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El peronismo nunca se llevó bien con las reglas del mercado. No se trata de algo dogmático, de rechazar los beneficios que genera la inversión privada, sino de creer en un principio más básico, y más primitivo: alguien siempre tiene que mandar.
Los dirigentes que se apoyan en el intervencionismo estatal desconfían de los empresarios. Asumen que la regla que los mueve es el beneficio personal y por eso generan modelos de gestión en los que las compañías deben obedecer el mandato del bien común. Les disgusta que en el fondo su tarea sea encontrar un punto de equilibrio, porque perciben que sus interlocutores inclinan la mesa en exceso y que eso siempre los pone en desventaja. Por esa razón no creen que su función sea estimular el crecimiento del sector privado, sino diseñar un orden al que todos se acomoden. Y al que no le guste, que se someta a las consecuencias.
La pandemia que disparó el coronavirus creó una situación excepcional, no solo en la Argentina sino a nivel mundial. Detener toda actividad social y productiva se convirtió en la receta más extendida para combatir la propagación del virus. El aislamiento pasó a ser así un modelo convalidado por casi todos los líderes políticos (con Trump y Bolsonaro como los mandatarios que encabezan la resistencia a esta escuela). Sin embargo, hoy ya aparecen fórmulas divergentes para empezar a desandar este camino, habida cuenta de que ningún país está preparado para vivir dos meses con el freno de mano puesto. Pocos países tienen una cuarentena de mercado. La mayoría improvisa una cuarentena intervenida, donde el Estado mide la temperatura de todo y convalida qué puede funcionar y qué debe seguir paralizado, con el mandato de limitar todo lo posible los contagios de un virus que ha sorprendido al mundo por su velocidad y letalidad.
Para el gobierno argentino, administrar esta fase no es un problema. Por el contrario, se ha vuelto una oportunidad no deseada para ejercitar todo tipo de controles y limitaciones. Para cualquier precio de la economía hay un congelamiento disponible, desde una tarifa pública, un bien esencial o el dólar. Todo lo que se mueva por arriba del rango deseado se convierte en un bien pasible de ser freezado.
Las medidas excepcionales son justificables cuando apuntan a no agrandar la emergencia. El problema no es proteger el empleo o el ingreso de la población. Tampoco pasa por suspender temporalmente ciertos aumentos. El riesgo es creer que estas variables se pueden administrar para ofrecer una salida ordenada. Es difícil que eso suceda si además el diseño de este orden está formateado con una lógica diferente a la que comparte el sector privado.
La economía va a caer fuerte este año, y para que ese descenso pueda ser revertido, lo aconsejable es escuchar desde ahora a los que deberán poner en marcha el motor. La función de descongelar no es mágica.
Hernán De Goñi
Director periodístico
