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La historia es digna de un trabalenguas, o bien podría ser parte de un cuento de la saga de “Elige tu propia aventura”. La Semana Santa de abril de 2012, cuatro meses después de asumir como vicepresidente de la Nación con un apabullante 54% en las urnas, a Amado Boudou se le quemaron todos los papeles, se le abrieron dos causas judiciales por corrupción, y tuvo que salir a buscar responsables.
Le apuntó a Esteban Righi, entonces procurador, por ser parte del estudio de abogados que, dijo, le ofreció asesorarlo de manera non sancta en sus causas en Comodoro Py. La acusación se desvaneció con el tiempo, pero Righi se sintió humillado y decidió dar un paso al costado.
El kirchnerismo, a partir del capricho de Boudou, salió a buscar un nuevo jefe de fiscales. Intentó sin éxito con Daniel Reposo, “flojo de papeles”, y terminó promoviendo la candidatura de Alejandra Gils Carbó, que cinco años después acaba de renunciar, acorralada por denuncias en la Justicia y por los embates del macrismo que la tilda de procuradora militante.
La introducción sirve para entender cómo el entramado en torno a Boudou marcó el principio del fin en el último lustro de la gestión K. Ciccone, la renegociación de la deuda de Formosa, la compra de autos de lujo desde el Ministerio de Economía y otras investigaciones por lavado. De todas fue partícipe Boudou, y cada una, foja por foja, fueron incluidas en el expediente gigantesco en el que se fue convirtiendo con el paso del tiempo el denominado caso contra el ex Vice, denominado “Enriquecimiento ilícito”.
En tándem, el juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello le dieron forma a una causa en la que no hizo falta ni siquiera citar, hasta hoy, a una indagatoria a Boudou. Apuntado por entorpecer la investigación, el ex ministro de Economía fue detenido en su domicilio, en pijamas, y casi dormido. Y pasó a ser parte de una extensa lista de funcionarios del Gobierno anterior en ir a prisión, que en la Justicia creen, puede ser más grande hasta fin de año.
La detención de Boudou obedece también a una reacción de la Justicia, apuntada por demorar el curso de los expedientes de manera injustificada. Esta semana, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó una denuncia contra Lijo por, llanamente, dormir expedientes. El juez, de rápida respuesta, despertó el más sensible que descansaba en su juzgado.
El otro apuntado por la denuncia fue Daniel Rafecas, a quien el Gobierno, con el aval del radicalismo y de parte del PJ, pretende destituir como juez en el Consejo de la Magistratura. Entre otros motivos, por intercambiar mensajes de Whatsapp con involucrados en la causa Ciccone, cuando él era el juez a cargo. Porque todo tiene que ver con todo.
Nombrados ambos por el kirchnerismo en 2004, Rafecas y Lijo también tuvieron acceso a la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner, por encubrimiento a Irán, pero decidieron no intervenir. La Justicia recién la abrió este año y la ex presidenta declaró hace apenas ocho días. A diferencia de otros pasos por Comodoro Py, no estuvo “aguantando los trapos” Boudou, el hombre que un sábado invernal de 2011, CFK eligió para que sea su compañero de fórmula. Todo lo que vino después, es historia conocida de un relato que todavía no terminó de escribirse.
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