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La gigantesca red de sobornos ligados a la política brasileña que le costó más de 2.000 millones de dólares a Petrobras y el escándalo de la FIFA que salpica a empresarios y dirigentes por los millonarios derechos de televisación de las Copas Libertadores ponen sobre la mesa un hecho inédito a nivel planetario: la Justicia ahora puso la lupa en los empresarios.
Es que la corrupción es un delito de dos. Requiere copartícipes. Si hay un funcionario estatal o de una organización que recibe el soborno, hay alguien que se lo paga. Esta lectura simple, conocida y consagrada en la legislación de todos los países democráticos no solía traducirse en hechos tangibles. Los corruptos siempre son los políticos... ahora también lo son los empresarios. Y lo son, en muchas ocasiones, a pesar de la política.
Hoy, en una operación que incluyó a 220 efectivos, las fuerzas de seguridad brasileñas realizaron arrestos en San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais (sudeste del país) y en Rio Grande do Sul (sur), entre los que estuvieron el de Marcelo Odebrecht, al frente de la firma que lleva su apellido, y el de Otávio Azevedo, jefe del conglomerado Andrade Gutierrez. Los empresarios en cuestión representan a dos gigantes de la construcción que trabajan en la infraestructura olímpica de Río 2016, pero cayeron por el escándalo de corrupción en Petrobras.
Brasil es un exponente de este cambio de paradigma que está en marcha. La "explosión" de la estatal petrolera lanzó esquirlas tan dañinas que ni los intereses de la política pudieron ocultar. El fraude en Petrobras se estructuró en torno a un "club" de empresas que amañó licitaciones para adjudicarse obras contratadas por la estatal entre 2004 y 2014. Según confesaron algunos investigados, los sobornos pagados para obtener las concesiones fueron destinados a financiar partidos políticos y a engrosar fortunas personales de los involucrados.
Esta nueva fase de la Operación Lava Jato ('lavadero de autos'), que reveló una gigantesca red de sobornos ligados a la política que le costó más de 2.000 millones de dólares a Petrobras, investiga los delitos de "formación de cártel, fraude en licitaciones, corrupción, desvío de fondos públicos y lavado de dinero"... Los mismos que se le imputan a los empresarios argentinos, brasileños y estadounidense vinculados al escándalo de la FIFA que indaga la Justicia de EEUU y que las Justicias locales debieron replicar.
La imagen de la policía suiza intentando ocultar detrás de una sábana a los empresarios y dirigentes del fútbol mundial que habían sido arrestados por pedido de la implacable fiscal estadounidense Loretta Lynch es significativa. No hacía falta verlos esposados... todos sabían que un hecho inédito, uno bisagra, acababa de producirse. En el caso FIFA, como en Brasil, ya no es gratuito delinquir, aun cuando el protagonista sea empresario.
EL FRAUDE EN PETROBRAS SE ESTRUCTURÓ EN TORNO A UN "CLUB" DE EMPRESAS QUE AMAÑÓ LICITACIONES PARA ADJUDICARSE OBRAS CONTRATADAS POR LA ESTATAL ENTRE 2004 Y 2014
El estallido de la crisis de Petrobras expuso a las principales empresas de infraestructura de Brasil por su actuación en las obras que licitaba la petrolera, principal inversora del país. Sus problemas arrastran, a su vez, a cientos de proveedores de menor escala.
Uno de los cimientos de este cambio de paradigma es también simple y conocido: la división de poderes. En Brasil, después de decenas de jornadas de protesta callejera, el test de independencia por fin dio positivo. El mayor caso de corrupción en la historia del gigante sudamericano motivó numerosas causas en la apertura de investigaciones a 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones, sospechosos de haber participado en la trama de pago de sobornos a cambio de contratos en la estatal. Entre los acusados de corrupción y lavado de dinero está el ahora ex tesorero del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) Joao Vaccari, que está arrestado desde abril.
Pero los casos en Brasil y FIFA son sólo la punta de lanza. Un juez de Honduras dictó prisión preventiva para Luis Shucry Kafie, un importante empresario del sector de energía, involucrado en el peor escándalo de corrupción en dos décadas en el estatal sistema de seguridad social en el que se desfalcó unos 200 millones de dólares.
En Panamá, el empresario Cristóbal Salerno devolvió al Estado 20,69 millones de dólares que había recibido su empresa de forma irregular durante el tiempo que prestó el servicio de cobro de impuestos morosos durante la presidencia de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Estados Unidos también develó un escándalo en Colombia. Joseph Sigelman, ex presidente de PetroTiger, se declaró culpable de sobornar a funcionarios de Ecopetrol para quedarse con contratos petroleros en Colombia.
En Perú, se investiga al empresario Martín Belaunde Lossio por amañar dos contratos de electrificación en la provincia de Catache, en Cajamarca, por 7,8 millones de soles (2,5 millones de dólares).
En Venezuela, los empresarios están en la mira... pero desde otro ángulo. Para el régimen de Maduro son los culpables del desastre económico que atraviesa el país (la inflación trepó al 70% anual el año pasado, hay niveles de desabastecimiento insostenibles y una creciente inseguridad), por lo que sí son perseguidos por la Justicia; pero por una Justicia copada por el gobierno chavista y sin ningún poder de decisión.
En Argentina, por ejemplo, donde el papel de la Justicia está en constante discusión, hay muchas causas abiertas en las que empresarios, generalmente vinculados al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, están en la mira. En un contexto electoral, aún es incierto el desenlace de esas causas.
El cambio de paradigma comenzó. Los empresarios también están en la mira.
