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El kirchnerismo redobla la apuesta en su carga contra el juez federal Claudio Bonadio, que ordenó allanar la firma Hotesur, en la que tiene acciones la presidenta Cristina Kirchner y que administra el hotel Alto Calafate, propiedad de la mandataria y sus hijos. Después de la andanada de críticas en la que participó la propia Cristina, el senador Marcelo Fuentes presentó hoy una denuncia en la Justicia contra Bonadio, por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Ayer la Presidenta se defendió por las faltas cometidas y reconocidas por Hotesur –el atraso por años en la presentación de balances- diciendo que hay miles de empresas que cometen esas mismas irregularidades. Y aseguró que entre ellas se encuentra Mansue, dedicada a la venta de combustible y en la que, según dijo la mandataria, el 40% es de un hermano de Bonadio y un 20%, del propio juez.
Con esa misma información que Fuentes atribuyó explícitamente a noticias periodísticas publicadas ayer, el senador presentó una demanda contra el juez en los tribunales porteños de Comodoro Py.
“Sugestivamente, el accionista mayoritario es un familiar directo suyo, Carlos Alberto Bonadio, quien posee el 40 por ciento de la empresa, junto a Fernando y Alejandro Climent que completan el paquete accionario con un 20 por ciento cada uno”, detalló el legislador.
Según la denuncia, Bonadio no podría formar parte de la sociedad porque el reglamento para la Justicia Nacional no les permite a los magistrados ejercer comercio o actividad lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de superintendencia, en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
En la presentación se destaca que de acuerdo a las noticias que tomaron estado público, la firma en la que sería accionista Bonadio no habría presentado los balances correspondientes a los años 2011 y 2012 ante la Inspección General de Justicia. Es la misma falta que reconoció Hotesur (para los últimos cuatro años) y que el secretario de Justicia, Julián Álvarez, calificó como menos grave que cruzar un semáforo en rojo, aunque dijo que la empresa de la presidenta deberá pagar $ 3.000 de multa.
Fuentes sostuvo que “al desconocerse por ende el estado financiero de la empresa, tampoco resulta posible efectuar un certero y completo análisis de la evolución patrimonial del magistrado” y pidió que se lleve adelante una profunda investigación en relación a la evolución patrimonial de Bonadio a efectos de determinar si pudo haber existido un incremento no justificado en su situación económica. En la denuncia se solicita también, entre otras medidas, que se le dé intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) frente a la posible comisión del delito de lavado de dinero.
