Entradas
Esta semana el oficialismo avanzará con los primeros borradores para una reforma integral de la ley nacional de inteligencia, tema que podría estar presente en la apertura de las sesiones legislativas, en el mes de marzo.
Los primeros pasos al respecto se dieron bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, que en los hechos conduce Sergio Berni, y en los próximos días sucederá lo mismo con la cartera de Justicia y desde la nueva conducción de la SIDE, informó hoy el diario Ambito Financiero, explicando que la naturaleza de los primeros bosquejos coloca el acento en las instancias de intermediación entre los juzgados federales y el mundo del espionaje.
El proyecto, que tendrá su base en la actual ley de inteligencia, aparece como un correlato de la aprobación del nuevo organigrama de la SIDE, que ese diario adelantara la semana pasada.
Las nuevas disposiciones, entienden en el Gobierno, incidirán en lo formal, pero más que una cuestión de jerarquías, el núcleo duro de la discusión será por las atribuciones y las competencias formales de la SIDE.
Más allá de las anécdotas y de los comunicados de tinte pomposo, los gobernadores confluyeron en que la prioridad debe ser neutralizar a aquellos funcionarios de la SIDE removidos por Oscar Parrilli.
En una de esas reuniones se recordó el caso del exgobernador rionegrino Carlos Soria, que fue el jefe de la SIDE de Eduardo Duhalde y uno de los últimos hombre de extracción política peronista que hizo un intento por abarcar todas las realidades de ese organismo.
La tarea fue casi imposible y Soria debía estar pendiente de desarticular operaciones en su contra, como cuando lo convencieron de que las FARC colombianas estaban por atacar el territorio nacional, recuerda ese medio, agregando que un caso similar al de Soria fue el de Fernando de Santibañes durante su paso por la SIDE en la administración de Fernando de la Rúa.
En sucesivas ocasiones recordó que la ley de inteligencia actual se votó durante ese Gobierno como una consecuencia de los atentados terroristas de 2001 y por lo tanto más enmarcada en la urgencia que en el pragmatismo duro.
En ese proceso judicial se recordó también que al día siguiente de la promulgación de la ley (3 de diciembre de 2001) la Casa Rosada debió ser evacuada por una amenaza de bomba.
La experiencia en torno a la redacción de la ley es ahora revisada por el oficialismo, especialmente porque es la misma norma que además de darle a la SIDE rango de ministerio y eliminar la inteligencia interna en las Fuerzas Armadas -entre otras variantes-, reglamentó el ordenamiento de escuchas telefónicas por parte de jueces y estableció que las escuchas que estuvieran indebidamente ordenadas se constituían como material de acusación ante la Justicia federal (de ahí la causa de las supuestas escuchas ilegales en el Gobierno porteño que instruyó el juez Norberto Oyarbide y cuyas falencias se detectaron apenas Sebastián Casanello tomó el control del expediente).
La norma estableció además, a partir de una recomendación del Departamento de Estado en Washington, el control de los gastos del organismo por parte de una comisión legislativa, que es la por estos días tan mencionada bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia.
Todas las miradas se vuelcan hacia la oficina de la SIDE que se encarga de proceder en las intervenciones ordenadas por los jueces federales.
En el oficialismo entienden que es vital que esa capacidad sea retirada del organismo para ser transferida a la autoridad política y que a su vez esté sometida a procesos de auditoría concretos.
Esta innovación, sostiene Ambito Financiero, no será bien recibida por parte de los jueces y automáticamente será identificada como otro nivel en la escalada del oficialismo contra el fuero federal, donde la tesis que predomina es que la oficina de las pinchaduras telefónicas debería estar bajo el control del Poder Judicial, concretamente en la órbita de la Corte Suprema de Justicia.
Así como las últimas acciones del fiscal Alberto Nisman dieron letra a los sectores judiciales más distantes del kirchnerismo para poner en duda el poder que tendrían los fiscales de consolidarse el modelo acusatorio (la primera señal la dio Rodolfo Canicoba Corral), la trama sobre espías y falsos espías involucrados en la pericia del fiscal tendrá el mismo efecto en el momento de embestir contra cualquier tipo de injerencia del Ejecutivo en funciones de inteligencia relativas a los casos más estruendosos para la arena política.
Estados Unidos y algunos países europeos ofrecen caminos intermedios, como el hecho de que las intervenciones son ordenadas desde los juzgados pero realizadas obligatoriamente no por servicios de inteligencia sino por las fuerzas policiales de alcance federal.
Estas alternativas en los próximos días será analizadas a fondo para un documento que podría tomar estado prioritario por sobre asuntos anteriores a la muerte del fiscal Nisman, como los cuatro proyectos que debían reglamentar el nuevo sistema acusatorio.
El proyecto, que tendrá su base en la actual ley de inteligencia, aparece como un correlato de la aprobación del nuevo organigrama de la SIDE, que ese diario adelantara la semana pasada.
Las nuevas disposiciones, entienden en el Gobierno, incidirán en lo formal, pero más que una cuestión de jerarquías, el núcleo duro de la discusión será por las atribuciones y las competencias formales de la SIDE.
Más allá de las anécdotas y de los comunicados de tinte pomposo, los gobernadores confluyeron en que la prioridad debe ser neutralizar a aquellos funcionarios de la SIDE removidos por Oscar Parrilli.
En una de esas reuniones se recordó el caso del exgobernador rionegrino Carlos Soria, que fue el jefe de la SIDE de Eduardo Duhalde y uno de los últimos hombre de extracción política peronista que hizo un intento por abarcar todas las realidades de ese organismo.
La tarea fue casi imposible y Soria debía estar pendiente de desarticular operaciones en su contra, como cuando lo convencieron de que las FARC colombianas estaban por atacar el territorio nacional, recuerda ese medio, agregando que un caso similar al de Soria fue el de Fernando de Santibañes durante su paso por la SIDE en la administración de Fernando de la Rúa.
En sucesivas ocasiones recordó que la ley de inteligencia actual se votó durante ese Gobierno como una consecuencia de los atentados terroristas de 2001 y por lo tanto más enmarcada en la urgencia que en el pragmatismo duro.
En ese proceso judicial se recordó también que al día siguiente de la promulgación de la ley (3 de diciembre de 2001) la Casa Rosada debió ser evacuada por una amenaza de bomba.
La experiencia en torno a la redacción de la ley es ahora revisada por el oficialismo, especialmente porque es la misma norma que además de darle a la SIDE rango de ministerio y eliminar la inteligencia interna en las Fuerzas Armadas -entre otras variantes-, reglamentó el ordenamiento de escuchas telefónicas por parte de jueces y estableció que las escuchas que estuvieran indebidamente ordenadas se constituían como material de acusación ante la Justicia federal (de ahí la causa de las supuestas escuchas ilegales en el Gobierno porteño que instruyó el juez Norberto Oyarbide y cuyas falencias se detectaron apenas Sebastián Casanello tomó el control del expediente).
La norma estableció además, a partir de una recomendación del Departamento de Estado en Washington, el control de los gastos del organismo por parte de una comisión legislativa, que es la por estos días tan mencionada bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia.
Todas las miradas se vuelcan hacia la oficina de la SIDE que se encarga de proceder en las intervenciones ordenadas por los jueces federales.
En el oficialismo entienden que es vital que esa capacidad sea retirada del organismo para ser transferida a la autoridad política y que a su vez esté sometida a procesos de auditoría concretos.
Esta innovación, sostiene Ambito Financiero, no será bien recibida por parte de los jueces y automáticamente será identificada como otro nivel en la escalada del oficialismo contra el fuero federal, donde la tesis que predomina es que la oficina de las pinchaduras telefónicas debería estar bajo el control del Poder Judicial, concretamente en la órbita de la Corte Suprema de Justicia.
Así como las últimas acciones del fiscal Alberto Nisman dieron letra a los sectores judiciales más distantes del kirchnerismo para poner en duda el poder que tendrían los fiscales de consolidarse el modelo acusatorio (la primera señal la dio Rodolfo Canicoba Corral), la trama sobre espías y falsos espías involucrados en la pericia del fiscal tendrá el mismo efecto en el momento de embestir contra cualquier tipo de injerencia del Ejecutivo en funciones de inteligencia relativas a los casos más estruendosos para la arena política.
Estados Unidos y algunos países europeos ofrecen caminos intermedios, como el hecho de que las intervenciones son ordenadas desde los juzgados pero realizadas obligatoriamente no por servicios de inteligencia sino por las fuerzas policiales de alcance federal.
Estas alternativas en los próximos días será analizadas a fondo para un documento que podría tomar estado prioritario por sobre asuntos anteriores a la muerte del fiscal Nisman, como los cuatro proyectos que debían reglamentar el nuevo sistema acusatorio.
nosis
