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Alberto Fernández le teme más a las amenazas de rebelión fiscal que a los cacerolazos

La movida para dejar de pagar impuestos es promovida por cuentapropistas que no recibieron ayuda. En Gobierno sospechan de sectores opositores que buscarían apurar el fin de la cuarentena.

Ni el cacerolazo ni el pedido para que se reduzcan los sueldos de los políticos inquietan al Presidente, según repiten quienes lo frecuentan. Con todas las encuestas marcando los niveles más altos de aprobación de la imagen de Alberto Fernández, entienden que la protesta, focalizada especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, fue fogoneada a través de las redes por los sectores más extremos de la oposición; y que no obedece a un reclamo puntual contra la gestión nacional.
Al mismo tiempo, exponen que el jefe de Estado no descarta tener un gesto desde el Ejecutivo, pero que una medida de esa magnitud requiere un análisis más profundo.
“Hoy estamos ocupados 100 por ciento en la lucha contra la pandemia, no se puede dedicar tiempo a entrar en intentos mezquinos de dividir a la sociedad”, es la explicación que se escucha cerca del Gobierno, donde sí se da cuenta de una presión de “sectores que se negaron a derogar las jubilaciones de privilegio de jueces y embajadores”.
En cambio, la principal preocupación que se desprende del cacerolazo es la convocatoria que -en forma anónima- se sumó en redes para impulsar una “rebelión fiscal”, que consiste en no pagar durante 90 días el Impuesto a las Ganancias, IVA e Ingresos Brutos. Aunque se trata de una nota que hicieron circular algunos empresarios por Whatsapp, en el Gobierno advierten que detrás de esa movida se encuentran también a dirigentes de la oposición.
“Alberto ve muy mala intención de los dirigentes y empresarios que incentivan los cacerolazos. No es por el tema del sueldo de los políticos, sino porque son los mismos que llaman a una rebelión impositiva. Esas maniobras son intentos de desestabilización”, apunta un funcionario de extrema confianza del Presidente.
Un párrafo de esa carta que llama a la “rebelión fiscal” generó especial atención. Es el que propone: “Suspendamos por 90 días el pago de autónomos y monotributo. Sí, todos juntos nos sumamos a 90 días de abstinencia fiscal, el Estado sentirá el poder generador de nuestro aporte”.
Los números de la economía que recibieron Alberto F. y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; marcan que no hay margen para eso. “Si los recursos caen más fuerte que lo previsto de por sí por la cuarentena, puede perjudicar a las políticas que impulsamos en esta crisis sanitaria. Hay muchos operando muy fuerte y feo”, agregan en el Gobierno.
Fuentes oficiales que monitorean periódicamente las previsiones de la recaudación hablan de una “actitud irresponsable" que trasciende la tensión lógica entre el oficialismo y la oposición. “La recaudación ya va a caer de por sí sola porque IVA y Ganancias están vinculadas al desempeño de la actividad económica, que se va a ver afectada por la cuarentena”, alertan.
Hay unanimidad sobre el objetivo final de quienes motorizan esa movida: no es conseguir una rebaja en los sueldos de los políticos, sino presionar por varios frentes al Gobierno para que se levante la cuarentena, algo que el jefe de Estado ya avisó que decidirá "pensando en la salud y no en la economía".
En ese marco incluyen el enojo del Presidente con el CEO de Techint Paolo Rocca. Cuestionan especialmente el momento que eligió para anunciar que finalizaría los contratos de 1.450 operarios. No creen en el argumento de que fue por la paralización de obras en Buenos Aires, Neuquén y Tucumán; y consideran que lo hizo justo antes de que se anunciara la prórroga de la cuarentena, con el propósito de presionar para que se levantaran las restricciones.
Las críticas que se escuchan en el Gobierno hacia Rocca al mismo tiempo están acompañadas por el reconocimiento hacia otros empresarios. “No son todos lo mismo. Están los que despiden, pero hay muchos empresarios que están jugando muy bien, poniendo el hombro, donando plata a la Cruz Roja, insumos y camas a varios distritos”, resaltan.
Más: es probable que el Presidente se refiera a ellos en sus próximas apariciones públicas y también, sobrevuela la idea de que reciba a un grupo de empresarios. La idea de marcar este contraste es que el enojo no tiene ribetes revanchistas e ideológicos, el karma con el que carga el kirchnerismo.
Otro tema que le genera alarma al oficialismo es la interna de Juntos por el Cambio. Sucede que según el análisis que se hace cerca del Presidente, hay dos líneas bien distintas. Por un lado, el mensaje que transmite el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y, por el otro, el del ala más dura en la que anotan al ex presidente Mauricio Macri, a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; a un grupo de radicales y al ex senador Miguel Ángel Pichetto. De la resolución de esa puja, admiten, dependerá en buena parte el rumbo del vínculo con la oposición.
El caso de Rodríguez Larreta es emblemático. “El Pelado se ganó nuestro respeto. Está muy jugado con ayudar a preservar la salud”, es uno de los elogios que se escuchó de uno de los funcionarios involucrados. Antes de que se acentuara la crisis por el coronavirus, en el Gobierno se medía meticulosamente cada paso a dar para avanzar con el porcentaje a quitar de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
Esa disputa quedó en stand by, a partir del trabajo en conjunto entre ambos distritos por el coronavirus. Pero, aunque habla a diario con el Presidente, las acciones del alcalde crecieron a partir de su rápida reacción de colaborar “sin especular” con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Hubo dos hechos concretos que destacan en Olivos. El primero se dio en la reunión con intendentes del AMBA. Allí el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli; se anticipó a cualquier pedido y delante de todos le anunció a la Provincia que la Ciudad ya había bloqueado más de un 30 por ciento de camas para atender a los bonaerenses que eventualmente requieran asistencia médica.
El otro fue días atrás, en torno a la inauguración del Sanatorio Antártida, del gremio de Camioneros. Kicillof necesitaba que las autoridades porteñas habilitaran el hospital para sellar el acuerdo con Hugo Moyano: el trámite, destacan, se resolvió en menos de 48 horas.
Ignacio Ortelli