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La Cámara de Diputados debate el proyecto de ley ómnibus que contempla el pago a los jubilados que llevan adelante juicios por reajuste de haberes, la puesta en marcha de un plan de blanqueo de capitales y la eximición del pago del impuesto a las Ganancias en la primera cuota del Salario Anual Complementario-Aguinaldo para los trabajadores en relación de dependencia.
La iniciativa, a la que se le introdujeron modificaciones respecto al texto original que fueron aportadas fundamentalmente por el Frente Renovador y el bloque justicialista, se trata en una sesión que podría extenderse por espacio de al menos 15 horas.
El presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de diputados, el macrista Luciano Laspina, defendió el proyecto de pago a los jubilados y dijo que se trata de "una decisión valiente del presidente Mauricio Macri, de estricta justicia, que pone a nuestro sistema previsional conforme a derecho".
Al exponer en el recinto el proyecto, Laspina aclaró que la iniciativa "construye sobre lo hecho y no viene a dinamitar ninguna de las mejoras que se dieron en los últimos años en el sistema previsional, que tiene una alta cobertura a partir de los esfuerzos para subir la jubilación mínima".
"Teníamos que poner un freno a la enorme litigiosidad‘, aseguró el diputado macrista, al advertir que "pasaremos de 40.000 demandas a casi un millón de jubilados que resolverán su situación en un año".
Según el diputado del PRO, el proyecto "cumple con las sentencias de la Corte Suprema que venían siendo ignoradas o dilatadas en el tiempo", y puso de relieve que se trata de "un enorme esfuerzo fiscal".
Por su parte, el presidente de la comisión de Previsión Social en Diputados, Héctor Daer (FR-UNA), pidió "no retroceder a la noche negra de las AFJP". "Tenemos que dejar bien en claro en este recinto y comprometernos todos a (ir hacia) un sistema universal, solidario, sustentable, público y de reparto" lo cual, dijo, "es fundamental para no retroceder a la noche negra de las AFJP", manifestó el diputado y sindicalista.
El proyecto de ley, aseguró que permitirá que "tengan una agilidad para que no sigamos postergando indefinidamente el pago a los jubilados que tienen mal calculado su haber y mal calculada su actualización"
Destacó que el dictamen de mayoría "hace una propuesta de pagos del 50 por ciento en efectivo y el 50 por ciento en 12 cuotas trimestrales consecutivas que se irán actualizando" de acuerdo a la norma aplicable
El proyecto, que tras aprobarse será enviado al Senado, contaría con el respaldo de alrededor de 180 legisladores, entre los que se cuentan 90 del oficialismo, 35 del Frente Renovador-UNA, 15 del bloque justicialista y 10 de otros bloques menores como el Frente Cívico de Santiago del Estero y Juntos por una Nueva Argentina-conducido por el ex massista y ex kirchnerista Darío Giustozzi.
En tanto, desde el Frente para la Victoria adelantaron que votarán en contra del proyecto. Por la mañana, parte de los diputados que preside Héctor Recalde se concentraron en la puerta del Congreso con un grupo de jubilados en rechazo al texto acordado en comisión la última semana.
Lo concreto es que la iniciativa promovida por el gobierno tuvo durante su análisis en comisión casi una veintena de modificaciones respecto al texto original, para lograr así el respaldo mayoritario de las bancadas.
En ese marco, el oficialismo aceptó introducir algunos cambios que no formaban parte de su agenda, como la eximición del pago de ganancias del aguinaldo de junio y la cobertura de los déficits de las cajas provinciales.
No obstante, consiguió mantener los aspectos centrales del proyecto como la declaración de la emergencia previsional, la posibilidad de levantar la traba legislativa para vender acciones de empresas privadas que se encuentran en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otras cuestiones.
Además, el interbloque Cambiemos, que conduce el radical Mario Negri, acordó internamente promover algunas reformas como la modificación del artículo 85 que elimina penas a los periodistas por difundir información sobre quienes accedan al blanqueo de capitales, y la incorporación de jueces y legisladores a la lista de quienes no pueden acceder al blanqueo de capitales.
Uno de los puntos centrales acordados entre el oficialismo y la oposición estuvo centrado en los impuestos y las deudas provinciales, tanto para aquellos que necesitan cubrir los déficits de las cajas jubilatorios como aquellas que las cedieron pero tienen deudas con la Nación que, finalmente, las podrán cancelar en noventa meses.
En cuanto al tema tributario, se decidió quitar del proyecto el artículo 70 que preveía eliminar el impuesto a los bienes personales desde el 2019 pero mantuvo la disminución de la alícuota, y estableció que aquellos que no blanqueen capitales pero tienen sus deudas al día no pagarán por tres años este tributo.
También incorporó la posibilidad de que aquellos que no tengan bienes inferiores a 800.000 puedan acceder al beneficio de que no se les retenga el impuesto a las ganancias cuando perciban el aguinaldo en junio.
Otro cambio significativo está vinculado con la edad jubilatoria, ya que se estableció que habrá una moratoria para las mujeres por un plazo de tres años para que puedan acceder a la jubilación dado que la pensión por la vejez (que representa el 80 por del haber mínimo) se aplicará desde los 65 años.
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