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En una sesión breve, que no tuvo sobresaltos más allá de las duras críticas que la oposición planteó contra el Gobierno nacional, la Cámara de Diputados dio media sanción por 222 votos positivos y una abstención a la prórroga de la emergencia alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2022.
Con movilización de las organizaciones sociales en las afueras del Congreso, los legisladores aprobaron en el recinto el proyecto que se estima tendrá un costo fiscal de entre 8.000 a 10.000 millones de pesos. Ahora, la iniciativa deberá ser discutida en el Senado.
El texto dispone, en su artículo 4, un “incremento de emergencia” de, como mínimo, el 50% de los créditos presupuestarios vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
El proyecto, que fue motorizado por todas las vertientes del peronismo y otros bloques provinciales, faculta al Ejecutivo para la reasignación de las partidas presupuestarias.
Así, el jefe de Gabinete podrá, durante la vigencia de la emergencia alimentaria, actualizar trimestralmente las partidas, tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.
Además, se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.
Arrancó con el debate el jefe del bloque Red por Argentina, Daniel Arroyo, quien consideró que esta ley “puede ayudar a poner un piso a la caída social” y es lo “mínimo” que “necesita nuestro país”. “Estamos ante una situación compleja y delicada”, señaló, al tiempo de remarcar el aumento de comedores comunitarios en el último tiempo.
Luego fue el turno del diputado Juan José Bahillo, del bloque Justicialista, quien recordó las “advertencias” que se le hicieron a la gestión de Mauricio Macri antes de arribar a la situación actual. “Llegamos hasta acá por el modelo económico que ha llevado adelante el Gobierno”, apuntó.
parlamentario
Con movilización de las organizaciones sociales en las afueras del Congreso, los legisladores aprobaron en el recinto el proyecto que se estima tendrá un costo fiscal de entre 8.000 a 10.000 millones de pesos. Ahora, la iniciativa deberá ser discutida en el Senado.
El texto dispone, en su artículo 4, un “incremento de emergencia” de, como mínimo, el 50% de los créditos presupuestarios vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
El proyecto, que fue motorizado por todas las vertientes del peronismo y otros bloques provinciales, faculta al Ejecutivo para la reasignación de las partidas presupuestarias.
Así, el jefe de Gabinete podrá, durante la vigencia de la emergencia alimentaria, actualizar trimestralmente las partidas, tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.
Además, se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.
Arrancó con el debate el jefe del bloque Red por Argentina, Daniel Arroyo, quien consideró que esta ley “puede ayudar a poner un piso a la caída social” y es lo “mínimo” que “necesita nuestro país”. “Estamos ante una situación compleja y delicada”, señaló, al tiempo de remarcar el aumento de comedores comunitarios en el último tiempo.
Luego fue el turno del diputado Juan José Bahillo, del bloque Justicialista, quien recordó las “advertencias” que se le hicieron a la gestión de Mauricio Macri antes de arribar a la situación actual. “Llegamos hasta acá por el modelo económico que ha llevado adelante el Gobierno”, apuntó.
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