Por
Jorge R. Enríquez
El
doctor Raúl Zaffaroni, a través de un reportaje, convocó a la
"resistencia" contra el gobierno de Mauricio Macri. El ex
juez de la Corte Suprema sostuvo: "Esto también va a pasar,
como pasamos la dictadura, el menemismo, a Cavallo".
Zaffaroni
vuelve a demostrar que le queda muy grande el cargo de juez de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, como le quedó grande el de
juez de la Corte Suprema de la Argentina, porque - pese a su
discutible erudición técnica - se dedica desde esas altas funciones
jurisdiccionales a actuar en favor de una parcialidad política de un
modo desembozado y rastrero. La resistencia se puede predicar
respecto de dictaduras. En la democracia hay gobierno y oposición,
que se reconocen recíprocamente legitimidad. Pero Zaffaroni no tiene
claras esas distinciones, como queda en evidencia cuando equipara los
gobiernos de Macri y de Menem con los de la última dictadura
militar, aquella en la que fue juez y no osó asomar la cabeza para
conceder hábeas corpus ni para denunciar las atrocidades que
sucedían.
Esas
declaraciones se inscriben en la línea fijada por Cristina Kirchner
desde que su agrupación política perdió las elecciones
presidenciales de 2015: negar la legitimidad del gobierno de
Cambiemos. La ausencia de la ex presidente en el acto de asunción de
Mauricio Macri fue el inicio de ese modus
operandi, de
magra cosecha en las urnas, como se vio hace pocos meses. Hablar de
"resistencia" y asociar a Macri, aunque sea indirectamente,
con la dictadura, es una nueva manifestación tendiente a
deslegitimar a Cambiemos.
Este
jurista, tan versado como versero, parece estar siempre incómodo en
las funciones públicas a las que accede. Cuando fue legislador
porteño, lo designaron presidente de su bloque, el del Frepaso, pero
pocas veces concurría a las sesiones: prefería dedicar su tiempo a
los viajes académicos. Algo similar le ocurrió más adelante en la
Corte Suprema, pero en este caso sus ausencias no eran lo más grave,
sino el inicio de una conducta que se fue consolidando a lo largo del
tiempo y ya es ahora diáfana para todo el mundo: su condición de
operador político al servicio del kirchnerismo. Ese sesgo se reflejó
no solamente en sus votos, sino en numerosas declaraciones
periodísticas y conferencias en las que se manifestaba abiertamente
como soldado de una facción partidaria.
Mientras
tanto, graves episodios que enturbiaban su figura de pope jurídico
del mal llamado progresismo, como la revelación de un prostíbulo
que funcionaba en uno de sus departamentos -en momentos en que crecía
el repudio social a la trata de personas -, no mancillaban sus
pergaminos a los ojos de los sedicentes progresistas. Al contrario,
al conocerse esas denuncias, cuya veracidad nunca se puso en duda, se
le realizó un pomposo acto de desagravio en la Facultad de Derecho.
Se ve que la verdad, cuando afecta a ciertos personajes, es un
agravio. Nada puede
cuestionar
el "relato", que ahora se llama "posverdad".
Su
salida de la Corte Suprema ha sido muy beneficiosa para el alto
tribunal, que ahora está integrado en su totalidad por juristas
apegados a la eminente tarea de interpretar y aplicar el derecho
vigente, antes que a crearlo según las cambiantes conveniencias
políticas.
Esa
es la buena noticia. La mala es que haya sido designado juez del
tribunal regional de derechos humanos, que no gana en prestigio al
estar integrado por quien ha resuelto hace muchos años dejar el
camino del Derecho para convertirse en un vulgar operador político
Con
sus declaraciones demuestra que carece de independencia e
imparcialidad, condiciones mucho más importantes que la erudición
técnica para un magistrado. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos necesita jueces, no lobistas.