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Quiere una compensación económica por adquirir con fondos porteños 36 vagones que la Nación había prometido comprar para la red subterránea cuando Alberto era jefe de gabinete. Los trenes, traídos en 2012, se hallaron defectuosos.
Horacio Rodríguez Larreta confía en tener una buena relación con Alberto Fernández una vez que jure como presidente. Pero el vínculo promete resentirse a la hora de discutir números, especialmente por la transferencia de recursos y la financiación de obras y servicios de competencia federal.
En la antesala de un encuentro aún no sucedido, Rodríguez Larreta prepara una demanda judicial contra el Estado nacional, al que reclamará más de u$s 8 millones en concepto de indemnización por comprar con fondos porteños, en 2012, un lote de 36 coches usados para la Línea B del Subte, y que entiende que debían pagarse con fondos federales.
El reclamo porteño viene a cuenta de una alegada falta al compromiso asumido por el Gobierno nacional en 2005 mediante el "Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes" que -casualidades de la vida- rubricó Fernández siendo jefe de gabinete. Dicho plan venía a paliar el atraso en que se encontraba la infraestructura metropolitana de transporte, declarada en emergencia tras el estallido social de 2001.
Ese programa, puesto en vigencia mediante el decreto 1683/2005 de Néstor Kirchner con firma de Fernández, fijó un "programa de emergencia de obras y trabajos indispensables", con financiamiento nacional, a ejecutarse desde la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación, al mando de Ricardo Jaime y Julio De Vido, hoy ambos detenidos con condenas por corrupción.
Ezequiel M. Chabay
