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El fiscal Carlos Stornelli retrocedió en la línea de tiempo de la investigación y pudo rastrear datos que datan de 1991.
La causa conocida como “La ruta del dinero K” investiga la circulación de fondos presuntamente desviados de la obra pública a partir del 2011. En este periodo entra en escena el adjudicatario y ex amigo de los K, Lázaro Báez.
Del periodo mencionado, la causa, a cargo del juez Sebastián Casanello, partió de la investigación de las operaciones realizadas en la SGI “La Rosadita”, la financiera a donde llegaban desde Santa Cruz los bolsos con dinero. La misma estaba ubicada en el Madero Center de Puerto Madero y era manejada por Federico Elaskar y Leonardo Fariña.
Lázaro Báez sospechaba del dúo a cargo de “La Rosadita”, por lo tanto le encargó a su contador, Daniel Pérez Gadín que controle un posible robo de dinero -porque quien roba a un ladrón…-; sin embargo, la trama había empezado mucho antes, incluso antes de la muerte de Néstor Kircher, que había acontecido en octubre de 2010.
El primer dato los dio el ahora arrepentido Leo Fariña, quien comenzó a colaborar con la justicia cuando la situación comenzó a tornarse realmente complicada para él. Según el ex valijero, Cristina y Lázaro había tenido encontronazos por cuestiones de dinero, después de la muerte de Néstor.
De acuerdo al relato, la ex mandataria y el empresario habían discutido por los porcentajes de unos 2.200 millones de dólares, que le habían sido adjudicados por Vialidad Nacional a Austral Construcciones, a través de las gestiones de los Kirchner, por supuesto.
Hasta aquí llegaba la investigación, que ya cuenta con argumento suficiente como para filmar una versión argentina de “La Gran Estafa”. Ahora, el fiscal Stornelli amplió la investigación hacia las dos décadas anteriores y hacia Ernesto Clarens, fundador de la financiera Invernest y ex operador de Néstor en sus años de gobernador de la provincia de Santa Cruz.
Según informó el periodista Daniel Santoro, de Diario Clarín, el fiscal radicó su denuncia en el Juzgado Federal N° 7 , a cargo de Casanello. En la misma solicita que la justicia investigue de manera efectiva estos años previos al 2011 para desentramar de cómo se armó.
