo de ERC, el PNV y JxCat, según las fuentes consultadas.
La polémica reside en la cuantía que el Ejecutivo espera ingresar gracias a esta tasa. Unidas Podemos asegura una recaudación de 850.000 millones de euros a las arcas públicas. Una cifra que economistas y empresarios desmienten asegurando que la crisis abierta por el coronavirus ha hecho disminuir las empresas cotizadas que rebasan el umbral de los 1.000 millones de euros de capitalización en la bolsa española, condición indispensable para que se aplique esta tasa.
La polémica sobre la Tasa Tobin reside en las previsiones recaudatorias, que podrían verse perjudicadas por la situación económica tras la crisis del coronavirus
"El Gobierno debería revisar las previsiones de recaudación de esta tasa tras la pandemia", asegura un reputado economista a LPO, ya que el texto normativo comenzó su tramitación en el Congreso a mediados de febrero. "Si a esto le añadimos que la crisis ha traído volatilidad e incertidumbre en los mercados, disparando las operaciones a corto. Esto quiere decir que los inversores esperarán un tiempo a introducir cambios en sus carteras y esto puede perjudicar al afán recaudatorio del Gobierno", comenta.
Otro de los factores que podrían complicar el éxito de esta tasa sería el evidente aumento del paro, situándose en máximos históricos a causa del virus, podría hacer que muchas familias retirasen sus ahorros de la bolsa. Es decir, casi un 15% de acciones cotizadas en la bolsa española se perdería, según varios economistas. A estas dificultades se suman las enmiendas introducidas por la oposición que recortan las pretensiones del Gobierno de coalición con la 'Tasa Tobin'. En concreto, el Partido Popular solicita eximir a las estrategias etiquetadas como de inversión sostenible, para que 'lo verde' atraiga a más inversores tras la epidemia.
La 'Tasa Google' continúa su trámite
Los socios de investidura de Sánchez (ERC, PNV y JxCat) sacaron adelante este jueves la 'Tasa Google' para seguir con su posterior debate y tramitación de enmiendas en el Congreso. El impuesto que grava determinados servicios digitales cada vez está más cerca de aplicarse. En concreto, propone gravar a las empresas con una cifra de negocio superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos en España derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros.
Según anunció el Gobierno, el tipo de gravamen del impuesto es del 3% y se aplicará a la prestación de servicios de publicidad o de intermediación y a la venta de datos a partir de información proporcionada por el usuario. PP, Cs y Vox se mostraron en contra de este impuesto advirtiendo contra su "unilateralidad" y el "peligro" de su aplicación en tiempos de crisis. Lo cierto es que España podría tener un enemigo importante si Sánchez decide seguir adelante con su aprobación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva tiempo advirtiéndolo a Moncloa y no descarta aprobar aranceles a las exportaciones a su territorio.
En el último Foro de Davos, al que asistió Sánchez, el Gobierno norteamericano amenazó a Reino Unido con imponer aranceles a la compra de coches británicos si aprobaba el impuesto. En esta misma cumbre, Francia congeló su proyecto ante las presiones recibidas por Trump. Desde el Ministerio de Hacienda ya aseguraron que se continuará con su tramitación en la Cámara Baja. El Gobierno espera recaudar con este impuesto unos 968 millones a partir del año que viene.
El 'hachazo' fiscal del Gobierno
Alemania ha presentado esta semana un plan que contempla una bajada masiva de impuestos para paliar la crisis producida por la pandemia. La canciller Angela Merkel prevé rebajar de forma temporal el IVA general en tres puntos porcentuales, hasta el 16%, y el reducido en dos, hasta el 5%. Sin embargo, el Gobierno español ya advirtió que su política fiscal estaría basada en la subida y creación de nuevos impuestos que ayuden a mantener las arcas del Estado.
La ministra portavoz, María Jesús Montero, se escudó este viernes en que España tiene una diferencia de ingresos respecto al PIB alemán de "siete u ocho puntos", por lo que mantiene el programa fiscal del acuerdo programático e insiste en armonizar a escala nacional impuestos como el de Sucesiones o Donaciones. El Ejecutivo de Sánchez mantiene el 'hachazo' fiscal y apuesta de nuevo por que se armonicen impuestos transferidos a las comunidades autónomas como el de sucesiones y donaciones por "razones obvias", ya que algunas regiones han ejercido una capacidad normativa a la baja hasta llegar a "una suerte de ‘dumping' fiscal", por lo que "han obligado al resto de comunidades a estar en una situación de negociación a la baja o a que le impuesto quede deslegitimado", explicó Montero.
Con esto, el Ejecutivo pretende limitar la capacidad de las comunidades autónomas para aplicar exenciones y bonificaciones a fin de evitar la "indeseada competencia fiscal", de modo que la recaudación pueda multiplicarse por más de dos, pasando de 2.600 millones a un mínimo de 5.000, según estiman sus planes.
A estos impuestos se suma el 'buque insignia' de Unidas Podemos como es el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas que será estatal, eliminando así el carácter autonómico del actual Impuesto de Patrimonio y aumentará el tipo impositivo al 1,5% para poder ingresar 9.000 millones anuales, según expone el partido. A esto se suma la polémica generada por el último anuncio de la formación morada. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, desveló que el Ejecutivo podría elevar el gravamen a los depósitos bancarios hasta el 1%, una medida que tendrían que abonar los bancos, aunque algunos expertos mantienen en que finalmente serán los ciudadanos los que lo asumirán con una subida de las comisiones. Con esta propuesta, el Gobierno estima recaudar hasta 12.000 millones.
Otra de las medidas consistiría en 'destopar' las cotizaciones sociales. El pago de cotizaciones sociales tiene un límite al alza. Es decir, una base máxima de 48.000 euros al año. La propuesta de la formación morada consiste en eliminar dicho umbral, disparando con ello los costes laborales de las empresas para ingresar otros 7.000 millones de euros.
Y otras propuestas como subir los tipos que gravan la renta en la escala estatal en tres tramos adicionales para ingresar 400 millones; elevar la tributación sobre las rentas del capital para recaudar otros 600 millones; eliminar las deducciones de los planes de pensiones (de hasta 8.000 euros al año) para recaudar 2.000 millones; impuestos verdes como el de Hidrocarburos mediante la igualación de los tipos impositivos de gasolina y diésel o un impuesto al juego, con un nuevo gravamen del 10% sobre la cantidad bruta apostada.
Por último también figuraría un plan estatal de lucha contra el fraude, con la incorporación de más de 26.000 inspectores entre otras medidas con las que el Estado cuenta con recaudar más de 22.000 millones de euros. Una considerable subida de impuestos para poder costear el ingente gasto público que el Gobierno sigue aumentando, lo último el incremento de órganos del Gobierno y cargos de confianza en plena pandemia.
El Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras figura en el orden del día del Pleno de este miércoles en el Congreso y que el Gobierno espera sacar adelante con el apoyo de ERC, el PNV y JxCat, según las fuentes consultadas.
La polémica reside en la cuantía que el Ejecutivo espera ingresar gracias a esta tasa. Unidas Podemos asegura una recaudación de 850.000 millones de euros a las arcas públicas. Una cifra que economistas y empresarios desmienten asegurando que la crisis abierta por el coronavirus ha hecho disminuir las empresas cotizadas que rebasan el umbral de los 1.000 millones de euros de capitalización en la bolsa española, condición indispensable para que se aplique esta tasa.
La polémica sobre la Tasa Tobin reside en las previsiones recaudatorias, que podrían verse perjudicadas por la situación económica tras la crisis del coronavirus
"El Gobierno debería revisar las previsiones de recaudación de esta tasa tras la pandemia", asegura un reputado economista a LPO, ya que el texto normativo comenzó su tramitación en el Congreso a mediados de febrero. "Si a esto le añadimos que la crisis ha traído volatilidad e incertidumbre en los mercados, disparando las operaciones a corto. Esto quiere decir que los inversores esperarán un tiempo a introducir cambios en sus carteras y esto puede perjudicar al afán recaudatorio del Gobierno", comenta.
Otro de los factores que podrían complicar el éxito de esta tasa sería el evidente aumento del paro, situándose en máximos históricos a causa del virus, podría hacer que muchas familias retirasen sus ahorros de la bolsa. Es decir, casi un 15% de acciones cotizadas en la bolsa española se perdería, según varios economistas. A estas dificultades se suman las enmiendas introducidas por la oposición que recortan las pretensiones del Gobierno de coalición con la 'Tasa Tobin'. En concreto, el Partido Popular solicita eximir a las estrategias etiquetadas como de inversión sostenible, para que 'lo verde' atraiga a más inversores tras la epidemia.
La 'Tasa Google' continúa su trámite
Los socios de investidura de Sánchez (ERC, PNV y JxCat) sacaron adelante este jueves la 'Tasa Google' para seguir con su posterior debate y tramitación de enmiendas en el Congreso. El impuesto que grava determinados servicios digitales cada vez está más cerca de aplicarse. En concreto, propone gravar a las empresas con una cifra de negocio superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos en España derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros.
Según anunció el Gobierno, el tipo de gravamen del impuesto es del 3% y se aplicará a la prestación de servicios de publicidad o de intermediación y a la venta de datos a partir de información proporcionada por el usuario. PP, Cs y Vox se mostraron en contra de este impuesto advirtiendo contra su "unilateralidad" y el "peligro" de su aplicación en tiempos de crisis. Lo cierto es que España podría tener un enemigo importante si Sánchez decide seguir adelante con su aprobación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva tiempo advirtiéndolo a Moncloa y no descarta aprobar aranceles a las exportaciones a su territorio.
En el último Foro de Davos, al que asistió Sánchez, el Gobierno norteamericano amenazó a Reino Unido con imponer aranceles a la compra de coches británicos si aprobaba el impuesto. En esta misma cumbre, Francia congeló su proyecto ante las presiones recibidas por Trump. Desde el Ministerio de Hacienda ya aseguraron que se continuará con su tramitación en la Cámara Baja. El Gobierno espera recaudar con este impuesto unos 968 millones a partir del año que viene.
El 'hachazo' fiscal del Gobierno
Alemania ha presentado esta semana un plan que contempla una bajada masiva de impuestos para paliar la crisis producida por la pandemia. La canciller Angela Merkel prevé rebajar de forma temporal el IVA general en tres puntos porcentuales, hasta el 16%, y el reducido en dos, hasta el 5%. Sin embargo, el Gobierno español ya advirtió que su política fiscal estaría basada en la subida y creación de nuevos impuestos que ayuden a mantener las arcas del Estado.
La ministra portavoz, María Jesús Montero, se escudó este viernes en que España tiene una diferencia de ingresos respecto al PIB alemán de "siete u ocho puntos", por lo que mantiene el programa fiscal del acuerdo programático e insiste en armonizar a escala nacional impuestos como el de Sucesiones o Donaciones. El Ejecutivo de Sánchez mantiene el 'hachazo' fiscal y apuesta de nuevo por que se armonicen impuestos transferidos a las comunidades autónomas como el de sucesiones y donaciones por "razones obvias", ya que algunas regiones han ejercido una capacidad normativa a la baja hasta llegar a "una suerte de ‘dumping' fiscal", por lo que "han obligado al resto de comunidades a estar en una situación de negociación a la baja o a que le impuesto quede deslegitimado", explicó Montero.
Con esto, el Ejecutivo pretende limitar la capacidad de las comunidades autónomas para aplicar exenciones y bonificaciones a fin de evitar la "indeseada competencia fiscal", de modo que la recaudación pueda multiplicarse por más de dos, pasando de 2.600 millones a un mínimo de 5.000, según estiman sus planes.
A estos impuestos se suma el 'buque insignia' de Unidas Podemos como es el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas que será estatal, eliminando así el carácter autonómico del actual Impuesto de Patrimonio y aumentará el tipo impositivo al 1,5% para poder ingresar 9.000 millones anuales, según expone el partido. A esto se suma la polémica generada por el último anuncio de la formación morada. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, desveló que el Ejecutivo podría elevar el gravamen a los depósitos bancarios hasta el 1%, una medida que tendrían que abonar los bancos, aunque algunos expertos mantienen en que finalmente serán los ciudadanos los que lo asumirán con una subida de las comisiones. Con esta propuesta, el Gobierno estima recaudar hasta 12.000 millones.
Otra de las medidas consistiría en 'destopar' las cotizaciones sociales. El pago de cotizaciones sociales tiene un límite al alza. Es decir, una base máxima de 48.000 euros al año. La propuesta de la formación morada consiste en eliminar dicho umbral, disparando con ello los costes laborales de las empresas para ingresar otros 7.000 millones de euros.
Y otras propuestas como subir los tipos que gravan la renta en la escala estatal en tres tramos adicionales para ingresar 400 millones; elevar la tributación sobre las rentas del capital para recaudar otros 600 millones; eliminar las deducciones de los planes de pensiones (de hasta 8.000 euros al año) para recaudar 2.000 millones; impuestos verdes como el de Hidrocarburos mediante la igualación de los tipos impositivos de gasolina y diésel o un impuesto al juego, con un nuevo gravamen del 10% sobre la cantidad bruta apostada.
Por último también figuraría un plan estatal de lucha contra el fraude, con la incorporación de más de 26.000 inspectores entre otras medidas con las que el Estado cuenta con recaudar más de 22.000 millones de euros. Una considerable subida de impuestos para poder costear el ingente gasto público que el Gobierno sigue aumentando, lo último el incremento de órganos del Gobierno y cargos de confianza en plena pandemia.
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