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La mayoría independentista del Parlamento de Cataluña aprobó el miércoles en medio de una fuerte polémica la admisión a trámite de la ley con la que quiere convocar el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, pese al rechazo frontal del Gobierno español, que inició acciones legales para frenarla.
Aunque la norma que pretende dar amparo legal al referéndum no estaba en el orden del día, los partidos soberanistas que son mayoría en la cámara -JXS y CUP- forzaron su inclusión, lo que generó duras intervenciones de la oposición entre acusaciones de saltarse la legalidad o "cacicada".
Tras su admisión a trámite, el pleno del Parlamento, que vivió por la mañana y primera hora de la tarde momentos de caos y tensión con varias interrupciones de la sesión, debe aún debatir y votar la norma, sin que haya aún una previsión sobre la hora de la votación.
"Defendemos que el debate que se propone es un ejercicio del derecho interno y del derecho internacional", dijo la diputada de JXS Marta Rovira ante la cámara, antes de que se suprimieran varios trámites para propiciar el debate.
En respuesta a Rovira, diputados de Ciudadanos, PSC, PP e ICV-EUiA acusaron a la coalición gobernante de prácticas no democráticas y de deslegitimar el Parlamento catalán, llegando el PSC a anunciar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos de los diputados.
"Todo lo que estamos haciendo hoy aquí, con esta vulneración de reglamentos, está convirtiendo el Parlament en el Teatro Nacional de Cataluña. Están desacreditando esta Cámara", dijo Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, principal partido de la oposición en Cataluña.
Tras más de cuatro horas de tensión y después de que la Mesa del Parlament desoyera los avisos de los servicios jurídicos de la cámara, el Gobierno español anunció que recurriría al Constitucional por el incumplimiento de varias de sus sentencias.
"El abochornante espectáculo (..) demuestra que quienes están al frente de sus instituciones en el Parlament y la Generalitat se acercan más a regímenes autoritarios y dictatoriales que a una democracia", dijo la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en Moncloa.
En caso de que finalmente la ley se apruebe, el Gobierno español pediría un informe al Consejo de Estado e iría con él al Constitucional para pedir que dejen sin efecto los acuerdos y se pidan responsabilidades penales a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
INCERTIDUMBRE SOBRE QUÉ HARÁ EL GOVERN
En otra vuelta de tuerca jurídico-política, la propia Forcadell recusó el miércoles por "falta de imparcialidad" a los doce magistrados del Constitucional que tienen que decidir sobre Cataluña.
En el probable caso de una paralización de la ley del referéndum por parte de la justicia, no está claros cuáles serán después los pasos del Gobierno catalán, cuyos máximos responsables podrían llegar a ser suspendidos.
La Generalitat dice que una norma aprobada por la cámara regional les daría las garantías necesarias -urnas, censo, papeletas, centros de votación- para consultar a unos 5,5 millones de catalanes sobre su relación con España, mientras mantiene con gran secretismo los detalles de cómo lo llevará a cabo.
Aunque según los sondeos es mayoritario el deseo en Cataluña de celebrar una consulta de autodeterminación, la opción independentista ha ido perdiendo fuerza recientemente y no alcanzaría el 50 por ciento en la sociedad catalana.
reuters
