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La retirada de la Oficina Anticorrupción de dos causas contra Cristina y sus hijos se suma a la excarcelación de Boudou, la resucitada reforma judicial y una plausible ampliación de la Corte.
No hay que rastrear signos esotéricos ni leer entrelíneas oscuros mensajes conspirativos: el ataque frontal contra las decenas de causas por corrupción contra Cristina Kirchner y sus ex funcionarios es la piedra fundamental de la coalición que llevó al gobierno a Alberto Fernández. De hecho, la selección del ex jefe de Gabinete como candidato estuvo directamente inspirada en su supuesta capacidad para sembrar los tribunales con clavos miguelitos que hicieran desviar y estrellarse los expedientes y congelaran los juicios en camino.
El plan tuvo fases de avance y otras de espera, pero jamás se detuvo. Y esta semana sus ejecutores pisaron el acelerador a fondo: el lunes, el presidente sorprendió en una entrevista matizando su vieja negativa a toquetear la composición de la Corte Suprema de Justicia con una posible consulta a un "grupo de expertos" que lo aconsejen al respecto. Puerta abierta para dejar las viejas convicciones colgadas en el placard.
El martes, en otra entrevista, Fernández retomó las pullas que había iniciado días antes contra Marcos Peña como supuesto comandante en jefe de un ejército de trolls que ataca las políticas sanitarias oficialistas desde las redes sociales, esta vez para apuntarle a la ex gobernadora María Eugenia Vidal por un supuesto abandono de los hospitales bonaerenses. En medio de la luna de miel con una franja del oficialismo por las urgencias que impone el coronavirus, esa sorpresiva lija política sólo se explica con la necesidad de meter el ruido necesario para disimular otros sonidos inconvenientes.
Pero ese día también despertó otro Frankenstein que permanecía dormido desde que estalló la crisis por el virus: la enigmática reforma judicial, cuyo objetivo central es el fuero federal en el que se juzgan los delitos de corrupción. El proyecto no se conoce, Pero sus intenciones sí.
Este jueves, finalmente, ocurrió una de las varias cosas que se anticiparon desde que el Frente de Todos llegó al poder: la Oficina Anticorrupción renunció como querellante en las causas por lavado de dinero Hotesur y Los Sauces, que tienen como acusados a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, junto a sus ex socios Lázaro Báez y Cristóbal López. El organismo del gobierno podría bajarse de otros expedientes que hasta ahora impulsaba.
La pandemia y sus consecuencias -cuarentena, preparativos médicos, más recesión, emisión monetaria sin límites, entre muchísimas más- vienen ofreciendo condiciones inmejorables para el operativo impunidad, sin las cuales algunas de sus batallas hubieran sido más costosas. Apenas impuesto el aislamiento obligatorio, un avión trajo al país a la hija de la vicepresidenta, que sólo días antes se declaraba muy enferma y estaba en Cuba bajo un nebuloso tratamiento para curarse de varias dolencias igualmente borrosas.
Días más tarde, el juez Daniel Obligado borró con el codo lo que él mismo había escrito con la mano una semana antes, y sin motivo alguno otorgó la prisión preventiva que Amado Boudou había reclamado una docena de veces. El ex vice, condenado por corrupto en el caso Ciccone, no está enfermo ni integra grupo de riesgo alguno ante el Covid 19. No importa. Afuera. Tan caprichosa fue esa resolución, que se convirtió en la chispa inicial para el conflicto por las excarcelaciones masivas de presos, sólo coaguladas por un cacerolazo formidable.
Esas liberaciones -concebidas e impulsadas por el kirchnerismo nacional y el bonaerense- fueron el único límite con el que chocaron los planificadores del operativo impunidad: para esconder la acometida contra los jueces y causas que tienen a Cristina y sus hijos bajo proceso en expedientes repletos de pruebas y testimonios, es necesario detener los juicios, cuestionar a los jueces, dinamitar el fuero que los contiene, criticar por "arbitrarias" la mayor cantidad de detenciones y, por supuesto, enlodar al resto de los dirigentes políticos como autores de tropelías iguales o peores, pero supuestamente impunes gracias al lawfare, una melaza intelectual que endulza los oídos sensibles a las conspiraciones.
Antes que la pandemia del coronavirus pusiera al mundo cabeza abajo, Cristina y su gerente en la Casa Rosada -para copiar la imagen que uno de los actuales ministros utilizó esta misma semana en privado- habían avanzado con cautela. Sólo se había destruido el programa de protección de testigos e imputados, cuyos integrantes preocupan especialmente a la vice. Allí se colocó a un alfil del viceministro de Justicia Juan Martín Mena, terminal automática de Cristina y protagonista también de la colorida paritaria con los presos de la cárcel de Villa Devoto. Su jefa, la ministra Marcela Losardo, empalidece día a día en un escritorio inútil.
La reforma de Comodoro Py se había anunciado, pero no arrancaba, el Consejo de la Magistratura intentaba salvar a los jueces más cuestionados, pero tuvo que detenerse.
Hasta este jueves: Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez, denunciados por enriquecimiento ilícito y coimas, zafaron del jury en la comisión de Acusación de la Magistratura. Con sus remilgos y renuncios, una franja del macrismo fue clave para lograr ese objetivo de los kirchneristas. ¿Buscan subirse al tren de la impunidad para lavar alguna culpa? Sería inaceptable.
Claudio Savoia
