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El Presidente viene corriendo a la realidad desde atrás, y todavía no la alcanza. Es lógico. Arrancó con desventaja: la mayoría de sus votos son prestados, la dirigente que lo ungió lo presiona para obtener su completa impunidad y una parte de los argentinos lo considera, según las encuestas, "poco confiable".
Es decir: un político con la palabra "un tanto devaluada", como afirmó días atrás Santiago Kovadloff. Para colmo, todavía no hace dos meses que asumió sin embargo parece que ya se habría consumido gran parte de la luna de miel. Esto se debe a dos razones lógicas. Una: él no cuenta con el hándicap de "los nuevo"; fue parte de un proyecto político que, más allá de sus intenciones, no logró ni solucionar los problemas estructurales de la economía ni terminar con la lógica amigo enemigo. Y dos: integra una coalición que tiene una obsesión reivindicatoria, y no acepta ninguna autocrítica.
A pesar de todo, Alberto Fernández tiene una virtud: no se engaña. Sabe, por experiencia propia, que los trucos dialécticos, una marca registrada del kirchnerismo, tienen fecha de vencimiento. Que la actual estrategia de echar "toda" la culpa a la ineficiente administración del gobierno de Macri será efímera. Que usar los conceptos de emergencia y solidaridad para ganar más tiempo, tiene un límite. Que al impuestazo sobre los sectores productivos y al ajuste a los jubilados que cobran por encima de la mínima se los puede presentar por un rato como un acto de justicia distributiva, pero es apenas un parche que no garantiza el éxito de nada. Incluso, si la estrategia para negociar la deuda externa, como todo parece indicar, le resultara, a su administración, relativamente bien, después tendría que superar un desafío mayor: bajar la inflación y reactivar la economía, que todavía no muestra ningún signo de vitalidad.
Hace días, el Presidente admitió ante un grupo de empresarios, en Alemania, que la Argentina se encuentra "en terapia intensiva". Horas antes, durante su visita al Vaticano, se lo escuchó decir: "si supieran lo cerca que estamos del precipicio, algunos actuarían con más responsabilidad". ¿Hacia quienes dirigió este último mensaje? Alguien muy cercano a él me dijo que se estaba refiriendo a los formadores de precios. Pero otro dirigente que suele interpretar a Fernández muy bien hizo extensivo el mensaje hacia los sectores más duros del cristinismo. Es que los últimos movimientos políticos de Cristina se parecieron mucho a una provocación. No una provocación concreta hacia el Presidente. Sí hacia el 60 por ciento de los argentinos que no votaron al oficialismo.
Empecemos por el más reciente: acusar a la AFIP y otros organismos del Estado junto a los medios "hegemónicos" de perseguirla, se puede interpretar, de mínima, como un chiste de mal gusto. Eso era precisamente lo que hacía su gobierno con dirigentes de la oposición, medios y periodistas críticos. Con pequeña diferencia: la mayoría de las veces las denuncias no se sostenían con ninguna prueba; solo usaban a sus comisarios políticos, como los panelistas de 6,7,8 para hacer acusaciones falsas y ensuciar a instituciones y personas de manera gratuita. En el caso de la investigación sobre la vicepresidenta, los datos oficiales de la AFIP que constan en los expedientes fueron los que suministraron los exfuncionarios a pedido de los fiscales y los jueces que tramitan las causas. Continuemos.
La visita de Cristina a las represas hidroeléctricas que todavía no se terminaron de construir junto a empresarios procesados por pagar coimas en el expediente de los Cuadernos de la corrupción y su exigencia para que se haga la ruta que debió culminar, pero ya cobró, presuntamente, de manera presuntamente ilegal, Lázaro Báez, sí puede ser considerada una doble falta de respeto al sistema de justicia. Porque ella está procesada no solo como la presunta jefa de una asociación ilícita en la causa cuadernos. También está procesada en el juicio por las obras de Vialidad y que incluyen la ruta que ahora pretende que se haga. Es más: esa ruta fue peritada por especialistas. Y los peritos y el fiscal aseguran que está colmada de irregularidades. Hacer y decir lo que dijo es como enrostrar a más de la mitad del país la falsa idea de que un triunfo electoral puede borrar de la memoria los delitos que se le imputan.
En una escala apenas menor se podría encuadrar la designación de Aníbal Fernández al frente de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Es verdad, como recordó el propio Aníbal, que él no está preso. Y que la justicia no le probó ninguna vinculación con el narcotráfico. Pero solo su estilo pendenciero, de compadrito, descalificatorio, y su pobre lenguaje de arrabal, bastarían para que ningún gobierno cargara con semejante lastre. Y menos uno cuyo Presidente pretende dejar como legado el final definitivo de la grieta.
Todo lo anterior no implica que la nueva administración no pueda impulsar denuncias como la del ministro de la Producción, Matías Kulfas contra el exfuncionario del gobierno de Macri, Rodrigo Sbarra. Está probado que encima de su escritorio se encontró un sobre con más de 10 mil dólares. El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini lo acaban de imputar por lavado de dinero. Además decidieron levantar el secreto bancario para determinar si, en efecto, manejaba plata en negro. Sería un error como interpretar esa denuncia como un acto de venganza. Tampoco se debería entender como una decisión caprichosa la exigencia de las flamantes autoridades de ARSAT de pedirle la renuncia a su extitular y esperar que el funcionario no le inicie un juicio al Estado. Eso sÍ. Se debería asumir el mismo criterio para todos los casos. Incluso para un exfuncionario kirchnerista de la ARSAT que cobró una indemnización al terminar su gestión, en 2015, y ahora lo acaban de nombrar como segundo responsable de la empresa estatal.
Lo mismo vale para la controvertida designación de parientes. O se está siempre en contra, como los dirigentes kirchneristas que pusieron el grito en el cielo por algunos casos de nepotismo durante el gobierno de Macri, o se acepta como parte del toma y daca de la política nacional y se rescata la supuesta idoneidad de los parientes, como se escucha ahora de parte de los funcionarios de este gobierno. Y para ir a cuestiones más profundas y estructurales, los sindicalistas y líderes de organizaciones sociales que ahora se muestran más comprensivos deberían haber actuado con igual tolerancia frente al gobierno anterior. Porque el país es el mismo, aunque el color político de los funcionarios sea distinto.
La franja de votantes que termina inclinando el resultado de las elecciones a favor o en contra de un candidato u otro sigue pendiente de este tipo de cuestiones. También sabe, o se imagina, que el gobierno de Alberto Fernández no tiene fondos para hacer populismo. Y avanza una ola cada vez más potente de votantes que vienen pidiendo un "ajuste a la política". No al buen ejercicio de la política. Un ajuste a los gastos administrativos exorbitantes, a la desmesurada oferta de empleo público y a las decisiones de política económica que más bien parecen jueguito para la tribuna. El impuesto a los activos en el exterior es un buen ejemplo. No aumenta la recaudación de manera significativa. Al contrario: es posible que, en Argentina, igual que en otros países del mundo, como Francia, termine perjudicando a las arcas del Estado. Lo mismo se puede decir del congelamiento de tarifas. Provoca un alivio transitorio a millones de argentinos, pero multiplica exponencialmente el gasto público, y provoca un aumento de la inflación, el gran impuesto de los pobres.
Se admite cerca del Presidente la necesidad de ganar tiempo. Por lo menos hasta que termine de negociar con acreedores privados y el FMI. "A partir de ese momento, Alberto podrá gobernar sin condicionamientos". Ojalá.
Luis Majul
