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La denuncia fue radicada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, responsable del estudio ASK Abogados. El expediente insta a que el estado argentino, mediante sorteo de juzgado, investigue a los culpables del “bioterrorismo” que desembocó en la pandemia, apuntando contra China y la Organización Mundial de la Salud (OMS) por “encubridora”.
Bajo el artículo 174 del Código Procesal Penal de la Nación y el artículo 14 -numeral 1- del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el colegiado solicitó a los órganos judiciales del estado argentino la “averiguación de delito” contra las autoridades gubernamentales chinas, ya que “habrían provocado un genocidio virósico mundial, intencional y encubierto, también por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
El expediente judicial cita a los más de 133 mil muertos a la fecha en el mundo, siendo los principales países afectados “Estados Unidos de Norteamérica, Italia, España, Francia, Brasil, y en lo que aquí interesa, la República Argentina”.
Fórmula denuncia presentada al Juez en lo Criminal y Correccional Federal.
De esta manera, aduce para su concreción, el compromiso de nuestro país en materia de derechos humanos desde la vuelta de la democracia. En este sentido, argumenta que para Argentina “este tipo de juicios tiene un impacto cultural y estratégico muy grande” y menciona a la Corte Penal Internacional ya que “juzga crímenes de guerra, agresión internacional, genocidios y lesa humanidad”.
Además, hace referencia a las “muertes de numerosos ciudadanos argentinos” lo que representa, junto al resto de las personas fallecidas, un “crimen de lesa humanidad”. En esta línea, dice que ningún país y “menos la República Argentina” pueden seguir tolerando la impunidad y los costos periféricos por los “crímenes de agresión”.
Por otra parte, culpabiliza al país asiático del “virus mortal sin precedentes” por ser el lugar donde se desencadenó el coronavirus, “presumiblemente creado en un laboratorio chino”. En tanto, habla de genocidio citando a Wikipedia, entre otras fuentes, como “un delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Un genocidio que, según sostiene, afectó el estado de derecho, la democracia, la paz y la justicia.
