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Cuando Cristina Fernández visitó al presidente Alberto Fernández hace quince días, su principal reclamo se centró en la continuidad de funcionarios de Cambiemos en la gestión actual y el inmovilismo de la Justicia, que ni hace caer las causas contra los ex funcionarios K, ni se preocupa por procesar a los miembros de la administración de Macri.
El tono de los reclamos le dejó en claro al presidente que debía modificar su cordialísima relación con el ala negociadora de Juntos por el Cambio, a riesgo de tener que soportar una ruptura con la vicepresidenta que sería letal para su frágil administración.
Por esta razón, Santiago Cafiero recibió la orden de operar en consecuencia, e inmediatamente cursó una directiva a los ministros y secretarios ordenándoles la baja de los funcionarios de Cambiemos que aún permanecen en sus antiguos cargos. También dispuso el cese de funciones de tres reconocidos referentes del Pro que habían sido designados sólo unos días antes, dentro de su propia área.
En el entorno de Cafiero reconocen que la directiva fue realizada a desgano por el jefe de Gabinete, ya que se encuentra duramente cuestionado por el kirchnerismo, que ya pidió su cabeza en varias oportunidades. El nieto del ilustre dirigente peronista se muestra mucho más predispuesto a cerrar con el larretismo y salir a confrontar con el cristinismo en las elecciones de medio término de 2021, pero sabe que no le da el piné para oponerse a las directivas de Alberto Fernández.
El problema es que no sólo él y su espacio de referencia sostienen esta tesis, en algunos casos los encargados de dar la baja a los ex Cambiemos se muestran reticentes a cumplir la orden. En el ministerio de Justicia, que conduce Marcela Losardo, el problema es doblemente complejo, por ser ella misma una ex empleada de la gestión de Germán Garavano: aunque el dato fue eliminado de su biografía personal, lo cierto es que trabajó en el área de protección de testigos a través del convenio con Acara, según leyes 23.283 y 23.412.
Pero dentro del ministerio, hay otras resistencias.
Tal es el caso de Víctor Antonio Malavolta, subsecretario de Asuntos Registrales del ministerio de Justicia de la Nación, quien internamente manifestó su oposición a cesar en sus funciones al director del Registro Nacional de Reincidencia, Lisandro Catalán -quien asumió el 28 de marzo de 2020-, y al director del Registro Nacional de Control de Admisión y Permanencia (RENCAP) -espectáculos de entretenimiento público en general-, Orlando Pulvirenti. Ambos funcionarios tienen una extensa trayectoria en Juntos por el Cambio, y Catalán además está vinculado al opus dei.
Malavolta tiene cuenta con una extensa trayectoria previa en la Cancillería y está directamente vinculado con Andrés Rodríguez, el secretario General de UPCN. Muchos recuerdan sus reiteradas intermediaciones en defensa de los trabajadores o de los intereses del sindicato y se preguntan si su actitud de rebeldía actual expresa una posición personal o responde a una directiva gremial o del propio jefe de Gabinete.
Sobre todo si se tiene en cuenta que Reincidencia es una de las cajas que permite obtener mayor recaudación dentro del ministerio y, tal como vienen dándose los últimos recambios, terminaría quedando también en manos de La Cámpora.
(www.REALPOLITIK.com.ar)
