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Daniel Vila usa sus medios de manera dosificada para plantear sus pareceres respecto de diversos temas. Sus dos pantallas preferidas con América, en Buenos Aires, y el Canal 7, en Mendoza, donde vive y desde donde, de la mano de su padre, Alfredo Vila, el negocio de los barrios privados y de la televisión por cable, conformó lo que desde hace años conocemos como Grupo UNO.
El miércoles por la noche estuvo en Animales Sueltos, el programa conducido por Alejandro Fantino, en donde denunció al Gobierno de Mauricio Macri por haberlo denunciado penalmente para quitarle las frecuencias que en 2014 se había adjudicado la empresa ArLink, luego de la licitación para frecuencias 4G que efectuara en aquel año la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
La historia fue así. En mayo de 2014, los entonces ministros de Economía, Axel Kiciloff, de Planificación, Julio de Vido, y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, llamaron a licitación para adjudicar frecuencias para iniciar el camino a la telefonía 4G. Se anticipó, en ese anuncio, que se reservarían bandas para el ingreso de un nuevo operador móvil, un entrante, el famoso cuarto operador.
Se pusieron en juego 90 MHz para la banda de 700, y 120 MHz en la banda de 1,7-2,1. Además, se incluyó un remanente para los servicios 3G: 7,4 MHz en la banda de 850 y 30 MHz en la de 1.900.
Los candidatos naturales eran los tres operadores móviles existentes: Claro, Movistar y Personal. ¿Quién sería el cuarto? Los candidatos eran Nextel y Cablevisión, que manifestaron su intención de participar del proceso.
Pero no pasó mucho tiempo hasta que ambas compañías desistieron de presentarse. Nextel lo hizo justificando el mal momento financiero que atravesaba la firma. Cablevisión porque, en medio de la guerra con el kirchnerismo, entendió que no resultaba conveniente hacer algún tipo de apuesta. Y porque, tal como recordó el periodista Fernando Krakowiac, argumentó que el pliego exigía hacer una oferta económica en dólares cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no garantizaba esa disponibilidad.
A finales de octubre de 2014 se realizó la subasta. Y las adjudicaciones se conocieron en noviembre. Las ganadoras fueron Claro, Movistar, Personal y ArLink. De acuerdo a la propuesta económica de cada compañía, el Estado embolsaría por esa adjudicación u$s2.233 millones. ArLink se convirtió, en el marco de ese mismo proceso, en el futuro cuarto operador móvil que tendría el país.
Aunque, en el marco del proceso, también había llamado la atención sobre la disponibilidad de dólares de parte del BCRA, Arlink terminó ofreciendo u$s506 millones. Sumó bandas para dar telefonía 3G y 4G.
En junio de 2015 el Gobierno de Cristina Fernández terminó de adjudicarle a ArLink las bandas por las que había compulsado durante el año anterior. Pasaron tres meses y la compañía del Grupo Manzano-Vila no pagó esos u$s506 millones comprometidos. Acto seguido, el Gobierno de ese entonces dejó sin efecto la adjudicación.Ya a finales de ese mismo 2014 comenzaron a funcionar las primeras antenas con tecnología 4G, especialmente en la Buenos Aires y otras ciudades del país. Los despliegues de red comenzaron a concretarse más fuertemente a partir de 2015.
En noviembre de ese mismo año, se aprobó la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital y reservó para ARSAT las bandas que se le habían adjudicado y quitado a ArLink. Se trató de un nuevo intento de aquel Gobierno por impulsar una empresa de telefonía móvil estatal luego del fracaso que había significado el proyecto Libre.Ar, presentado en diciembre de 2012 de la mano de ARSAT, las cooperativas y pymes del sector.
El arte de judicializar
En el medio, el Grupo Vila buscó la forma de evitar la decisión del Gobierno nacional y, como bien se sabe en este país, recurrió a la Justicia. Lo hizo a través de Supercanal, la emblemática empresa a partir de la cual impulsó su crecimiento en el mundo de los medios. Primero, pidió una medida cautelar de no innovar. El Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Mendoza la rechazó. Corría octubre de 2015.
Pero el empresario no bajó los brazos y apeló ante la Cámara Federal de Mendoza. Esta vez, la movida le salió mejor y a finales de noviembre 2015 obtuvo la cautelar a su favor.
Vino el cambio de Gobierno y, con él, la eliminación de los organismos reguladores existentes, AFSCA y AFTIC, que pasaron a convertirse en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que desde entonces y hasta junio de 2018 estuvo comandado por Miguel de Godoy.
El regulador logró, en aquel momento, que un juez federal de la Capital Federal tomara la causa a través de una inhibitoria.
Más allá de esta cuestión, lo cierto es que la medida tomada en 2016 no avanzaba. Y fue así que en 2017, Aguad decidió efectuar la denuncia penal contra Vila.Cuando asumió Cambiemos el gobierno nacional, se creó el Ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad. Desde sus inicios, y pese a dejar en evidencia en los primeros tiempos que desconocía lo que ocurría en el sector de las telecomunicaciones, el funcionario siempre manifestó la necesidad de poner más espectro disponible en el mercado para acelerar inversiones. Ese deseo también quedó bastante trunco.
Pero, otra vez, judicializar estos conflictos no hace más que frenar cualquier tipo de movimiento. Lo que se pretendía era acción: tener espectro disponible y sin conflictos para poder ofrecerlo al mercado, que siempre pide más. Fue el momento en que se iniciaron otro tipo de negociaciones.
En septiembre de 2017, en el marco de las Jornadas Internacionales de la Televisión por Cable (ATVC), un clásico de la industria, en conferencia de prensa con varios medios, entre los que se encontraba iProfesional, el propio Miguel de Godoy, aseguró que se avanzaba con negociaciones para que el Grupo Vila-Manzano desistiera de las medidas judiciales relativas al espectro de 3G y 4G. A cambio, los empresarios recuperarían los u$s20 millones de caución que habían puesto para participar de ese proceso.
"El proceso de licitación debió tratarse en términos técnicos para revocarlo y no yendo a tribunales", explicó Martín Kunik, ex director del ENACOM, quien expresó, a su vez, que la denuncia que hiciera Aguad contra Vila no tenía razón de ser.
En octubre esa negociación ya estaba cerrada. El Estado mantuvo el espectro que había desistido de adjudicar en 2015 y ya no había ninguna medida judicial en el medio que entorpeciera eventuales futuros procesos administrativos.
Hoy ese espectro sigue en poder del Estado, aunque no bajo la tutela de ARSAT. ¿Por qué? Porque en enero pasado, el Gobierno emitió el DNU 59 por el cual ordenó que la compañía satelital dejara de tener esa reserva preferencial sobre ellas para que volvieran a estar disponibles para el mercado a través de las autoridades correspondientes.
En noviembre de 2017, Daniel Vila, también durante una participación en Intratables, cuando era conducido por Santiago del Moro, contó las presiones a las que había sido sometido su grupo durante la administración kirchnerista.
También criticó a la ley de medios porque "generó un enorme daño", y que producto de los cuestionamientos que se hacía a la administración de aquel entonces, la empresa que conduce estuvo tres años sin pauta oficial."Tuvimos una etapa de muchos conflictos. Cuando alguien se le plantaba a Néstor Kirchner era un enemigo temible, pero también te respetaba. A partir de un gran enfrentamiento que tuvimos, yo sentí que él empezó a respetar a estos medios. Y se acabaron las presiones".
De acuerdo a datos oficiales dados a conocer por Chequeado luego de aquella entrevista, América TV recibió $120 millones de pauta del Gobierno nacional entre los años 2009 y 2012. Los montos recibidos en 2009 fueron equivalentes al 6,6% del total de la pauta nacional.
En 2010 esa cifra bajó al 1,7%, aunque entre 2011 y 2012 hubo una recuperación y capturó un 5% del total de la pauta oficial distribuida, siguiendo los datos de Chequeado.
En diciembre de 2018, durante la emisión del programa Séptimo 7, el último de ese año, que se emite por Canal 7 de Mendoza, Daniel Vila volvió a ser protagonista.
En aquel entonces, y cuando se le pidió su opinión sobre la situación política del país, sostuvo que "Hay una sucesión interminable de pérdida de oportunidades. Antes de llegar al poder, los candidatos políticos prometen muchas cosas que después les cuesta ejecutarlo", dijo. Y expresó que el Gobierno del cambio que se había propuesto no había logrado cambiar nada, ni siquiera en el fútbol.
Esta vez, no habló de medios pero sí de sus empresas. Ya se había concretado la venta de Supercanal, que iProfesional anticipó en esta nota, y sobre la que dijo: "Supercanal necesitaba una enorme inversión para ser competitiva. Hoy este mercado es televisión por cable más banda ancha. Los jugadores son muy grandes y era una liga donde Supercanal no iba a poder estar".
Esto vino a colación de que, el diario UNO, fundado en junio de 1993 dejó de salir en papel en noviembre de 2018, justamente por los cambios que impuso el advenimiento del mundo digital.
Vila volvió a exponer su mirada ahora, en medio de un contexto político-económico convulsionado. Dos años después de haber cuestionado al kirchnerismo, esta vez habló de presiones del Gobierno macrista.
iprofesional
