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El Presupuesto aprobado por Diputados prevé gastos por $21,5 mil millones que no tienen financiamiento

Es una de las conclusiones del último informe que publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso. El Gobierno espera aprobar la “ley de leyes” el próximo miércoles 14. Los puntos principales de los cambios realizados por los diputados.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó a fines de octubre el Proyecto de Ley de Presupuesto 2019 y, luego de que ayer se firmara el dictamen en la Comisión de Presupuesto del Senadoahora depende de los senadores que se convierta en ley.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), una dependencia legislativa que tiene entre sus funciones analizar las estimaciones del proyecto y que está dirigida por Marcos Makón -ex subsecretario de Presupuesto en la presidencia de Carlos Menem y ex ministro de Desarrollo Social y Medio Ambiente en la presidencia de Fernando de la Rúa-, realizó distintos informes sobre este proyecto. A continuación un repaso por los principales datos:

¿Qué cambiaron los diputados y qué consecuencias podría tener?

Como se explicó en esta nota, los legisladores discuten el proyecto que propone el Gobierno y, una vez que se negocian distintos cambios, la “ley de leyes” pasa al recinto para que lo voten. Sin embargo, los diputados aumentaron los gastos del Estado para 2019 por encima de lo que aumentaron los recursos, lo que podría significar que bajen otros gastos o que el déficit primario (es decir, sin contar intereses) del 0% que propuso el Gobierno al enviar el proyecto de presupuesto se vea levemente modificado.
Según un informe de la OPC, los diputados modificaron 24 artículos del proyecto inicial que había enviado el Poder Ejecutivo Nacional, así como eliminaron 18 e incorporaron otros 16. Estas modificaciones aumentaron el gasto en $24 mil millones, un aumento del 0,6% de los gastos totales.
Entre los nuevos gastos se destacan la facultad al jefe de Gabinete, Marcos Peña, para que pueda ampliar programas específicos, como el Conicet, la Sedronar u otros (las 19 ampliaciones suman $7,6 mil millones), así como un fondo de compensación por el traspaso de los subsidios nacionales al transporte público a las provincias ($6,5 mil millones) y la ampliación de transferencias a cajas previsionales provinciales ($5 mil millones).
Además, la Cámara baja aprobó diferentes proyectos impositivos entre los que se destaca el nuevo régimen establecido para el impuesto a los Bienes Personales, que haría crecer los ingresos para 2019 pero en $2,7 mil millones (0,1% de los ingresos). “Por lo tanto, existiría una brecha sin financiamiento”, sostiene el informe, que la calcula en $21,5 mil millones.
En este sentido, el análisis afirma que esta brecha tiene dos caminos para su financiamiento: la primera es reducir otros gastos; la segunda, obtener fuentes de financiamiento adicionales. La Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió que si se usara la segunda opción (o una combinación de ambas opciones) se estaría alterando los déficit primarios y financieros. Sin embargo, esta brecha no sería importante en términos del Producto Bruto Interno (PBI): representaría sólo cerca del 0,1% del Producto estimado para 2019.

¿Qué pasa si no se cumplen las previsiones del Gobierno?

Al presentar el proyecto inicial de presupuesto, cada Gobierno estima allí los principales indicadores del año entrante. Aunque, como se explicó en esta notaestas previsiones no siempre -o más bien, casi nunca- se cumplen en su totalidad. Para 2019 el Gobierno estima una baja de 0,5% del PBI, un 23% de inflación (entre diciembre de 2018 y diciembre 2019) y el dólar promedio se ubicaría en $40.
Pero, ¿cómo podría influir en 2019 si no se cumplen estas previsiones? Según una estimación de la OPC, lo que más afectaría al objetivo de déficit fiscal cero sería una mayor caída de la actividad de la pronosticada. Así, por cada punto de más que cayera el producto, el déficit primario aumentaría en 0,4% del PBI. Además, como parte de la deuda nacional es en dólares, un incremento adicional del 1% en el valor del dólar del año que viene implicaría pagar $4,5 mil millones adicionales de intereses de la deuda.


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