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El ministro de Economía, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se reunieron con un grupo de representantes del sector agroexportador para evaluar la dinámica del ingreso de divisas en las últimas semanas.
El encuentro se dio en medio de rumores sobre un aumento de retenciones que el propio Lacunza se encargó de desmentir: "No está en los planes inmediatos del Gobierno", le dijo el funcionario a los empresarios, según pudo saber LPO.
Los dichos de Lacunza generan tensión con el Frente de Todos ya que existe la posibilidad que, en caso de ganar en primera vuelta, podrían exigirle al Ejecutivo que disponga una suba de retenciones antes del 10 de diciembre.
Esta sería una de las medidas que solicitarían en el bunker de la calle México de manera tal de aumentar la recaudación en noviembre y tomar el mando del Gobierno un mes más tarde sin tener que pagar el costo político de subir impuestos.
Como sea, este jueves a la tarde, antes de la reunión de Lacunza y Sandleris con agroexportadores, el registro de declaraciones juradas de exportaciones de granos dejó de funcionar generando suspicacias entre los operadores.
En el Ministerio de Agricultura tuvieron que salir a aclarar que la caída del registro de exportaciones se debió a una falla técnica y que, una vez solucionado el problema, el sistema permitió registrar la totalidad de las anotaciones.
En el campo no creyeron en la versión oficial y muchos dieron por hecho que la Casa Rosada subiría de manera inmediata las retenciones que se ubican en 4 pesos por dólar exportado para los granos y en un 26% para el complejo sojero.
De hecho, este jueves se anotaron en el registro de exportaciones un total de 1,16 millones de toneladas de maíz; 1,14 millones de harina de soja; 236.000 de poroto de soja; y 198.170 de aceite de soja, entre otros productos agroindustriales.
En la reunión, los agroexportadores le dijeron a Lacunza y Sandleris que en los últimos días se aceleraron las ventas en el mercado de granos y acordaron volver a reunirse en dos semanas para evaluar la marcha del comercio en medio del cepo cambiario.
Cabe mencionar que en agosto pasado las compañías nucleadas en Ciara-CEC liquidaron un total de u$s 2.266 millones, al tiempo que el monto ingresado en los primeros ocho meses de este año asciende a u$s 15.238 millones.
Con la confirmación de que el Gobierno, al menos por ahora, no aumentará las retenciones el mercado de granos reaccionó de manera favorable este viernes con un considerable volumen de operaciones en la zona de influencia de Rosario.
La soja disponible operó a $ 13.500 por tonelada (versus $ 9.600 un año atrás), el trigo cotizó a $ 11.555 ($ 8.000 hace un año), el maíz se negoció a $ 7.300 ($ 5.250 en septiembre de 2018) y el precio abierto por el girasol fue de u$s 240.
Así las cosas, en medio de las tensiones salariales por la devaluación del 30% y la inflación del 4% de agosto, se conoció que el Gremio de Recibidores de Granos (URGARA) acordó con los empresarios del sector paritarias semestrales.
"Logramos un compromiso con las cámaras para sostener el poder de compra generando acuerdos por seis meses y conformando una comisión revisora permanente de la evolución de los salarios", comentó Pablo Palacio, titular de URGARA.
El encuentro se dio en medio de rumores sobre un aumento de retenciones que el propio Lacunza se encargó de desmentir: "No está en los planes inmediatos del Gobierno", le dijo el funcionario a los empresarios, según pudo saber LPO.
Los dichos de Lacunza generan tensión con el Frente de Todos ya que existe la posibilidad que, en caso de ganar en primera vuelta, podrían exigirle al Ejecutivo que disponga una suba de retenciones antes del 10 de diciembre.
Esta sería una de las medidas que solicitarían en el bunker de la calle México de manera tal de aumentar la recaudación en noviembre y tomar el mando del Gobierno un mes más tarde sin tener que pagar el costo político de subir impuestos.
Como sea, este jueves a la tarde, antes de la reunión de Lacunza y Sandleris con agroexportadores, el registro de declaraciones juradas de exportaciones de granos dejó de funcionar generando suspicacias entre los operadores.
En el Ministerio de Agricultura tuvieron que salir a aclarar que la caída del registro de exportaciones se debió a una falla técnica y que, una vez solucionado el problema, el sistema permitió registrar la totalidad de las anotaciones.
En el campo no creyeron en la versión oficial y muchos dieron por hecho que la Casa Rosada subiría de manera inmediata las retenciones que se ubican en 4 pesos por dólar exportado para los granos y en un 26% para el complejo sojero.
De hecho, este jueves se anotaron en el registro de exportaciones un total de 1,16 millones de toneladas de maíz; 1,14 millones de harina de soja; 236.000 de poroto de soja; y 198.170 de aceite de soja, entre otros productos agroindustriales.
En la reunión, los agroexportadores le dijeron a Lacunza y Sandleris que en los últimos días se aceleraron las ventas en el mercado de granos y acordaron volver a reunirse en dos semanas para evaluar la marcha del comercio en medio del cepo cambiario.
Cabe mencionar que en agosto pasado las compañías nucleadas en Ciara-CEC liquidaron un total de u$s 2.266 millones, al tiempo que el monto ingresado en los primeros ocho meses de este año asciende a u$s 15.238 millones.
Con la confirmación de que el Gobierno, al menos por ahora, no aumentará las retenciones el mercado de granos reaccionó de manera favorable este viernes con un considerable volumen de operaciones en la zona de influencia de Rosario.
La soja disponible operó a $ 13.500 por tonelada (versus $ 9.600 un año atrás), el trigo cotizó a $ 11.555 ($ 8.000 hace un año), el maíz se negoció a $ 7.300 ($ 5.250 en septiembre de 2018) y el precio abierto por el girasol fue de u$s 240.
Así las cosas, en medio de las tensiones salariales por la devaluación del 30% y la inflación del 4% de agosto, se conoció que el Gremio de Recibidores de Granos (URGARA) acordó con los empresarios del sector paritarias semestrales.
"Logramos un compromiso con las cámaras para sostener el poder de compra generando acuerdos por seis meses y conformando una comisión revisora permanente de la evolución de los salarios", comentó Pablo Palacio, titular de URGARA.
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