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Tras la polémica remoción del juez Luis María Cabral de la Cámara de Casación, este miércoles (01/07) prestaron juramento dos magistrados subrogantes afines al kircherismo. Se trata de Norberto Federico Frontini y Roberto José Boico. Según la oposición, se trata de una maniobra más del Gobierno nacional para "incidir sobre el resultado de las investigaciones" que comprometen a los funcionarios K.
(Urgente24) La Sala I de la Cámara de Casación sumó este miércoles (01/07) a dos jueces subrogantes, tras el escándalo por la remoción del juez Luis María Cabral de la misma en la sesión del Consejo de la Magistratura la semana pasada.
Así, hoy prestaron juramento los jueces subrogantes Norberto Federico Frontini y Roberto José Boico. La decisión de que lo hicieran fue tomada ayer por el plenario de la Cámara de Casación.
Así, hoy prestaron juramento los jueces subrogantes Norberto Federico Frontini y Roberto José Boico. La decisión de que lo hicieran fue tomada ayer por el plenario de la Cámara de Casación.
Frontini y Boico fueron designados por el Consejo de la Magistratura -con mayoría K- en la misma sesión que se decidió la remoción de Cabral, y su reemplazante, Claudio Vázquez, fue quien le tomó juramento.
La jura se realizó en medio de los cuestionamientos por la conformación de la Cámara de Casación Penal, que deberá decidir sobre la constitucionalidad o no del memorándum de entendimiento entre Irán y la Argentina por el atentado contra la AMIA.
Cabe destacar que tanto Boico como Frontini están vinculados con el kirchnerismo. El primero es cercano a la titular de Madres, Hebe de Bonafini, mientras que el segundo al ministro de Justicia,Julio Alak.
La oposición había cuestionado dichos nombramientos, no sólo por su vínculo con el kirchnerismo, sino porque, consideran, ambos jueces carecen de los antecedentes profesionales necesarios para ocupar un cargo en el más alto tribunal penal de la Argentina.
Al respecto, escribió Patricia Bullrich en una columna de opinión publicada hoy en La Nación:
"(...) La recientemente sancionada ley que regula el elección de magistrados subrogantes confirma que el sometimiento de la justicia penal es un objetivo prioritario de la administración que se retira.
En virtud de esta ley, el Consejo de la Magistratura, uno de los órganos más vapuleados por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, puede nombrar jueces por fuera del proceso de designación constitucional en todas las jurisdicciones donde el Gobierno tenga la voluntad de incidir sobre el resultado de las investigaciones. En la práctica, esto significa que sólo siete consejeros afines al llamado proyecto nacional y popular pueden ofrecerle al Gobierno la justicia penal que le resulta más propicia.
En virtud de esta ley acaba de ser desplazado, sin mayores fundamentos, Luis Cabral, juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que se encontraba resolviendo ni más ni menos que sobre la legalidad del cuestionado memorándum firmado por la Argentina e Irán, que ya produjo trágicas consecuencias.
(...)
Todo esto es signo de barbarie: no sólo se trata del apartamiento intempestivo de un juez, sino también de la conformación de una sala entera de Casación con jueces subrogantes manifiestamente comprometidos con el Gobierno, como Claudio Vázquez, Roberto Boico y Norberto Frontini, quienes carecen de los antecedentes profesionales necesarios para ocupar un cargo en el más alto tribunal penal de la Argentina. La proximidad de estos nuevos subrogantes con Julián Álvarez, Eduardo Barcesat y Raúl Zaffaroni, respectivamente, permiten suponer que votarán de acuerdo a las órdenes de la Casa Rosada.
Estos tres nuevos jueces subrogantes, junto con los jueces Ana María Figueroa, Pedro David, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, y los fiscales Javier de Luca y Gabriela Baigún, conforman el equipo que representa, en Casación, el ideario del movimiento kirchnerista Justicia Legítima.
El Gobierno ha dejado en claro que impulsa un programa sistemático para cubrir importantes juzgados y fiscalías federales del país con subrogantes adictos con pobres antecedentes profesionales, violando la garantía constitucional de juez natural.
Esto echará por tierra el necesario resguardo republicano de una justicia penal imparcial, independiente e idónea".
