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El Gobierno nacional anunció hoy que presentó una denuncia penal contra el Grupo Marsans por supuesto "fraude contra el Estado", por haberle cedido al fondo buitre Burford el juicio ante el CIADI, para lo que intervino un estudio de abogados local.
La demanda penal ante la Justicia Federal fue presentada esta mañana por Carlos Gonella, Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y Angelina Abbona, Procuradora del Tesoro.
La denuncia se produjo ante el posible fraude en la gestión de Aerolíneas Argentinas y Austral cuando las compañías eran gestionadas por el grupo español Marsans, el que suscribió un contrato que lo vincula con el fondo buitre Burford y con un estudio jurídico argentino para que lo patrocine ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en la expropiación de la línea de bandera.
La Procuradora del Tesoro recordó que el Grupo se presentó a reclamar ante el CIADI "alegando perjuicios que habían sufrido, tratando de injusta la expropiación" producida en 2008 y por la que reclama unos 1.400 millones de dólares.
Pero la funcionaria consideró que ese grupo "es deudor de la Argentina" ya que "por haber dejado en situación ruinosa" a Aerolíneas, el Estado nacional "tuvo que realizar inversiones". Por ello planteó al CIADI "reconvertir la demanda por 1.400 millones de dólares".
Abbona explicó que durante el procedimiento ante el tribunal del Banco Mundia (BM) surgió "el contrato que se encontraba tapado por parte de Marsans, que ligaba al fondo buitre Burford con Marsans" y un estudio jurídico local.
"El Grupo Burford es el que patrocina monetariamente el procedimiento ante el CIADI" y el convenio suscripto entre ellos establece que además si el juicio termina favoreciendo a Marsans, Burford podría recibir el pago que debería afrontar el Estado nacional.
La funcionaria explicó que ante esa situación, en la que "se están burlando del CIADI, se ha puesto en conocimiento a la Justicia argentina para salvaguardar los intereses del Estado".
Por su parte, Gonella aseguró que "Argentina no le debe sino que reclama a Marsans más de un millón de dólares" porque transfierió al fondo Burford un convenio que perdió efecto cuando la empresa se presentó en quiebra.
Gonella explicó que según el intercambio de información "se han falseado instrumentos públicos en el proceso ante el CIADI de manera fraudulenta para perjudicar al Estado".
La denuncia se produjo ante el posible fraude en la gestión de Aerolíneas Argentinas y Austral cuando las compañías eran gestionadas por el grupo español Marsans, el que suscribió un contrato que lo vincula con el fondo buitre Burford y con un estudio jurídico argentino para que lo patrocine ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en la expropiación de la línea de bandera.
La Procuradora del Tesoro recordó que el Grupo se presentó a reclamar ante el CIADI "alegando perjuicios que habían sufrido, tratando de injusta la expropiación" producida en 2008 y por la que reclama unos 1.400 millones de dólares.
Pero la funcionaria consideró que ese grupo "es deudor de la Argentina" ya que "por haber dejado en situación ruinosa" a Aerolíneas, el Estado nacional "tuvo que realizar inversiones". Por ello planteó al CIADI "reconvertir la demanda por 1.400 millones de dólares".
Abbona explicó que durante el procedimiento ante el tribunal del Banco Mundia (BM) surgió "el contrato que se encontraba tapado por parte de Marsans, que ligaba al fondo buitre Burford con Marsans" y un estudio jurídico local.
"El Grupo Burford es el que patrocina monetariamente el procedimiento ante el CIADI" y el convenio suscripto entre ellos establece que además si el juicio termina favoreciendo a Marsans, Burford podría recibir el pago que debería afrontar el Estado nacional.
La funcionaria explicó que ante esa situación, en la que "se están burlando del CIADI, se ha puesto en conocimiento a la Justicia argentina para salvaguardar los intereses del Estado".
Por su parte, Gonella aseguró que "Argentina no le debe sino que reclama a Marsans más de un millón de dólares" porque transfierió al fondo Burford un convenio que perdió efecto cuando la empresa se presentó en quiebra.
Gonella explicó que según el intercambio de información "se han falseado instrumentos públicos en el proceso ante el CIADI de manera fraudulenta para perjudicar al Estado".
