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Ayer por la tarde las usinas cristinistas lanzaron la versión de que, en una reunión que mantuvieron anteayer Sandra Arroyo Salgado, Viviana Fein y Fabiana Palmaghini, la primera habría deslizado que el fiscal fue asesinado por una deuda de una importante suma de dinero que arrastraba de tiempo atrás. La versión se esparció a través de diversos canales de noticias que juegan para el gobierno, que colocaron la supuesta información en los zócalos de los programas. Durante varias horas la confusión volvió a imponerse en el caso Nisman, como si fueran pocas las operaciones sucias de los personeros del gobierno. A todo esto, se agrega que Arroyo Salgado tiene un pasado que la condena por jugar fuerte para el kirchnerismo. Por ejemplo, secuestró las prendas íntimas de Marcela Noble, la hija de la dueña de Clarín, que ahora sufre otro ataque del gobierno a través del flamante fiscal Leandro Gómez Barbella, quien acaba de pedir el llamado a declaración indagatoria de los accionistas de Clarín y La Nación Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá, Laura Ernestina Herrera y Guillermo Juan Gainza Paz ante el juez Julián Ercolini. Éste es probable que, fiel a su estilo, se tome un largo tiempo para adoptar una resolución o bien desestime el pedido.
El ciberespionaje
La otra mancha grave de Arroyo Salgado es la causa que armó en el 2008 contra varios periodistas por un supuesto hackeo de mails a funcionarios, diplomáticos y figuras del espectáculo y en la cual implicó a Juan Bautista Yofre, Edgard Mainhard, Roberto García, el general Carlos Reimundez (ex secretario general del Ejército), etc. Esta operación claramente intimidatoria fue montada con todo el apoyo de Antonio Stiuso y su aparato de la Secretaría de Inteligencia, que también buscaba perseguir, en la misma causa, al ex agente de ese organismo y luego de la PSA Iván Velazquez, hoy exiliado en Montevideo. Pese a estas dos manchas en su carrera, la jueza ahora querella en representación de sus hijas y declaró que se cometió un magnicidio con su ex marido. Como buen detective, sacude el árbol para que salten algunas manzanas, es decir, no acusa a Diego Lagomarsino de ser el asesino pero cree que el perito informático tenía las llaves del departamento del fiscal y que esa situación lo hacía vulnerable para los asesinos que produjeron el magnicidio.
Si Lagomarsino tenía llaves, la guardia de Le Parc lo debería haber visto de haber ingresado el día de la muerte de Nisman. Lo del préstamo de la pistola Bersa a Nisman sigue siendo un punto oscuro. También pudo ocurrir que los asesinos lo amenazaran a Lagomarsino para que los llevara con ellos y, cuando Nisman le abrió la puerta, los sicarios entraron con el y lo asesinaron. Los mismos podrían haber amenazado a Lagomarsino con las consecuencias de ser el propietario de la pistola. Según esta tesis, le podrían haber ordenado que el lunes se presentara e inventara la historia de que Nisman le pidió prestada la 22 y lo mismo ocurriría con el principal Benítez, que confirmó esa coartada. Así las cosas, ahora se espera la reunión de los peritos oficiales y los de la querella para llegar a una conclusión sobre la data de muerte y cómo se llevó a cabo el asesinato.
