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La oposición intentará dar este martes el primer paso para voltear el DNU 62/19 de extinción de dominio. Será en una reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que tendrá lugar desde las 15 en el Salón de las Provincias del Senado.
El debate iba a darse la semana pasada, pero el presidente de la comisión, el diputado camporista Marcos Cleri, lo pospuso para este martes dado que la oposición no podía garantizar el quórum para avanzar en el rechazo al DNU.
La ausencia de dos legisladoras que iban a votar contra el texto fue determinante para que tome esa decisión.
El decreto que estableció el procedimiento de extinción de dominio fue duramente criticado tanto desde el peronismo "dialoguista" como del kirchnerismo, en virtud de que ya existía un proyecto deley sobre el tema, que contaba con media sanción del Senado y que debía ser votado en la Cámara de Diputados.
La bicameral está integrada por ocho legisladores del oficialismo y ocho de la oposición, por lo que en caso de empate en las firmas, deberá terciar Cleri, quien ya declaró su oposición al DNU.
El interbloque peronista Argentina Federal tiene al diputado Juan José Bahillo y los senadores Guillermo Snopek, Teresa González y Daniel Lovera; y los restantes son los kirchneristas Anabel Fernández Sagasti,y Máximo Kirchner y Cleri, y la monobloquista salteña Cristina Fiore Viñuales, que hasta ahora evitó dar a conocer su posición.Los integrantes de Cambiemos son los senadores Miriam Boyadjian, Néstor Braillard Poccard y Naidenoff, y los diputados Pablo Tonelli, Ezequiel Fernández Langan, Luis Petri, Martín Hernández y Fernando Iglesias.
Precisamente, en este caso, será de vital importancia la decisión que adopte Fiore Viñuales, quien está alineada con el gobernador de su provincia, Juan Manuel Urtubey. Si bien acompañó en varias oportunidades a Cambiemos, también mostró un alto nivel de independencia. Su voto es una incertidumbre, pero fuentes cercanas a la legisladora indicaron que no estaría satisfecha con el texto.
Cabe recordar que para validar el decreto basta con la aprobación de una de las dos Cámaras, mientras que para invalidarlo es necesario el voto de ambas.
En qué consiste la norma
El Gobierno justificó la aplicación del régimen por decreto, al señalar que "la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado, en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos".La norma prevé la creación de "una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos" previstos en el régimen, que incluyen los que tienen que ver con aquellos contra el patrimonio público, así como el narcotráfico y el crimen organizado.
También sostuvo que "el fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme costo para la operación eficaz del Estado, a la vez que daña el tejido social y desincentiva el cumplimiento de la ley".
Y advirtió que "el enfrentamiento a los grupos criminales complejos implica una serie de desafíos que están dados por la magnitud de los recursos que manejan, su grado de organización y sofisticación, lo que hace necesario abordar este flagelo desde diversas perspectivas".
Así, el Poder Ejecutivo señaló que a través de la norma se busca proveer al Ministerio Público Fiscal de "herramientas concretas para llevar adelante juicios contradictorios, donde quienes sean acusados de la comisión de los delitos" previstos sean "sometidos a una investigación con el objeto de determinar si su patrimonio o parte de él está constituido por causa ilícita".
Al respecto, se busca "extinguir por vía de una acción civil el derecho sobre los bienes que hayan sido mal habidos por efecto de actos de corrupción o crimen organizado, a fin de recuperarlos en beneficio del conjunto de la sociedad"."Se regula por el presente una acción civil de carácter patrimonial a través de la cual, a raíz de la sospecha fundada sobre la comisión de un delito grave, el Estado cuestiona la titularidad de un bien cuando no se corresponde razonablemente con los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representa un incremento patrimonial injustificado", se informó.
Tras recordar que un proyecto en este sentido obtuvo media sanción en 2016 en la Cámara de Diputados y también en 2018 por el Senado, advirtió que "el proyecto lleva así más de dos años de trámite legislativo sin resolución, por lo que urge otorgar a la Justicia herramientas eficaces para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar el patrimonio estatal".
De acuerdo al régimen creado, podrán quedar bajo la mira de la Justicia "aquellos bienes incorporados al patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado que, por no corresponder razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representar un incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente de uno de los delitos" previstos.
Los bienes sometidos a la acción de dominio quedarán a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en tanto que "el dinero en efectivo o depositado en cuentas bancarias a la vista será transferido a una cuenta especial que devengue intereses a fin de mitigar su depreciación, y los instrumentos financieros con cotización en mercados regulados nacionales o internacionales serán administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad" que funciona en la ANSES.
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