Mucho impuesto y pocas nueces

En la Argentina, la excepción es la regla. Una nueva ley de emergencia acaba de ser sancionada, en el mes de diciembre pasado por el Congreso de la Nación. Una ley que contiene en verdad varias emergencias. Hasta de emergencia fue su trámite, que pese a la importancia de la norma que se consideraba, pasó con la velocidad del rayo por ambas cámaras, sin la posibilidad de que los legisladores la pudieran discutir con seriedad.

Tan veloz y prepotente fue el trámite que en el proyecto aprobado que llegó al Senado se introdujo el texto de un artículo que divergía del despacho que en particular se votó en la Cámara de Diputados y que no fue puesto a consideración por el miembro informante, por el presidente de la Cámara ni por ningún otro legislador. Es decir que respecto de ese artículo no hubo una coincidencia de voluntades entre ambas cámaras, por lo que, en puridad constitucional, el proyecto debía haber vuelto a la de origen.

El presidente Alberto Fernández, quien apeló al diálogo y al consenso en su discurso inaugural, impone a los pocos días su mayoría parlamentaria - lograda en Diputados con el concurso de legisladores del sector de Roberto Lavagna, el hombre que se proponía como la opción que terminaba con la grieta - para dotarse de atribuciones extraordinarias y ejercer un acto del más crudo decisionismo. Más que en las palabras o las formas, que son importantes, la moderación que la Argentina reclama estriba en los hechos.

El kirchnerismo en esta nueva encarnación se muestra fiel a sí mismo. Procura desde el inicio la concentración del poder en el Presidente. Si el viejo libreto se mantiene, en poco tiempo deberíamos ver además avances sobre la independencia judicial y los medios de comunicación.

Desde el punto de vista económico, asistimos a un impuestazo olímpico. Es cierto que la falta de solidez fiscal ha sido un mal endémico de la Argentina, pero hay distintas maneras de lidiar con ella. El Gobierno actual pone toda la carga sobre los hombros de los jubilados, la clase media y quienes trabajan y producen. Es fiscalismo puro y duro, sin ninguna noticia sobre baja del gasto improductivo ni alicientes al desarrollo y la creación de empleo genuino.

Al contrario, el insólito DNU por el que se establece, sin urgencia alguna que obligará a sortear la intervención del Congreso, la doble indemnización por despido es una pésima señal para el sector privado, aunque el decreto disponga que no rige para los empleos que se creen con posterioridad a su dictado.

Subyace la idea de que solo el Estado mueve la economía y el empleo. No hay confianza en los agentes privados, los que más que medidas parciales de estímulo solo necesitan, como le pidió Diógenes a Alejandro Magno, que no le tapen el sol; es decir, que les garanticen reglas estables, respeto de los contratos y del derecho de propiedad, y no los abrumen con tributos de todo tipo y regulaciones cuyo principal efecto es desalentar la creación de riqueza.

Uno de los aspectos más negativos de la ley de emergencias es la suspensión por 180 días del sistema de movilidad previsional (art. 51) y la delegación al Poder Ejecutivo de la facultad de realizar trimestralmente los ajustes de los haberes previsionales, sin otra indicación que hacerlo “atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos”.

Así, de un plumazo, se borra, por cierto, en nombre del diálogo y el consenso, una norma que tuvo diferentes formulaciones, pero que representó un acuerdo político destinado a preservar el valor de los haberes previsionales y a cumplir con decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La movilidad de los haberes previsionales no es un invento de los legisladores, sino un expreso mandato constitucional contenido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. No está de más recordar, dicho sea de paso y en medio de tantas aspiraciones fundacionales del oficialismo, que quien inspiró ese precepto fue el gran dirigente radical Crisólogo Larralde.

¿Cuál fue la finalidad de la ley que ahora se suspende? Que la movilidad de los haberes se hiciera efectiva en forma automática mediante la mera aplicación de una fórmula que actualizara los haberes conforme a ciertas pautas objetivas. Esas pautas pueden ser objeto de debate. De hecho, lo fueron hace dos años, cuando el presidente Mauricio Macri propuso modificar parcialmente la fórmula. Hablo de debate en sentido irónico, porque todos recordarán las acciones violentas que grupos de izquierda realizaron en la Plaza del Congreso y la intención del kirchnerismo de suspender la sesión.

Con esa fórmula, se decía, se condenaba al hambre a nuestros abuelos. Era evidente que esa afirmación resultaba falsa, pero cuando se grita y se arrojan adoquines la racionalidad no encuentra espacio para manifestarse. Los sectores radicalizados de izquierda sentían que se hallaban en Moscú en 1917. La revolución había llegado de la mano del “gordo del mortero”. Pero nada de eso sucedió: ni la revolución imaginaria ni la destrucción de los haberes previsionales.

Muy por el contrario, estos lograron preservar su valor gracias a una fórmula que mejoraba en su beneficio el sistema de movilidad anterior. Y es ese beneficio el que ahora el kirchnerismo quiere suprimir. Es esta la cara más brutal del ajuste kirchnerista, la que sacrifica a nuestros mayores en el altar de la solvencia fiscal con una ortodoxia liberal frente a la que un Milton Friedman aparecería como un socialdemócrata nórdico.

Y, ya sin ley, es decir, en el plano del puro decisionismo tan caro a los gobiernos autoritarios, se delega en el Gran Hermano, en este caso el doctor Alberto Fernández, todo el poder para que graciosamente eleve los haberes como le plazca. Supongamos que lo hiciera de una forma correcta. Aun así el procedimiento estaría mal, porque lo que debe ser un derecho que el Estado otorgue a los beneficiarios en forma neutral y objetiva, por el solo imperio de la ley, aparecerá como una concesión propia de la bondad del Príncipe, que como la da la puede quitar.

Ya me imagino la apabullante propaganda que rodeará cada anuncio de un aumento. Pero no hay dudas de que el propósito es que los aumentos serán menores a la inflación y que los haberes previsionales se irán licuando. De otro modo no se apelaría a este instrumento. Es fácil prever -lo sugiere la única indicación que el proyecto le da al Presidente- que mientras los haberes más bajos tendrán subas que los acerquen a compensar la depreciación del peso, los demás serán virtualmente congelados.

Así volverá a achatarse la pirámide y los jubilados y pensionados de clase media serán empujados hacia abajo, sin tener en cuenta que los haberes que perciben no son una liberalidad que les concede discrecionalmente el gobernante de turno, sino la contraprestación por toda una vida laboral de aportes al sistema de la seguridad social.

Otro aspecto negativo es el aumento de las retenciones, que desalentará la actividad agropecuaria, que es un sector altamente dinámico y el que más divisas brinda a nuestra economía.

También el aumento del impuesto a los bienes personales será una nueva transferencia de los privados al Estado, que restará recursos para el consumo y el ahorro.

En un país con una muy alta presión tributaria, se vuelve a exprimir a quienes trabajan y a quienes arriesgan su capital para introducir nuevas empresas con innovación y tecnología. Todo para alimentar un Estado que más que aliado es un obstáculo para los emprendedores.

No hay que engañarse. Las subas de los bonos y la caída del riesgo país que se produjeron en las últimas horas solo indican que el mercado financiero advierte que no hay vocación del gobierno de ir a un default brutal. Pero para quienes vivimos en la Argentina no hay el menor estímulo. El plan de Fernández no es más que un ajuste, aunque se lo disfrace con nombres rimbombantes que siempre incluyen la palabra “solidaridad”. Pero un ajuste de corto plazo, sin un rumbo de un futuro esperanzador. Un ajuste que es solo un impuestazo. El nombre de la devaluación que sancionaron lo dice todo: “Impuesto PAÍS”.

Jorge Enríquez
Diputado Nacional
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