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Hugo Moyano abrirá otro frente de conflicto. En paralelo a las causas que enfrenta en la Justicia y a la demostración de fuerza callejera que anunció para el 21 de febrero, el camionero presentará una denuncia ante la oficina en Buenos Aires de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para contener los "ataques" del Gobierno, en particular una posible intervención de su gremio y las presiones para modificar el convenio colectivo.
El sindicalista apuntará contra diferentes organismos estatales, entre ellos el Ministerio de Trabajo, a los que responsabiliza de violar derechos y garantías constitucionales, y los propios convenios de la OIT. Lo hará el 22 de febrero a las 16, al día siguiente de la protesta convocada por él y su hijo Pablo Moyano con la que esperan movilizar "un piso de 200 mil personas".
Cerca de Moyano ven un avance del oficialismo en múltiples frentes en una dirección similar a otros casos en los que la Justicia intervino la obra social a partir de una denuncia de corrupción (marítimos) o bien el sindicato cuestionado por las autoridades terminó aceptando una negociación a la baja, con la inclusión de cláusulas de productividad y la pérdida de beneficios (lecheros).
"Estamos denunciando todo lo que nos hace el Ministerio de Trabajo como la quita de antigüedad en el convenio colectivo y la denuncia que nos hace Ocaña para intervenir la obras social", reconocieron fuentes de Camioneros.
La reacción defensiva del sindicalista llega en medio de una intensificación de las causas judiciales en su contra por presunto lavado de dinero, evasión impositiva y el traspaso de fondos millonarios a favor de empresas de su familia. El último de estos embates ocurrió el miércoles con la ampliación de una denunciadel 2011 por parte de la diputada Ocaña, quien lo acusa de desviar hacia su familia fondos del gremio y la obra social, por lo que pidió su intervención.
Por otra parte, la cámara de la actividad incrementó en las últimas semanas la presión sobre el líder sindical para que acceda a revisar su convenio y reducir de 1 a 0,5% el adicional por antigüedad, un ítem que representa unos $1.500 en un salario promedio de $30.000. En momentos que el Gobierno busca bajar el costo logístico, la Federación de Empresas de Autotransporte de Carga puso ese punto como condición para negociar paritarias. La próxima reunión tendrá lugar el 19 de febrero, a dos días de la movilización.
En ese marco, el camionero busca llamar la atención de los funcionarios de la OIT de Ginebra con la denuncia que presentará. La idea es que la Comisión de Normas emita una advertencia al Gobierno en su próxima conferencia "para que el Estado cese la conducta persecutoria" y además que envíe una misión de expertos internacionales para verificar el cumplimiento del convenio 87 y 89, que según el sindicalista fueron violados por las autoridades. Estos garantizan la libertad sindical y prohíben la suspensión administrativa como la injerencia de los empleadores.
La OIT se convirtió en un receptáculo de denuncias sindicales en el último tiempo. Las CTA y gremios de la CGT, como aceiteros y azucareros, ya recurrieron al organismo ante lo que perciben como un mayor intervencionismo del Estado en las paritarias, la negociación de los convenios y el derecho de huelga. Los abogados de Moyano apuestan a lograr un golpe de efecto, convencidos de que sus recomendaciones son sensibles para el macrismo.
El equipo legal del camionero cuenta a favor con el antecedente del 2012, cuando la oficina de Ginebra falló a su favor en medio de la ruptura de la CGT en tres pedazos. En aquella ocasión, el enfrentamiento fue con Cristina Kirchner, quien salió a reconocer a la fracción "Balcarce", encabezada por el metalúrgico Antonio Caló, como la representación auténtica de los trabajadores. Pero la OIT le dio la razón a la CGT Azopardo, liderada por Moyano.
Al igual que en aquel entonces, el camionero reflotó en estos días su alianza con los gremios duros peronistas, las dos CTA y los movimientos sociales. Es un reflejo de la ruptura de la CGT, donde el ala dialoguista juega a hacerle el vacío y el gastronómico Luis Barrionuevo empezó a tomar distancia de la protesta. Pero también es una señal de la influencia del Gobierno a través de los fondos para las obras sociales y las denuncias contra la "mafia sindical".
iprofesional
Por otra parte, la cámara de la actividad incrementó en las últimas semanas la presión sobre el líder sindical para que acceda a revisar su convenio y reducir de 1 a 0,5% el adicional por antigüedad, un ítem que representa unos $1.500 en un salario promedio de $30.000. En momentos que el Gobierno busca bajar el costo logístico, la Federación de Empresas de Autotransporte de Carga puso ese punto como condición para negociar paritarias. La próxima reunión tendrá lugar el 19 de febrero, a dos días de la movilización.
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