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María Eugenia Vidal quiere ser la jefa de la oposición bonaerense después de diciembre con control en la Legislatura y en la Justicia

El procurador Julio Conte Grand, íntimo de la gobernadora, planea quedarse en el cargo

Aún no sabe a dónde va a vivir después del 10 de diciembre: en su entorno aseguran que tiene avanzada una operación inmobiliaria por un departamento en el barrio porteño de Recoleta. Tampoco de dónde va a salir el sueldo para solventar sus gastos cuando deje la gobernación.
Por el contrario, la única certeza que María Eugenia Vidal tiene por estos días es que quiere ser la jefa de la oposición en la provincia de Buenos Aires y que Axel Kicillof se vea obligado a negociar con ella si es que el diputado se convierte en su sucesor. Y para eso, la gobernadora planea presentar batalla desde, al menos, dos lugares: la Justicia y la Legislatura.
Julio Conte Grand es el jefe de los fiscales bonaerenses, no tiene previsto dejar el cargo y es bien considerado por Elisa Carrió. Pero su principal carta de presentación no es el vínculo con la líder de la Coalición Cívica, que Sergio Massa agitó por estos días para argumentar ante el kirchnerismo por qué había que removerlo a partir del próximo año. Conte Grand es amigo de Vidal y asiduo invitado a los festejos de cumpleaños de la gobernadora en estos años.
El procurador, que asumió en el cargo en diciembre de 2016, no tiene fecha de vencimiento. Y planea quedarse en ese sillón el mayor tiempo posible. Fue lo que le pidió Vidal, que tardó más de un año y medio en hacer renunciar a María del Carmen Falbo, la antecesora de Conte Grand, vinculada al sciolismo y al PJ bonaerense, después de intensas gestiones.
Inquieto, como es habitual, Massa ya se ocupó de dejar trascender que quiere ese lugar. Raúl Pérez, "El cabezón", un dirigente de su confianza se anotó primero, aún cuando en la corporación judicial dan cuenta de que sus chances son de nulas a escasas.
La gobernadora, y su procurador, que fue votado en su momento por el massismo, tienen razones de sobra para resistir. Más allá de la probable derrota en octubre, Vidal conservará en el Senado bonaerense un sólido bloque de legisladores que, a priori, le impediría al oficialismo entrante remover a Conte Grand. El oficialismo tiene hoy 29 de 46 senadores.
La mandataria piensa en el radical Roberto Costa, de la primera sección, del distrito de Escobar, para conducir ese bloque a partir del 10 de diciembre. Costa, un dirigente territorial con viejas mañas, solía ufanarse, en privado, de su relación con la Justicia.
En las últimas semanas, el gobierno bonaerense quedó enredado en el envío de 40 pliegos de jueces al Senado, una polémica que despertó el interés de la oposición por la inminencia del recambio provincial si es que Kicillof revalida el próximo mes su contundente triunfo de agosto.
Entre ellos, de Casación, el máximo tribunal penal por debajo de la Corte, cuyos nombramientos están íntimamente relacionados con la política. Desde la Provincia aseguraron que el envío fue antes de las PASO. Y se desligaron de las críticas. Es más: agregan que en el Consejo de la Magistratura hay ternas listas para cubrir unas 40 vacantes que aún quedan en la Justicia.
Entre jueces, fiscales y defensores, incluido el nombramiento del ex juez federal porteño Sergio Torres en la Corte Suprema provincial, Vidal cubrió 495 casilleros en el organigrama judicial en su gestión: 141 en el 2016, 50 en el 2017 -el año de las elecciones de medio término-, 200 en el 2018 y 104 este año, hasta la semana pasada, según información oficial.
En su segundo mandato, Daniel Scioli había nombrado 317 funcionarios en la Justicia. 178 menos que Vidal.
En esos nombramientos fue clave Gustavo Ferrari, el ministro de Justicia que integra la mesa chica de la gobernadora junto a su mano derecha, Federico Salvai, y el ministro Cristian Ritondo, que a partir del 10 de diciembre atenderá desde el Congreso. Son los tres seguirán al lado de la mandataria, sin intermitencias.
Ritondo iba a ser el presidente de la Cámara baja. Así se había acordado entre el jefe de Gobierno, el Presidente y la gobernadora antes de la debacle electoral de agosto, que dejó a Mauricio Macri a un paso de dejar el Gobierno a fin de año.
Se perfila como jefe de la bancada ahora oficialista -un punto para la sociedad Horacio Rodríguez Larreta-Vidal-, cuyo desafío por delante es resolver su composición ante lo que se presenta como el pos macrismo.
Ferrari, ex ladero de Francisco de Narváez y ex funcionario de Scioli, es un dirigente profesional que se mueve cómodo en el sistema político y que enseguida trabó con Vidal un vínculo fuerte y leal, y que sembró, y cosechó, abundantes relaciones con la Justicia federal porteña y platense.
El ministro y Conte Grand, consejeros jurídicos de la gobernadora, siguieron con atención la redacción de la nueva ley nacional de financiamiento de los partidos políticos. Por una particularidad: el artículo que da cuenta de la correlación de los delitos electorales y las eventuales consecuencias penales.
"Si en el procedimiento que aquí se regula se advirtiera la existencia de algún ilícito penal, o mediara denuncia en tal sentido, el juez y el fiscal podrán remitir al tribunal competente testimonio de las actuaciones pertinentes, una vez resuelta la causa electoral. En ningún caso la competencia penal se ejercerá antes de culminar, mediante sentencia firme, el proceso de control patrimonial partidario", subraya la ley sancionada antes de las primarias por el Congreso.
Un pasaje clave para la administración provincial, que traba la actuación de la Justicia penal ordinaria hasta que los jueces con competencia electoral no resuelvan si existe o no delito electoral, con penas mucho menores, desde que la cúpula bonaerense quedó en la mira por las irregularidades de la campaña legislativa de 2017.
El entorno político de Vidal realizó notables esfuerzos desde que se abrió una causa en los tribunales de Comodoro Py, y en la Justicia penal ordinaria de La Plata, para sacar de allí los expedientes y mudarlos al fuero electoral bonaerense. Pasaron al juez Adolfo Ziulu. Y ahí quedaron, unificados. Después se sancionó la ley.
Colaboradores de la gobernadora aseguran que, más allá de ese proceso, que no la salpica directamente, no tiene significativos frentes abiertos en materia judicial.
Kicillof, por su parte, y según trascendió, no tiene aún confirmado quién será su ministro de Justicia. Su guardaespaldas legal es Federico Thea, un asesor sólido y fiable que le cuidó la firma durante su paso por el Ministerio de Economía. Eduardo "Wado" de Pedro podría recalar en un eventual gabinete de Alberto Fernández, pero, aun así, sobrevolaría el área judicial bonaerense.
De Pedro tiene vinculaciones tanto en Nación como en Provincia. Pertenece a La Cámpora, que tiene una puja interna con los intendentes del Gran Buenos Aires y con Massa por la influencia en territorio bonaerense. La figura de Kicillof es tironeada por todos los bandos.
Ya hubo un intento de mediación entre el candidato del Frente de Todos y la gobernadora por parte de Martín Insaurralde, uno de los intendentes del conurbano de buena relación con la administración provincial. Pero no llegó a buen puerto. También lo intenta Massa, que recompuso, y con creces, su nexo con La Cámpora, con Cristina Kirchner y con el ex ministro pero que también conversa con frecuencia con el vidalismo y con su íntimo amigo Rodríguez Larreta.
La Cámara de Diputados bonaerense será, en ese sentido, otro escenario de la batalla que presentará Vidal. Hoy tiene 44 de 92 legisladores. El kirchnerismo cuenta con 22.
Aún con el resultado de agosto, el vidalismo conservará un grueso bloque que, según pudo saber este medio, podría ser conducido en el recinto por Alex Campbell, que trabaja bajo el paraguas de Salvai, de nexo directo y fluido con la mandataria. O podría seguir Maxi Abad, de la UCR.
Vidal busca además que varios de los intendentes del Gran Buenos Aires logren conservar sus distritos. Habilitó, en ese sentido, el corte de boleta. Para guarecerse de la crisis económica. Macri tomó nota y se reunió, de a uno, con los jefes comunales, como había adelantado este medio.
La gobernadora quiere condicionar políticamente a Kicillof. Obligarlo a sentarse con ella. Es el mismo plan con el que se plantó Massa frente a Vidal, en especial en sus primeros dos años de gestión. Mal no le fue.
Federico Mayol
fmayol@infobae.com