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La Fundación Apolo, representada por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda con el patrocinio de José Javier Bulacio, presentó ante el ministerio de Justicia una impugnación a la postulación de Daniel Rafecas para ocupar la titularidad de la Procuración General de la Nación. Entre los argumentos, cuestionan la "idoneidad moral" del juez por su participación en la denuncia de Nisman y en el Caso Ciccone, entre otros expedientes.
La Fundación Apolo, representada por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda con el patrocinio de José Javier Bulacio, presentó una impugnación a la postulación de Daniel Rafecas para ocupar la titularidad de la Procuración General de la Nación.
En el escrito, presentado ante el ministerio de Justicia, apuntaron contra el juez al cuestionar su "idoneidad moral" en la gestión al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3 y argumentaron que su "falta de independencia" se manifiesta "fundamentalmente, en un hecho clave que ha signado su carrera judicial: la desestimación, en tiempo récord, de la denuncia que realizara el Fiscal Alberto Nisman contra la entonces Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA".
Además, según publicó Perfil, recordaron la ratificación de la Corte Suprema de una sanción aplicada a Rafecas por la Magistratura "por recibir en privado a personas ajenas a la causa iniciada por la denuncia de Nisman, adelantarles la decisión a tomar, omitir dar intervención a quienes eran parte, extendiendo un manto de sospecha sobre el trato igualitario que debe prodigarse los sujetos procesales". Y asimismo -detallan- el máximo tribunal sostuvo que “del mismo modo, tampoco han sido rebatidas las observaciones del órgano sancionador en torno de las manifestaciones (realizadas por Rafecas) respecto de la salud mental del fallecido fiscal, las que se calificó de contrarias a los deberes de reserva, secreto,respeto y prudencia esperables de los jueces.”
Desde la fundación criticaron también a Rafecas por "comunicarse vía chat con un letrado vinculado a una parte", en el marco de la causa Ciccone. En este sentido, afirmaron que esta conducta "motivó al Superior a desplazarlo de dicho expediente, en razón de haberse visto afectada su imparcialidad". Argumentaron que "a diferencia del letrado en cuestión, que fue sancionado por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Capital Federal, el Dr. Rafecas no corrió la misma suerte, por haber caducado el procedimiento disciplinario ante el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Sin embargo, lo dicho no obsta para que se tome en cuenta su accionar, en esta instancia, como una inconducta inadmisible para un funcionario que aspira a una alta magistratura".
Por otro lado, advirtieron sobre "la conclusión a la que arribó el Tribunal Oral Federal Nº 3 de la Capital Federal", por la instrucción de la Causa N° 857/07, caratulada 'Cantarero, Emilio Marcelo y otros s/ cohecho' ('Coimas en el Senado'). Según expresaron, en los fundamentos que dieron lugar a que se giraran las actuaciones al Consejo de la Magistratura, el Tribunal sostuvo: “…a partir del examen de las actuaciones y transcurrido el debate quedó expuesta la parcialidad con que se llevó adelante la instrucción de esta causa, que se agudizó con la dirección del Dr. Daniel Eduardo Rafecas, cuya labor se encaminó a alcanzar metas preordenadas, todas ellas tendientes a procesar a un ex presidente de la Nación y a las autoridades de los bloques mayoritarios que, para el año 2000, conformaban el Senado de la Nación. En ese derrotero el Tribunal observó una limitación arbitraria al derecho de defensa de los imputados, como así también la recepción y valoración parcial de la prueba recabada y el incumplimiento de normas procesales...”.
"Más allá de las conductas que lesionan la idoneidad moral del postulante, resulta un despropósito pretender que el Ministerio Público sea conducido por quien demostró no ser independiente, eludió investigar la denuncia que llevó a la muerte a un destacado integrante del organismo que hoy pretende conducir y, finalmente, puso en duda –sin fundamento alguno- la salud mental del fallecido funcionario", concluyen en el escrito.
Cabe recordar que el jueves pasado el Gobierno nacional oficializó la postulación del aún juez federal Daniel Rafecas como el reemplazo de Alejandra Gils Carbó, que renunció en 2017, y cuyo cargo quedó vacante dado que Mauricio Macri nunca avanzó en la designación de su candidata, Inés Weinberg de Roca.
A partir de entonces, y durante 15 días, el Ministerio de Justicia recibirá "las posturas, observaciones y circunstancias" que "ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos" realicen para expresarse respecto a la postulación de Rafecas, tal como lo establece el artículo 6 del decreto 222/03.
Actualmente, la Procuración General de la Nación se encuentra a cargo de Eduardo Casal, quien ocupa el cargo interinamente desde fines de 2017, cuando Gils Carbó se apartó del puesto en medio de duros cuestionamientos de la ahora oposición.
El pliego de Rafecas necesitará el apoyo de dos tercios del Senado para ser validado, por lo que el Frente de Todos espera conseguir en los próximos días los escasos votos que le faltan en la Cámara alta para ese fin.
Rafecas y el presidente Alberto Fernández tienen una relación cordial, y el mandatario cree que es el indicado para la Procuración debido a que su mentor fue Esteban Righi.
"Rafecas no es solo un juez federal, es un jurista reconocido internacionalmente y una eminencia del Derecho. Por eso desde el Poder Ejecutivo propondremos al Congreso que sea el nuevo Procurador General de la Nación. Confío en su independencia y capacidad para esa tarea", escribió días atrás el Presidente en su cuenta de Twitter, tras recibir al magistrado en su despacho.
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