Dictadura cívico-militar, corrupción público-privada

Las empresas argentinas vinculadas, como la de su primo Angelo Calcaterra, sufrirán igual condena pública.

Jorge Fontevecchia 

Corcho Rodriguez: con Jorge Born y su secuestrador, Galimberti, ahora ligado a Odebrecht. / Ducler acusó a Eskenazi de testaferro de Kirchner en YPF. Foto:Cedoc Perfil

—¿El caso Lava Jato muestra que una buena estrategia para desenmarañar la tela de la corrupción sería empezar por el sector privado?

—Se constató que varios de esos empresarios se reunían previamente y definían quién iba a ganar ese contrato de Petrobras. Como participaban en las licitaciones, la empresa definida como ganadora tenía la chance de presentar una propuesta de precios sin que hubiera competencia real, y tenía la cobertura de las demás. El enfoque tiene que ser amplio y abarcar siempre al que pagó y al que recibió. Tenemos la costumbre, por lo menos existe en Brasil, de encontrar la culpa sólo en el poder público, como si las entidades privadas muchas veces no fueran también partícipes de esos delitos. Las empresas privadas, que le tienen todo ese aprecio al mercado, tienen que preocuparse por tener un mercado limpio.

(Juez Sérgio Moro,  reportaje de PERFIL)

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Una controvertida ley de la provincia de Buenos Aires obliga a los funcionarios públicos a referirse al gobierno de 1976-1983 como “dictadura cívico-militar”. No se trata sólo de un exceso legislativo del senador y ex intendente kirchnerista de Lanús Darío Díaz Pérez, en Uruguay se denomina al gobierno de 1973-1985 “dictadura-cívico-militar”, y aún en el militarizado Chile también se cita el período 1973-1990 como una “dictadura cívico-militar”. El diario El Mercurio se convirtió en la principal empresa de medios de Chile porque Pinochet clausuró todos los demás. 

Los empresarios pasarán a ser tanto o más cuestionados que los funcionarios que recibieron sus coima

De la dictadura cívico-militar de Brasil, el libro Brazillonaires, de Alex Cuadros, citado por la revista Crisis, cuenta: “Las grandes constructoras (empreiteiras) alimentadas por la teta del Estado germinaron con dedicación durante la dictadura 1964-1985. En esos años Camargo Corrêa (ahora acusada con Techint de pagar juntas coimas en Brasil) construyó la represa de Itaipú y Odebrecht, las primeras plantas nucleares de Brasil. La interdependencia entre las empreiteiras y el Estado llegó al punto de que fueron ellos quienes financiaron ilegalmente la totalidad de la Operación Bandeirantes: OBAN, los famosos comandos parapoliciales destinados a chupar y torturar activistas de izquierda en los años 60 y 70. Entre esos militantes está Dilma Rousseff, quien contó: “La primera vez que tuve una hemorragia urinaria fue en OBAN”.

Dilma, convertida en presidenta, mantuvo la alianza de corrupción con las empreiteiras, tan paradójico como en la Argentina el más famoso secuestrado de Montoneros, Jorge Born, asociándose a Galimberti, uno de sus secuestradores, junto al por entonces emergente Jorge “Corcho” Rodríguez, quien ahora vuelve  a la controversia pública como vinculado a los negocios de Odebrecht en Argentina intermediando con el Ministerio de Planificación de Julio De Vido y José López.

Dilma, Odebrecht o Corcho Rodríguez, secundario actor en la trama de los rulos de la historia, demuestran que hay invariables: para que haya ilegalidad en el Estado, política o económica, hay partícipes necesarios privados. Otro ejemplo ahora son las acusaciones del sospechosamente fallecido Aldo Ducler sobre corrupción en la compra de YPF (nuestra Petrobras) por parte de la familia Eskenazi como testaferros de Kirchner.

Temerarios que doblan siempre la apuesta se repiten beneficiándose de la ilegalidad política y económica

En Brasil se avanzó en los juicios contra la corrupción porque el juez Moro puso foco en investigar y procesar primero a los privados para, con sus confesiones, llegar después a los funcionarios públicos. Se equivoca Macri si cree que el escándalo de las coimas pagadas por Odebrecht en la Argentina se acabará con las condenas a Julio De Vido, José López y algún otro funcionario kirchnerista que haya recibido esas coimas. Las empresas argentinas vinculadas, como la de su primo Angelo Calcaterra, sufrirán igual condena pública. En Brasil, no se juzga principalmente a los políticos sino a los empresarios que pagaron coimas. Así como la dictadura fue cívico-militar, la corrupción fue público-privada. 

La subjetividad de época sobre la corrupción cambió como en otros delitos, donde el partícipe necesario se transformó en principal agente de ese delito. Los empresarios quizá tampoco estén percibiendo bien esa transformación.

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