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La Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Política de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en Argentina, se encuentra en un proceso de investigación y recolección de datos sobre los avances de Bitcoin y el uso de blockchains, haciendo especial énfasis en sus implicaciones legales. El objetivo es ofrecer insumos teóricos al gobierno de las provincias de la región, y también al gobierno encabezado por Mauricio Macri, para el desarrollo de una regulación que favorezca a los usuarios de esta tecnología.
CriptoNoticias conversó con el abogado Facundo Barrios, quien es becario de la UNNE y forma parte del grupo de investigación “Deodoro Roca”. Su área de enfoque son «las criptomonedas y la tecnología blockchain», según dijo. Barrios habló sobre el interés de los ciudadanos de la región en esta nueva tecnología, las perspectivas legales en el país, así como el enfoque regulatorio que considera más idóneo para la realidad de este ecosistema en el país.
Barrios explica que los datos que citó en una publicación local sobre el interés de los pobladores de Formosa, Chaco y Corrientes, provienen de las investigaciones realizadas para la UNNE. Los mismos demuestran un interés inusitado en las tres provincias de la región nordeste del país en las criptomonedas, algo patente en las búsquedas en Google.
Nosotros trabajamos sobre una muestra de análisis que tiene un periodo temporal de más o menos un mes, entre mediados de marzo y abril de este año. Hemos recolectado datos sobre los intereses de las personas de nuestras provincias y de cuán interesados estaban o cuánto conocían de Bitcoin y su funcionamiento. A través de datos estadísticos nos encontramos que la media nacional estaba más o menos en 48 búsquedas diarias en Google (Bitcoin). Vimos que Formosa excedía esa media, mientras Corrientes y Chaco estaban muy cerca.Facundo Barrios, abogado, Universidad Nacional del Nordeste
Desde esta casa de estudios están proponiendo una regulación que sea lo suficientemente flexible para permitir la innovación, pero lo suficientemente eficaz como para ofrecer protección a los ciudadanos. Un objetivo complejo, pero que Barrios aseguró que era realizable.
Barrios señaló que la universidad trabaja en saber si es posible lograr una regulación que no limite el desarrollo tecnológico en Argentina, sino que aproveche la activa comunidad de usuarios de bitcoin y emprendedores de la tecnología, incentivando la creación de «una regulación de protección a los usuarios frente a posibles estafas o fraudes que puedan llegar a perjudicarlos», señaló.
«Cripto-fraude» en Chaco: antecedente importante para la regulación
El abogado recordó que en la provincia de Chaco se sentó un importante precedente para la jurisprudencia argentina. Allí, a finales de noviembre de 2018, una corte de la provincia dictó sentencia contra un hacker tras el robo de 500 ETH, valuadas en USD 434.352 en el momento del hackeo. Entre el 14 y 16 de diciembre de 2017 el pirata informático ingresó a las cuentas de distintos usuarios o clientes de la empresa “Mercury Cash”, robando los ETH.
Barrios calificó como una «innovación» el fallo del juez del caso, especialmente porque «los jueces no solo se basaron en las normas (…) El tribunal tuvo que enfrentarse a una norma no solo ineficiente, que estaba pensada para otro tipo de contrataciones, otro tipo de mundo, un mundo analógico. Tuvieron que hacer frente al mundo digital, al mundo del blockchain, a través de la aplicación del derecho de una manera creativa», destacó.
El desafío principal de este caso fue el hecho de que estaban implicadas varias jurisdicciones. En lo que toca a Argentina y las responsabilidades legales en el país suramericano, «el tribunal debió hacer un análisis más lógico-creativo del derecho».
Barrios destacó que «los jueces tuvieron un buen criterio, a pesar de que no eran conocedores de la tecnología. Aprendieron en el proceso, con el caso ya sobre las manos, y lo hicieron en tiempo récord, para lo que son nuestros tiempos de justicia», subrayó.
Regulación con amplitud
El abogado afirmó que su enfoque es amplio, planteando la necesidad de una regulación que permita el desarrollo de la tecnología, y que permita la profundización de lo que ya existe. La regulación solo debe brindar protección al inversionista y al usuario de criptomonedas, puntualizó. «La tecnología debe ser quizás no controlada, pero debería ser por lo menos mirada por las autoridades».
El derecho debe proteger a los indefensos o aquellos usuarios que sean afectados. Debe tender a brindar la mayor información y distribución de este tipo de tecnología para permitir el desarrollo de cada uno de nosotros, sin afectar la privacidad y la autonomía de nuestras voluntades (…) Regular algo que está en constante cambio no sé si tendría mucho sentido, porque estaríamos regulando algo que mañana sería diferente. Sobre todo hablando de Bitcoin, es casi imposible que lo pueda controlar un Estado.Facundo Barrios, abogado, UNNE
Barrios opinó que Bitcoin es una «tecnología nueva”, especialmente desde el punto de vista del derecho. Destacó que apenas ahora se están dando “los primeros pasos” y están empezando a hablar en el mundo jurídico sobre Bitcoin, criptomonedas y blockchain.
«Va a pasar cierto tiempo. Estamos viendo los primeros avances recientemente, en cuanto a fallos relacionados con este tipo de tecnologías. Va a pasar un tiempo más, hasta que los tribunales del país y del mundo vayan adoptando la dinámica que representa, por ejemplo, la sustracción de criptomonedas o el fraude con criptoactivos», enfatizó Barrios.
Así, lo que puede aportar la universidad en Argentina y otros países, en condiciones similares, es material e insumos teóricos suficientes para lograr, entre las instituciones regulatorias respectivas, construir una regulación de protección a los usuarios de bitcoin y otras criptomonedas, pero sin restar eficacia a las normas escritas.
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