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En las últimas semanas han surgido varios rumores en torno a una eventual emisión de cuasimonedas por parte de algunas provincias con problemas fiscales. La sola enunciación de la palabra remite automáticamente a los episodios de 2001-2002 cuando 15 provincias, imposibilitadas de hacer frente a sus gastos, acudieron a la emisión de bonos provinciales como medios de pago corriente.
La recesión de los años 1998-2002 estaba erosionando los recursos tributarios propios de las provincias, así como también los coparticipables de recaudación nacional. A su vez, con una estabilidad absoluta de precios e, incluso, con años de deflación, el ajuste de los gastos implicaba necesariamente un ajuste nominal, con las dificultades políticas que ello implica.
El desequilibrio fiscal de las provincias por aquellos años era muy significativo. Tomando en conjunto a los 24 provincias, el déficit primario era equivalente al 8,3% de los recursos totales disponibles en el año 1999, incrementándose al 13,2% en el año 2001. Al tomar en cuenta el pago de los intereses de la deuda, la situación se tornaba más preocupante arrojando un desequilibrio total del 12,8% y del 21,2% respectivamente.
Entrado el año 2001 y con el financiamiento completamente cerrado para la Argentina, las provincias decidieron emitir cuasimonedas para complementar sus recursos genuinos y hacer frente a gastos corrientes, como el pago de salarios de empleados públicos.
Una vez rota la convertibilidad, con el ajuste de precios consecuente de la devaluación, las finanzas públicas volvieron a ordenarse como consecuencia de la licuación real de los gastos y el default de la deuda. Al mismo tiempo, la recuperación de la economía, comenzada a mediados de 2002, inició un proceso de recomposición de los recursos tributarios. Así se logró rescatar las cuasimonedas que habían llegado a representar el 50% de la circulación monetaria de la economía.
Como puede apreciarse en el gráfico, la situación fiscal de las provincias es completamente diferente a la de aquellos tiempos. El año pasado, el consolidado de las provincias arrojó un superávit del 3,2% y un déficit financiero de apenas 1,3%. El resultado primario positivo fue el más alto del año 2005 y el déficit financiero fue el más bajo de los últimos 4 años.
El factor fundamental que explica este comportamiento del resultado fiscal de las provincias fue la devolución del 15% de masa precoparticipable que el gobierno nacional estaba reteniendo indebidamente desde el año 2006. Luego del fallo de la Corte Suprema y la extensión del beneficio al resto de las provincias en los últimos días del gobierno de Cristina Fernández; el gobierno de Macri acordó con todos los gobernadores la devolución gradual del 15% que concluirá el año que viene. Este aumento extra de recursos para las provincias significó una mejora de las cuentas públicas provinciales luego de varios años en rojo.
Sin embargo, la caída de la recaudación nacional y provincial desde el año pasado, como consecuencia de crisis cambiaria y la recesión de la actividad volvió a deteriorar los ratios fiscales en los primeros trimestres del 2019. Para evitar este nuevo deterioro de las cuentas públicas, los gobiernos provinciales deberían haber morigerado el ritmo de expansión del gasto público. Comparando la dinámica del gasto de la Nación y el de las provincias se identifica claramente la diferente actitud tomada por los gobiernos ante la caída de la recaudación. Mientras que el gasto en salarios públicos por parte de la Nación se incrementó un 26% interanual en el primer trimestre del año, el gasto público en salarios por parte de los gobiernos provinciales aumentó un 40%. A su vez, en el segundo trimestre del año el gasto provincial se habría expandido aún más explicado por el ciclo electoral. El caso testigo es el del gobierno de Chubut que aumentó los salarios públicos de forma desproporcionada antes de las elecciones provinciales y hoy está saliendo a colocar bonos a tasas de casi el 100% para hacer frente a esos nuevos salarios.
El fallo de la Corte Suprema de esta semana responde a la demanda de las provincias por los recursos que perderían por la rebaja de impuestos anunciado por el gobierno nacional luego de las elecciones PASO. Las provincias acudieron a la Justicia con el argumento de que dichas medidas ponían en juego los presupuestos provinciales. Lo cierto es que esas medidas representaban una cesión de recursos de entre el 1% y el 2% del presupuesto.
En este contexto, con un 2018 que cerró con finanzas ordenadas en casi todas las provincias, pensar en un nuevo episodio de emisión de cuasimonedas resulta descabellado. Con solo morigerar el ritmo de expansión de los gastos de las provincias y hacerlo crecer algo menos que la inflación (como está haciendo el gobierno nacional) podrían rápidamente volver a una situación de equilibrio fiscal. Es decir, una situación fiscal mucho más sólida que la del año 2001 y con la “ayuda” que genera el proceso inflacionario para manejar los gastos reales, no hay elementos serios para suponer que la única salida para las provincias sea una nueva emisión de cuasimonedas.
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