LPO accedió a diversas liquidaciones de jubilaciones con regímenes especiales. Hay casos de fiscales que cobran 290 mil y diplomáticos que perciben haberes por 230 mil.
En pleno debate por la ley que pretende bajar jubilaciones de privilegio, LPO accedió a diversas liquidaciones de haberes con regímenes especiales que muestran que los ingresos de los jueces federales jubilados rozan los 400 mil pesos.
En concreto, una de las liquidaciones de un magistrado da cuenta que su haber parte de $37.860 por su sueldo básico y se va incrementando exponencialmente gracias a la bonificación por antigüedad de servicio ($147.790), suplemento de remuneración acordada 71/93 ($57.403) y compensación jerárquica ($45.963), entre otras categorías que terminan alcanzando un saldo de $397.752.
En tanto, otros documentos reflejan haberes reales de fiscales de $291.323 y de $230.714 para el caso de algunos diplomáticos. Sin embargo, fuentes del gobierno afirmaron a este medio que hay casos de jubilaciones de privilegio que superan los $700.000.
A diferencia del resto, los aportes de este grupo de trabajadores no derivan en el régimen de reparto solidario con el que se pagan todas las jubilaciones, sino que gozan de un régimen propio para poder recibir un mayor porcentaje de sus altísimos sueldos.
El problema es que el sistema no se autofinancia, sino que le genera al Estado un déficit anual de $12.600 millones, según cifras oficiales. Es por eso que desde la Casa Rosada están decididos a avanzar con la nueva legislación, a la que pretenden darle media sanción este jueves.
El proyecto del oficialismo sube estos aportes al 18%, incrementa la edad jubilatoria de 60 a 65 años y excluye una serie de cargos intermedios del régimen especial. Si bien mantiene el 82% móvil para magistrados, lo hace sobre un promedio de los últimos 120 salarios, o sea, un 60% inicial, similar a lo que perciben el resto de los jubilados.
De esta manera, las jubilaciones más altas perderían entre $24.000 y $80.000 mensuales y esto permitiría un equilibrio de las finanzas públicas en este rubro.
En concreto, una de las liquidaciones de un magistrado da cuenta que su haber parte de $37.860 por su sueldo básico y se va incrementando exponencialmente gracias a la bonificación por antigüedad de servicio ($147.790), suplemento de remuneración acordada 71/93 ($57.403) y compensación jerárquica ($45.963), entre otras categorías que terminan alcanzando un saldo de $397.752.
En tanto, otros documentos reflejan haberes reales de fiscales de $291.323 y de $230.714 para el caso de algunos diplomáticos. Sin embargo, fuentes del gobierno afirmaron a este medio que hay casos de jubilaciones de privilegio que superan los $700.000.
A diferencia del resto, los aportes de este grupo de trabajadores no derivan en el régimen de reparto solidario con el que se pagan todas las jubilaciones, sino que gozan de un régimen propio para poder recibir un mayor porcentaje de sus altísimos sueldos.
El problema es que el sistema no se autofinancia, sino que le genera al Estado un déficit anual de $12.600 millones, según cifras oficiales. Es por eso que desde la Casa Rosada están decididos a avanzar con la nueva legislación, a la que pretenden darle media sanción este jueves.
El proyecto del oficialismo sube estos aportes al 18%, incrementa la edad jubilatoria de 60 a 65 años y excluye una serie de cargos intermedios del régimen especial. Si bien mantiene el 82% móvil para magistrados, lo hace sobre un promedio de los últimos 120 salarios, o sea, un 60% inicial, similar a lo que perciben el resto de los jubilados.
De esta manera, las jubilaciones más altas perderían entre $24.000 y $80.000 mensuales y esto permitiría un equilibrio de las finanzas públicas en este rubro.
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