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El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Isidro José Parrilli presentó el pasado viernes 3 de febrero una recusación al Dr. Ariel Lijo, conforme los términos del art. 55 del digesto procesal, bajo la causal de enemistad manifiesta (inc. 11) por la filtración de las escuchas ordenadas en la causa CFP 481/2016 - Juzgado Federal 4 - Secretaría 8.
La solicitud se presentó al reinicio de la actividad judicial dado que las filtraciones a la prensa de las escuchas realizadas al Dr. Parrilli se produjeron en el mes de enero de 2017, lo mismo que las siguientes manifestaciones del Sr. Juez por la prensa gráfica y radial:
La presentación completa puede descargarse aquí:
https://www.dropbox.com/s/
En segunda instancia, el lunes 6 de febrero, el Dr. Parrilli presentará una solicitud al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se inicien actuaciones sumariales tendientes a dilucidar los responsables administrativos de la filtración de las escuchas que son de público conocimiento y que se apliquen las sanciones administrativas que correspondan.
Ello porque el tribunal, en tanto cabeza del Poder Judicial de la Nación, es el responsable del Departamento de Interceptación de Comunicaciones, y en este caso está en riesgo la credibilidad del Poder Judicial de la Nación, y con ella, el último eslabón de protección de los derechos de las personas.
La presentación completa puede descargarse de aquí:
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La solicitud se presentó al reinicio de la actividad judicial dado que las filtraciones a la prensa de las escuchas realizadas al Dr. Parrilli se produjeron en el mes de enero de 2017, lo mismo que las siguientes manifestaciones del Sr. Juez por la prensa gráfica y radial:
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En segunda instancia, el lunes 6 de febrero, el Dr. Parrilli presentará una solicitud al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se inicien actuaciones sumariales tendientes a dilucidar los responsables administrativos de la filtración de las escuchas que son de público conocimiento y que se apliquen las sanciones administrativas que correspondan.
Ello porque el tribunal, en tanto cabeza del Poder Judicial de la Nación, es el responsable del Departamento de Interceptación de Comunicaciones, y en este caso está en riesgo la credibilidad del Poder Judicial de la Nación, y con ella, el último eslabón de protección de los derechos de las personas.
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