El oficialismo admite que podría destituir por decreto a Gils Carbó

Ante el inminente pedido de declaración indagatoria por parte del fiscal Eduardo Taiano, el macrismo aceleró la embestida contra la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y ya admite abiertamente la posibilidad de removerla por decreto, como reveló LPO.

Como explicó este medio, el presidente tomará esa decisión si la procuradora es procesada por el juez federal Julián Ercoloni en la causa por irregularidades en la compra millonaria de un inmueble. Este martes, se daría el primer paso en ese sentido cuando el fiscal Taiano pida la indagatoria de Gils Carbó, según trascendió en las últimas horas.El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el oficialista Pablo Tonelli, aseguró que Mauricio Macri no descarta "para nada" echar a Gils Carbó por decreto.
Desde hace meses Tonelli impulsa la destitución de Gils Carbó por decreto. Meses atrás le contó a LPO que se le recomendó a Macri ni bien asumió, pero no tomó su consejo. "Opinaron otros y se hizo otra cosa", se lamentó el diputado. En ese momento, asesorado por Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el presidente prefirió gastarse la bala de un decreto de alto impacto institucional para nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rosencrantz en la Corte Suprema. Fracasó.
Tonelli insistió este martes con su idea y aseguró -en una posición muy polémica- que no es necesario recurrir al juicio político para la destitución de Gils Carbó porque, según su análisis, la Ley Orgánica del Ministerio Público que lo establece es "inconstitucional".   
"El mecanismo de juicio político para remover al Procurador General de la Nación está previsto en la Ley orgánica de la propia Procuración. Pero hay jurisprudencia de la Corte Suprema sobre que ese procedimiento solo lo puede establecer la Constitución, y si eso no ocurre, el hecho de que lo establezca la ley es inconstitucional y no sería aplicable", aseveró Tonelli. 
El diputado macrista mencionó que existe un antecedente, el del ex titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas entre 1984 y 1991, Ricardo Molinas, que fue destituido por el ex presidente Carlos Menem en febrero de ese último año.  
La estrategia de la procuradora por estas horas se limita a que algún juez o fiscal declare inconstitucional su desplazamiento por DNU, si finalmente sucede, pero no podría evitar que el tema finalice en la Corte Suprema, donde nadie la respalda.
Ante esto, ayer rompió el silencio y salió a defenderse por los medios. "Sería un acto totalmente inválido. Si es necesario haría acciones judiciales. Habría una muy fuerte reacción de los organismos institucionales. Yo no puedo acatar un acto de esa invalidez", dijo ante la posibilidad de que la echen por decreto.