El presidente Alberto Fernández participó de un acto de despedida en Campo de Mayo a efectivos militares que partieron en viaje a una misión de la ONU. Durante el encuentro, el jefe del Estado aseguró que nuestro país cuenta con "Fuerzas Armadas totalmente integradas a la sociedad" y, en ese marco, consideró que "toda la Argentina debe dar vuelta una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos", en referencia indirecta a la última dictadura cívico-militar.
Las palabras del mandatario retumbaron fuerte en algunas entidades de derechos humanos, que en las últimas horas salieron a contestarle con diversos comunicados.
Una de las organizaciones que cargó contra los dichos de Alberto fue la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), que en un comunicado señaló "a pocas semanas de conmemorarse en Argentina el 44° aniversario del golpe genocida de 1976" es necesario "poner en palabras nuestro más enérgico repudio a cualquier intento de actitud reconciliatoria con las fuerzas represivas".
"La profundidad del daño que generan estas declaraciones es abrumante para quienes seguimos sosteniendo tras décadas la lucha por memoria, verdad y justicia y la reivindicación de nuestrxs 30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs", apuntaron y se preguntaron "¿con qué cara se puede decir a una familia que aún continúa buscando los restos de sus seres queridxs y algún mísero dato sobre dónde permaneció secuestradx y desaparecidx, que dé vuelta la página?"
Y agregaron: "Con qué valores éticos y políticos se le dice a un pueblo entero que durante años dio -y sigue dando- con todas sus fuerzas una batalla por la memoria social, por los juicios a los genocidas, por la reconstrucción de las historias de lxs 30.000, que hay que dar vuelta la página, cuando hemos vivido como pueblo las más crudas represiones en dictadura y en democracia, y cuando sabemos ya comprobadamente que las formas de vigilar y castigar se transmiten de generación en generación dentro de las escuelas de las fuerzas represivas".
"El terrorismo de estado fue plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición y muerte de personas, como así también la apropiación de niños. Ese plan fue llevado adelante a través de la represión clandestina organizada en cientos de campos de concentración a lo largo y ancho de la Argentina", abundaron en el texto dado a conocer.
Además, señalaron que "ese plan fue instrumentado no por «algunos» sino por el conjunto de las fuerzas armadas y el resto de las fuerzas represivas, con la participación de empresas, la iglesia y otras instituciones. Todo desarrollado de manera planificada y sistemática".
La madeja de impunidad y complicidades no ha sido desmantelada a lo largo de todos estos años. Aun no tenemos respuesta sobre qué pasó con todos y cada uno de lxs 30.000 desaparecidxs. Existen centenares de jóvenes que fueron apropiadxs y aún no conocen su identidad. Los culpables no han sido identificados ni juzgados en su totalidad, continuando la «carga de la prueba» sobre las espaldas de lxs sobrevivientes y el pueblo argentino que ha develado tantas evidencias y continúa denunciando a los genocidas y sus cómplices; mientras al mismo tiempo la justicia otorga domiciliarias a los condenados, dicta sentencias con penas irrisorias para luego dejarlos en libertad y dilata de manera interminable el comienzo de juicios para que los culpables mueran en la impunidad.
En ese sentido, la AEDD señaló que "por todo eso no podemos dar vuelta la página", a lo que la organización enumera casos en que "los genocidas siguieron enseñando a torturar, a desaparecer, a violar, a asesinar" y que "prueba de ello son los desaparecidos y asesinados de La Tablada, los compañerxs reprimidxs y asesinadxs en los cortes de ruta en los 90, Darío Santillán, Maximiliano Kosteki, Julio López, Carlos Fuentealba, Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, las pibas desaparecidas y asesinadas por las redes de trata, lxs pibes torturadxs en cárceles y comisarías, entre tantxs violentadxs por las «fuerzas de seguridad de la democracia»".
Asimismo, la Liga por los Derechos Humanos también cargó contra el discurso presidencial, sobre el que retrucó que "no fueron ´conductas inapropiadas´ sino graves violaciones a los derechos humanos, actos de terrorismo de Estado que en su conjunto constituyeron un Genocidio, cuya banalización es la ejecución simbólica del mismo".
La organización, en el mismo sentido, apuntó que "denominar “conductas inapropiadas de algunos” a lo que fue un Plan Sistemático de Exterminio, planificado y ejecutado bajo la supervisión y conducción del gobierno de los EE.UU. que procuraba el dominio total de la región en el marco de la llamada Guerra Fría contra el comunismo constituye un claro acto de negacionismo, de esos que el propio Presidente proponía sancionar jurídicamente hasta hace unos pocos días".
"Así como no pensamos discutir la cifra de los treinta mil compañeros desaparecidos, tampoco pensamos reabrir debates política, jurídica y académicamente saldados: son treinta mil, fue genocidio y hay presos políticos", señalaron.
En ese contexto, la LPDH reclama "la inmediata rectificación por parte del Presidente de los dichos sobre las conductas inapropiadas que nos agravian de manera directa".
Por último, subrayaron que "banalizar los hechos del genocidio con ´conductas inapropiadas de algunos´ y pretender resolver problemas bien complejos como es el de las relaciones de la sociedad con los aparatos estatales armados confronta con las tradiciones de lucha democráticas y de defensa de los derechos humanos que sostenemos desde 1937, y que nos proponemos honrar en estos días".
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