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Se desarrolla en Nueva York la audiencia con fondos buitre convocada de urgencia por el juez, que se manifestó "consternado" por esa aclaración sobre la iniciativa de cambiar el lugar de pago de los bonos.
Comenzó la audiencia convocada por el juez de Nueva York Thomas Griesa luego de que el fondo buitre NML, de Paul Singer, pidiera una reunión de urgencia después de que el gobierno argentino anunciara un proyecto para que los bonistas del canje puedan cambiar sus bonos de jurisdicción norteamericana por títulos de ley argentina.
NML argumenta que, con el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso, la Argentina intenta eludir las órdenes del juzgado de Griesa y pidió, por eso, que el país se considerado en “desacato”.
En el primer tramo del encuentro, según trascendió, el estudio representante del gobierno argentino Cleary aclaró ante el magistrado que desconocía de antemano la iniciativa presentada por Cristina Kirchner para cambiar la sede de pago de los bonos reestructurados, ante lo cual el magistrado se mostró "consternado", y sostuvo que la movida argentina se mantuvo "fuera de la ley".
Ayer por la mañana, en una extensa conferencia de prensa, el ministro de Economía, Axel Kicillof, aclaró que el proyecto de ley no propone un canje compulsivo de bonos que implique un cambio de jurisdicción ni de lugar de cobro obligado. "El Poder Ejecutivo presenta una propuesta de canal de pago que nosotros consideramos que está a salvo de obstrucciones”, dijo sobre la designación de Nación Fideicomisos como agente fiduciario en reemplazo del Bank of New York (BONY).
Además de cambiar al BONY por Nación Fideicomisos, el proyecto plantea a los bonistas un canje voluntario por títulos de legislación argentina y deja abierto el canje de deuda para el 7,6% que no ingresó en las ediciones 2005 y 2010. Esto ocurrirá a partir del 30 de septiembre, cuando vencen u$s 190 millones. Los u$s 539 millones retenidos en el BONY quedarán allí, porque Argentina considera que "ya pagó".
Expertos y representantes de fondos de inversión plantearon dudas sobre la viabilidad de la iniciativa. Por un lado, tenedores institucionales de bonos reestructurados estarían imposibilitados de renunciar a la jurisdicción Nueva York. Por otro, las propias órdenes de Griesa podrían hacer que los agentes de pago pongan sus propias trabas para dar la información que les pediría la Argentina.
Los fondos buitre consideran que el proyecto implica un intento para no cumplir con los fallos que ya están firmes en la Justicia norteamericana. A la par del pedido de NML a Griesa, el fondo Aurelius emitió ayer un comunicado en el que, con el mismo argumento, calificó al Gobierno de “forajido”.
