El
próximo martes aproximadamente 1.400.000 alumnos primarios y
secundarios de todo el país rendirán evaluaciones organizadas por
el Ministerio de Educación de la Nación, con el propósito de
obtener un diagnóstico sobre la calidad de la enseñanza en la
Argentina.
Las pruebas se
tomarán en más de 30.000 escuelas, colaborarán 31.365 directivos
como veedores y unos 71.606 docentes "aplicadores". Los
tests se tomarán a todos los estudiantes que estén cursando 6°
grado de primaria y 5° o 6° año del secundario, según el sistema
de nivel de cada jurisdicción, y una muestra representativa de
alumnos de 3° grado de primaria y de 2° o 3° año de nivel medio,
conforme al sistema que exista en cada provincia.
El ministro del
área, Esteban Bullrich, señaló que otro tipo de evaluaciones se
hacían cada tres años y que el actual gobierno nacional pretende
hacerlas anualmente. Bullrich expresó la finalidad de la nueva
modalidad: "Lo más importantes es que no había una devolución
a cada escuela. Hay que personalizar las respuestas. Hay que trabajar
en conjunto para entender que hay que llegar a soluciones
individuales".
Como era de
esperar, desde algunos gremios docentes y algunos grupos de padres se
rechazan las evaluaciones por considerarlas “un mecanismo
punitivo”, organizado de manera “inconsulta”, con “poca
información” y como una forma de fomentar la desigualdad, lo que
tendría un propósito “privatista”.
Privatistas son
es, en verdad, las políticas educativas aplicadas durante los
últimos años, que condujeron a una situación desastrosa a las
escuelas públicas y empujaron a las familias, aún las de menores
recursos, a buscar para sus hijos escuelas privadas que les
garantizaran no solo un mínimo de educación, sino el dictado mismo
de clases, porque quienes más sufren que no haya escuelas abiertas,
por paros o por cualquier otra causa, son los más pobres.
Las evaluaciones
no castigarán a nadie. Permitirán saber cuánto aprenden los chicos
y qué escuelas tienen mayores dificultades. Sin ese diagnóstico,
será imposible promover las soluciones que aseguren una educación
de calidad con estándares mínimos en cualquier punto del país.
El populismo
educativo es el mayor daño que se le puede causar a una comunidad, y
en especial a los sectores más vulnerables, para los que una buena
educación es una herramienta imprescindible para enfrentar una vida
digna; en definitiva, para ser verdaderos ciudadanos, que se valgan
por sí mismos y que puedan labrarse un futuro.
Bienvenido,
pues, este sinceramiento. Seguramente los resultados confirmarán la
generalizada idea de que la educación argentina fue llevada a
niveles de deterioro inimaginables en el país de Sarmiento, pero no
superaremos esa situación si no aceptamos primero la realidad.
En este campo,
también, se ha terminado el relato y comienza el camino de las
soluciones concretas. No hay política más progresista que la que
propende a una educación de excelencia para todos.