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El Gobierno enfrenta en tribunales internacionales 124 juicios que totalizan más de u$s9.000 millones, "un problema que pronto podría escalar y terminar impactando en el precio de los bonos", de acuerdo a un informe privado.
Se trata de demandas presentadas en la corte del distrito sur de Nueva York, Florida, Alemania, el Ciadi y la ONU, por parte de los holdouts que no ingresaron al canje de deuda, y empresas que exigen un resarcimiento por incumplimientos de contratos y perjuicios por expropiaciones realizadas durante el kirchnerismo.
De acuerdo al relevamiento realizado por el analista Sebastián Maril, de Research for Traders, publicado por Bae Negocios, el mayor monto reclamado es el del Grupo Petersen por la estatización de YPF, que podría costar unos u$s3.330 millones si el país recibe una sentencia en contra.
En este caso, el Ejecutivo evalúa recurrir a la Corte Suprema, así como en el que inició Eton Park Capital por el mismo motivo y por el que pretende cobrar u$s495 millones. En ese sentido, también hay u$s1 millón en juego en las cortes de Florida a raíz de una demanda de Engage Aviation.
Lo cierto es que en el Ciadi la Argentina tiene 4 casos con sentencia en contra emitida por los tribunales del Banco Mundial, por u$s445 millones.
Por otro lado, sobre otros tres fallos por u$s742 millones se solicitó la anulación, en tanto hay u$s1.600 millones de cinco demandas que aún están en litigio. Por su parte, hay cinco juicios por u$s1.000 millones en donde las dos partes están negociando.
Según el último informe que presentó el jefe de Gabinete Marcos Peña al Congreso, las empresas beneficiadas con fallos en el Ciadi son Teinver por Aerolíneas Argentinas, y Suez, Hochtief y Mobil Exploration por considerar que fueron perjudicadas por la política tarifaria y energética del kirchnerismo. Mientras, las causas que iniciaron Metlife, Abertis, Casinos Austria y Salini Impregilo están pendientes de resolución.
En cuanto a los que tiene el país en la comisión de las Naciones Unidas por el Derecho Mercantil, suman diez por u$s841 millones. En tres de ellos hay sentencia en contra -la Argentina ya pidió anularla en dos-, 6 están en litigio y en uno las partes están negociando.
Para Maril, el Gobierno debe prestar atención a los holdouts que aún quedaron fuera de los canjes y ya suman 93 nuevas demandas en contra del país en Estados Unidos por más de u$s629 millones, y u$s180 millones en las cortes alemanas.
"Se equivocó muchísimo. Tienen que negociar y pagarles", evaluó. El experto recordó que la postura del Ejecutivo de no ofrecer más dinero radica en que con la ley de pago a los fondos buitre "encubrieron una nueva ley cerrojo" que impide mejorar las ofertas a los que quedaron afuera, que comprenden el 2% de los tenedores de la deuda en default.
La lista elaborada por Maril no incluye las demandas contra provincias y empresas argentinas, por ejemplo la que inició Maxus Energy ante la corte de Delaware contra YPF y Repsol por daño ambiental. Reclama u$s14.000 millones, una cifra a todas luces exagerada, que difícilmente convaliden los tribunales estadounidenses.
El informe de RfT plantea que "la Argentina está empezando a experimentar un sentimiento persistente de que los problemas legales sin resolver fuera del territorio puedan escalar pronto en algo tan importante que pueda trastornar el precio de los bonos, ya golpeados por los eventos recientes".
"Si bien por ahora el daño potencial está bajo control, la administración de Macri ha sido advertida una y otra vez a que frene de una vez la mayor parte de los reclamos internacionales antes de que compliquen a lo que de otra manera sería una economía estable", reza el documento.
"Mientras se mantenga tan sólo un demandante descontento continúe enfrentando a la Argentina en una corte internacional, la probabilidad de una decisión judicial contra el país se incrementa y es un mal consejo para el Gobierno sentarse quieto y mirar cómo una situación manejable escala hacia algo más serio", concluye el reporte de RfT.
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