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Presionado los pueblos originarios, el Gobierno acepta la ley que impide los desalojos

Enredado en la crisis política por la desaparición de Santiago Maldonado, el Gobierno evitó comprarse un problema extra con los pueblos originarios y anunció que avalará la prórroga de la ley de emergencia que les garantiza la posesión de tierras, luego de que ayer amenazaran con acampes hasta que el Congreso la apruebe.
"Acompañaremos la prórroga de la Ley 26.160 pedida por las comunidades originarias", anunció el jefe de gabinete, Marcos Peña, luego de una jornada en la que los representantes de las comunidades se hicieron sentir en el Senado, empujados por Pino Solanas que en la última sesión fracaso en su intento por imponer la prórroga.
Posiblemente, la prórroga se trate en el Senado el próximo miércoles, como le había prometido Federico Pinedo a Solanas cuando pospuso el tratamiento.  
Peña no dio precisiones sobre si impondrán alguna modificación sustancial en el texto de la norma, ya que como explicó en el Gobierno no están conformes con los métodos de identificación de las comunidades y preferirían una ley marco. "Seguiremos trabajando desde el INAI en el relevamiento de tierras que permita solucionar el tema", se limitó a informar el jefe de Gabinete.  
El problema del Gobierno para imponer un proyecto más amplio era el tiempo. Es que la última prórroga de la emergencia establecida en la ley 26.160 vence en noviembre y si hasta esa fecha no se extiende el plazo los jueces podrán echar a los pueblos originarios sin título de propiedad, lo que derivaría en una crisis seria justo en momentos en que escala el conflicto mapuche.
Como contó este portal, antes del anuncio de Peña en el Congreso circulaba fuerte la versión de que para contener la presión, el Gobierno extendería la emergencia por un año y ganaría tiempo para elaborar un proyecto más amplio, una idea que fue respaldada por Miguel Pichetto que no quiere hacerle concesiones a las comunidades. 
Habrá que ver si esta idea conforma a los pueblos originarios, que ayer en el Senado dejaron claro que quieren la prórroga por cuatro años, un proyecto que ya tiene dictamen de comisión de la cámara alta. En tal caso, una vez sancionada esa extensión, están dispuestos a debatir una ley marco.