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A pesar de los cinco años de “Modinomics”, India continúa viéndose limitada por su fragilidad económica

Cuando Narendra Modi presentó su candidatura como Primer Ministro en 2014, se comprometió a impulsar la competitividad del sector industrial indio con el fin de promover el crecimiento. Modi se presentará nuevamente a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo entre el 11 de abril y el 19 de mayo. Respecto a 2014, la economía se encuentra en una mejor posición, pero, actualmente, muchas de las debilidades estructurales que N. Modi heredó todavía siguen aquejando al país y el entusiasmo que éste generó en un principio se ha enfriado, debido a los resultados heterogéneos de las reformas económicas.

·         En 2016, el gobierno de India instauró el Código de Insolvencia y Quiebras (IBC), con el fin de consolidar todas las leyes relativas a las insolvencias y quiebras y poner freno a los activos no productivos de los bancos. Aunque se han presentado 12.000 expedientes desde la introducción de la nueva ley, la falta de recursos del Tribunal Nacional de Derecho Mercantil (NCLT) ha conllevado considerables retrasos; la resolución de una insolvencia todavía requiere una media de 4,3 años. El dominio del marco legal puede resultar igualmente difícil para los inversores extranjeros que no están familiarizados con el mercado indio.
·         En 2016, Modi propuso una medida de desmonetización con el fin de combatir los flujos de efectivo ilegales y la evasión fiscal que afligen a la economía india y reducen los ingresos fiscales, en un país en pleno crecimiento demográfico. Tras esta medida, los sectores más dependientes de los flujos de efectivo se vieron afectados por el endurecimiento de la liquidez, que resultó a su vez en un debilitamiento de la demanda y en una desaceleración de la economía formal. La abrupta implementación de la medida también provocó el pánico de los inversores y disparó las fugas de capital.
·         En 2017 se introdujo un impuesto sobre los bienes y servicios (GST) para impulsar los ingresos del gobierno. Pero este ha tenido un efecto negativo puntual sobre el consumo doméstico, debido a la coincidente desmonetización. Si bien la reforma fiscal es un paso significativo, está lejos de ser perfecta: el GST sigue siendo muy complejo, dado que comprende diferentes impuestos en función de las categorías de bienes y no incluye muchos productos importantes, como es el caso del petróleo.

Estas reformas económicas han afectado al crecimiento del PIB indio, que descendió a un 6,5% en 2017, su nivel más bajo desde 2012. Retrospectivamente, si bien la desmonetización y la introducción del GST fueron las decisiones adecuadas a mediano plazo, a corto plazo su implementación precipitada generó incertidumbres. Por su parte, el endurecimiento de la liquidez y los problemas de corrupción siguen afectando a la economía india, y los inversores locales y extranjeros sufren las consecuencias, así como la trayectoria del presidente Modi. El Partido Bharatiya Janata (BJP) ha sufrido varios reveses en 2018. Aunque aún gobierna en 18 de los 29 estados indios, ha perdido escaños en las elecciones legislativas de 2018 (Vidhan Sabha), lo que no es un buen augurio de cara a las elecciones de 2019.

Compromisos ideológicos y económicos

En el supuesto caso de que Narendra Modi obtenga los votos suficientes como para alcanzar la mayoría relativa, el 17º Lok Sabha (Parlamento) estará, probablemente, fragmentado. El Primer Ministro se verá entonces obligado a asumir ciertos compromisos ideológicos y económicos, mientras que la fragmentación del parlamento podría ralentizar el proceso de reforma del país. El nuevo gobierno deberá concentrar sus esfuerzos en sanear la banca e impulsar el mercado laboral para absorber a la creciente población activa. En 2018, se perdieron once millones de puestos de trabajo, 83% de los cuales en las zonas rurales, a pesar de la promesa del presidente Modi de facilitar el crecimiento inclusivo. La integración de la población activa en India requeriría una tasa de crecimiento superior al 8%. Será muy difícil conseguir todo esto y a la vez promover la estabilidad macroeconómica, en un contexto de crecientes antagonismos políticos.

En 2018, el crecimiento de la producción industrial alcanzó una media del 5,1% interanual. Es una evolución respecto al crecimiento anémico de 3,5% registrado en 2017, pero, no obstante, está muy lejos del crecimiento potencial de India y muy por debajo del de sus pares en la región, como es el caso de China”, explica Carlos Casanova, economista de Coface para la Región Asia-Pacífico. “India necesita de las IED para alcanzar un nivel adecuado de sus infraestructuras básicas. Las restricciones del suministro siguen frenando las inversiones indias en infraestructura, que pueden tener un impacto multiplicador enorme sobre la actividad económica a largo plazo, lo que, a su vez, facilitaría la entrada de capitales en el sector manufacturero”, agrega Casanova.


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