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"Si hay más inmuebles para alquiler bien, pero si se retrae la oferta, el proyecto no tiene sentido", dijo a Télam el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Juan Bennazar.
En tanto, José Rozados, director del sitio especializado Reporte Inmobiliario dijo que "los propietarios pueden llegar a retraer la oferta de sus inmuebles debido a la extensión de los plazos del alquiler residencial, que de dos años pasan a ser de tres años".
A su turno, el miembro del consejo directivo del Colegio Inmobiliario de Buenos Aires (Cucicba), Mario Gómez, dijo a Télam que la iniciativa de la diputada del FPV rionegrino, Victoria Silvina García Larraburu, "pone más restricciones y dificulta la libre contratación entre las partes".
"Hay otro objetivo detrás de esto que es el de utilizar a los inquilinos para tener un proyecto político por detrás", dijo Armando Pepe, fundador de la CIA.
El proyecto lleva el plazo de los contratos de alquiler residencial de dos a tres años, pone topes a las comisiones de honorarios de las inmobiliarias, limita los ajustes del precio y establece un régimen anual para rediscutirlos. Indica que si hay una inflación superior al 10%, el precio del alquiler surgirá de un promedio entre la inflación y el salario.
"El proyecto no es positivo para el sector inmobiliario. No lo favorece. Termina impactando contra los que teóricamente quiere beneficiar, que son los inquilinos", reflexionó Gómez.
Agregó que los alquileres "nunca se ajustan más allá de la inflación" y señaló que "acá el error es pensar que hay una parte fuerte y una parte débil".
Gómez describió que, en la Argentina, los dueños de las propiedades no son grandes corporaciones sino miembros de la clase media que luego de ahorrar e invertir en la compra de una vivienda quieren obtener un ingreso por el alquiler.
"Los dueños quieren que el alquiler sea justo, así no pierden poder adquisitivo. La rentabilidad de un alquiler es baja, de 3% a 4% anual. Si las tasas de interés bajan, la gente va a abandonar las inversiones productivas, como la compra de inmuebles, y se va a dirigir a las inversiones financieras, ya que observan que depositando el dinero en el banco ganan más que poniendo el departamento en alquiler", reflexionó.
"Esto se contradice con el blanqueo, que procura traer dinero para invertir, y este proyecto desincentiva la inversión", aseguró Gómez y recordó la importancia de la inversión inmobiliaria al citar que de cada 100 inversiones dirigidas a la compra de una unidad para alquilar, se construyen otras siete nuevas unidades.
En tanto, José Rozados, director del sitio especializado Reporte Inmobiliario dijo que "los propietarios pueden llegar a retraer la oferta de sus inmuebles debido a la extensión de los plazos del alquiler residencial, que de dos años pasan a ser de tres años".
A su turno, el miembro del consejo directivo del Colegio Inmobiliario de Buenos Aires (Cucicba), Mario Gómez, dijo a Télam que la iniciativa de la diputada del FPV rionegrino, Victoria Silvina García Larraburu, "pone más restricciones y dificulta la libre contratación entre las partes".
"Hay otro objetivo detrás de esto que es el de utilizar a los inquilinos para tener un proyecto político por detrás", dijo Armando Pepe, fundador de la CIA.
El proyecto lleva el plazo de los contratos de alquiler residencial de dos a tres años, pone topes a las comisiones de honorarios de las inmobiliarias, limita los ajustes del precio y establece un régimen anual para rediscutirlos. Indica que si hay una inflación superior al 10%, el precio del alquiler surgirá de un promedio entre la inflación y el salario.
"El proyecto no es positivo para el sector inmobiliario. No lo favorece. Termina impactando contra los que teóricamente quiere beneficiar, que son los inquilinos", reflexionó Gómez.
Agregó que los alquileres "nunca se ajustan más allá de la inflación" y señaló que "acá el error es pensar que hay una parte fuerte y una parte débil".
Gómez describió que, en la Argentina, los dueños de las propiedades no son grandes corporaciones sino miembros de la clase media que luego de ahorrar e invertir en la compra de una vivienda quieren obtener un ingreso por el alquiler.
"Los dueños quieren que el alquiler sea justo, así no pierden poder adquisitivo. La rentabilidad de un alquiler es baja, de 3% a 4% anual. Si las tasas de interés bajan, la gente va a abandonar las inversiones productivas, como la compra de inmuebles, y se va a dirigir a las inversiones financieras, ya que observan que depositando el dinero en el banco ganan más que poniendo el departamento en alquiler", reflexionó.
"Esto se contradice con el blanqueo, que procura traer dinero para invertir, y este proyecto desincentiva la inversión", aseguró Gómez y recordó la importancia de la inversión inmobiliaria al citar que de cada 100 inversiones dirigidas a la compra de una unidad para alquilar, se construyen otras siete nuevas unidades.
