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Posiblemente el caso Nisman –su denuncia y posterior muerte– sea el hecho que ha tenido más repercusión internacional en los casi doce años de gobierno del Kirchnerismo.
Ello se entiende porque está vinculado al terrorismo fundamentalista islámico, que hoy es el conflicto de seguridad internacional que ocupa el centro de atención, lo que mediáticamente está reforzado por el reciente atentado de París.
Como ejemplo, el New York Times ha llegado a plantear que un equipo internacional debe hacerse cargo de la investigación para garantizar su eficacia, legisladores estadounidenses han llegado a proponer que se apliquen a los funcionarios argentinos sanciones como las que se han impuesto a funcionarios rusos por la anexión de Crimea; las Naciones Unidas han planteado la necesidad de una investigación rápida e independiente.
El origen del caso se remonta más de dos décadas atrás: los atentados terroristas suicidas contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 contra la mutual judía AMIA en 1994.
Desde el punto de vista internacional, la investigación de este último ha tenido tres etapas.
En la primera, que se inicia en la primera presidencia de Menem y se prolonga hasta la Presidencia de Kirchner durante una década, la Argentina acusa por ambos hechos a Hezbollah, la milicia del Islam chiíta que, con base en el sur del Líbano, opera desde Palestina contra Israel. La Argentina pedía entonces vía Interpol, la captura del jefe de operaciones de Hezbollah, Imad Muhniyad (entre otros). a quien acusaba de participar en la organización de los dos atentados. Muere en Damasco (la capital de Siria) en un atentado explosivo en febrero de 2008, que su organización adjudicó a servicios de inteligencia israelíes.
En la segunda etapa, con Kirchner en la Presidencia, la investigación por el atentado de la AMIA gira y se enfoca en Irán y su gobierno como responsable del atentado.
El fiscal Nisman es designado para hacerse cargo de la causa y un equipo de la Secretaría de Inteligencia es asignado para trabajar con él. Su acusación –de casi 1.000 páginas– concreta el nuevo enfoque.
Este giro en la acusación es elogiado por EE.UU e Israel, que veían a Irán, la potencia del Islam chiíta en Medio Oriente, como la grave amenaza por su proyecto nuclear.
En esta segunda etapa los acusados son funcionarios de Irán. Uno de ellos es el ministro de Defensa del entonces Presidente Ahmadinejad, quien tuvo que interrumpir una visita a Bolivia que estaba en desarrollo, ante la posibilidad de que fuera detenido por Interpol por la acusación argentina. Tres de los iraníes acusados en esta etapa fueron condenados en Alemania a fines de los noventa por el ‘atentado de Mykonos’, como se conoce a la matanza de cuatro líderes kurdos iraníes en el restaurante de ese nombre en Berlín.
La tercera etapa se pone en marcha en la segunda Presidencia de Cristina Kirchner. En 2012 la Argentina cambia su política exterior respecto a Irán. Durante casi dos décadas la representación argentina abandonaba, junto con los delegados de los países occidentales y los del mundo árabe enfrentados con Irán, el recinto de la Asamblea de la UN cada vez que hablaba el Presidente iraní. Sin embargo, desde 2012 la Argentina pasó a estar presente durante el discurso con su delegación completa.
EE.UU e Israel criticaron el acuerdo con Irán y lo mismo hizo la mayor parte de la comunidad judía argentina. No obstante, el Congreso argentino aprueba el acuerdo pese a los reclamos de la oposición que no lo votó y el gobierno pagó un costo político importante. En 2014, la justicia federal de segunda instancia lo ha declarado inconstitucional.
Este cambio de actitud es la materia de la reciente denuncia del fiscal Nisman, la que finalmente precipitó su muerte.
Los tres enfoques diferentes del gobierno argentino en dos décadas en la acusación sobre el atentado de la AMIA muestran que Argentina ha estado jugando un tablero muy complejo, con dos países del Islam chiíta –como Irán y Siria– y la milicia de la misma fe que es quizás hoy la mayor amenaza para Israel (Hezbollah).
El acuerdo con Irán, quizás ha sido la acción de política exterior menos comprensible de Cristina Kirchner, ahora también puede ser la que le genera mayor costo político.
Rosendo Fraga
Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría
