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(EFE Dow Jones)--El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, pidió el martes permiso a la Corte Suprema para investigar a varios políticos en relación con el escándalo de corrupción en el que está envuelta Petroleo Brasileiro SA PBR -3.28% .
Janot pidió permiso para abrir 28 investigaciones que afectarían a 54 personas, según un portavoz de la Fiscalía del Estado. Se prevé que el Tribunal Supremo tome una decisión en los próximos días sobre si autoriza las investigaciones y sobre si se puede desvelar el nombre de los sospechosos. Esta decisión pondría fin a meses de especulaciones sobre qué políticos podrían supuestamente haber aceptado dinero de forma ilegal en los presuntos casos de corrupción.
El efecto político podría ser dañino para la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Si bien ella no se ha visto implicada en el escándalo, el testimonio de varios sospechosos que ya están bajo custodia policial sugiere que hay miembros de su Partido de los Trabajadores y algunos de sus aliados que sí podrían verse involucrados en el asunto. Esto podría lastrar la ya de por sí decreciente popularidad de Rousseff, envalentonar a la oposición y complicar la gestión del Gobierno.
Rousseff y el Partido de los Trabajadores han reiterado en varias ocasiones su inocencia.
Los fiscales federales aseguran que grandes constructoras brasileñas conspiraron durante años para inflar los precios de los contratos con Petrobras, sobornando con esos ingresos ilícitos a políticos, partidos y exdirectivos de la petrolera. Se han presentado cargos por corrupción y blanqueo de capitales contra 87 sospechosos, a los que se acusa de haberse llevado unos 2.100 millones de reales (US$734 millones).
Los constructores han negado las acusaciones y también lo han hecho algunos exejecutivos de Petrobras. Al menos dos antiguos altos cargos de la petrolera han aceptado un acuerdo con el fiscal. Según transcripciones de sus testimonios que se han filtrado a la prensa local, estos acusados han implicado en el escándalo a docenas de políticos.
Petrobras ha anunciado que está colaborando con las autoridades.
La ley brasileña concede trato especial a las autoridades de alto nivel, cuyos casos deben ser tratados por la Corte Suprema. El máximo órgano de justicia es también el único que puede autorizar investigaciones sobre estos individuos.
No todas las 54 personas que serían investigadas si se autoriza la solicitud del fiscal general gozan de una posición de privilegio, explicó el portavoz de la Fiscalía General.
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